RECURSO DE CASACION.-

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 814.-

FECHA: 16.07.2012.-

SALA: PENAL.-

MINISTRO PREOPINANTE: Sindulfo Blanco.-

VOTO DE LA MAYORÍA: Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta de Correa y Luis María Benítez Riera.-

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN:

Admisibilidad: El recurso fue declarado inadmisible por unanimidad.-

Procedencia: El recurso fue declarado improcedente por inadmisible.-

Cuestión debatida: El fallo impugnado, si bien es una sentencia definitiva, proveniente de un tribunal de apelación, no se encuadra dentro del objeto precedentemente trascripto, porque declara la nulidad de la sentencia definitiva de primera instancia, y dispone el REENVÍO para la realización de un nuevo juicio oral y público. En efecto, el criterio para interpretar cuáles son las resoluciones recurribles ante esta instancia extraordinaria debe ser restringido, pues cuando el legislador indicó los supuestos contenidos en la normativa, quiso que sólo fueran objeto del recurso de casación aquellas resoluciones que el propio legislador definió en el texto. En este caso la resolución contra la que el recurrente dedujo su presentación no es susceptible de ser impugnada por la vía del recurso de casación.-

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. Admisibilidad.

En este contexto, la inadmisibilidad es una sanción procesal que consiste en la imposibilidad jurídica de que un acto ingrese al proceso, debido a su irregularidad formal, por inobservancia de una expresa disposición legal.-

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. Requisitos de admisibilidad.

Los aspectos sobre los que debe recaer el examen de admisibilidad son los siguientes: a) Que la resolución impugnada sea recurrible (impugnabilidad objetiva); b) Que quien interponga el recurso tenga “derecho”, es decir, que el sujeto esté legitimado para recurrir por tener interés directo en la impugnación y capacidad legal para interponerlo con relación al agravio que la resolución le ocasiona (impugnabilidad subjetiva); y, c) Que concurran los requisitos formales de modo, lugar y tiempo que deben rodear al acto de interposición del recurso.-

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. Reposición.

El Tribunal de Alzada al ordenar la reposición para la realización de un nuevo juicio, no tuvo por efecto poner fin al procedimiento, al contrario, el procedimiento penal continúa. En este sentido, en el sistema penal vigente la exigencia de un juicio penal oral, público, contradictorio y continuo implica: 1) la interdependencia de todas las reglas que regulan la publicidad de los actos del debate, 2) la intervención personal en él de todos los sujetos que participan en el procedimiento, 3) la oralidad y continuidad de sus actos, 4) la concentración en una audiencia, y 5) la obligación de que la sentencia se funde en los actos del debate y de que sea dictada por los jueces que participan en él. Es por eso que se afirma que el período procesal del juicio oral y público está reglado por la máxima formal que pretende establecer una unidad entre el debate y la sentencia.-

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. Reenvío.

En este contexto, la resolución que dispone el reenvío para la reposición de un nuevo juicio por otro Tribunal, no provoca gravamen irreparable, ya que el Juicio Oral y Público está ensamblado procesalmente dentro de una amplia garantía, conforme las reglas del debido proceso y la defensa en juicio, por lo que la resolución atacada no causa gravamen irreparable al recurrente.-

EXPEDIENTE: “RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS OSVALDO GRANADA SALLABERRY Y LUIS ALBERTO BERTON PLANAS EN LA CAUSA: “R.E.B. de R. s/ ESTAFA Y PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS”.-

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 814

1) El recurso extraordinario de casación fue interpuesto por los Abogados Osvaldo Sallaberry y Luis Alberto Berton, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 58 de fecha 08 de noviembre de 2011, dictado por el Tribunal de Apelación Primera Sala de la Capital. En este sentido, en la causa penal seguida a R.T., el Tribunal de Sentencia Colegiado integrado por los Jueces Abog. Blanca Irene Gorostiaga como Presidenta Abog. Eva María Witte de Rivas y Abog. Ramón Cabriza, dictaron la S.D. N° 132 de fecha 14 de junio de 2011, resolución mediante la cual resolvió: “…4- ABSOLVER DE CULPA Y PENA al R.E.B.T. de R. ”.-

2) La decisión del inferior fue ANULADA por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná por medio del Acuerdo y Sentencia Nº 58 de fecha 08 de noviembre de 2011, disponiendo: ordenando el REENVÍO para la realización de un nuevo juicio.-

3) En este sentido, el recurrente impugna por la vía en estudio la resolución recaída en segunda instancia. En primer lugar es facultad de esta Sala Penal pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso planteado, a fin de determinar si procede el estudio del fondo de la cuestión sometida a consideración.-

4) A tal efecto, deben ser analizadas las disposiciones contenidas en los artículos 477, 478, 480 y 468 del Código Procesal Penal, los cuales consagran las condiciones genéricas de interposición del recurso de casación, estableciendo expresamente la conminación de inadmisibilidad, la que se hará efectiva cuando el acto se cumpla en violación a los requisitos formales o a su contenido. En este contexto, la inadmisibilidad es una sanción procesal que consiste en la imposibilidad jurídica de que un acto ingrese al proceso, debido a su irregularidad formal, por inobservancia de una expresa disposición legal.-

5) Los aspectos sobre los que debe recaer el examen de admisibilidad son los siguientes: a) Que la resolución impugnada sea recurrible (impugnabilidad objetiva); b) Que quien interponga el recurso tenga “derecho”, es decir, que el sujeto esté legitimado para recurrir por tener interés directo en la impugnación y capacidad legal para interponerlo con relación al agravio que la resolución le ocasiona (impugnabilidad subjetiva); y, c) Que concurran los requisitos formales de modo, lugar y tiempo que deben rodear al acto de interposición del recurso.-

6) Con relación a la IMPUGNABILIDAD OBJETIVA, el Art. 477 del Código Procesal Penal establece: “Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las Sentencias Definitivas del Tribunal de Apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”. De esta forma el artículo citado delimita el objeto del recurso de casación.-

7) El fallo impugnado, si bien es una sentencia definitiva, proveniente de un tribunal de apelación, no se encuadra dentro del objeto precedentemente trascripto, porque declara la nulidad de la sentencia definitiva de primera instancia, y dispone el REENVÍO para la realización de un nuevo juicio oral y público. En efecto, el criterio para interpretar cuáles son las resoluciones recurribles ante esta instancia extraordinaria debe ser restringido, pues cuando el legislador indicó los supuestos contenidos en la normativa citada (Art. 477) quiso que sólo fueran objeto del recurso de casación aquellas resoluciones que el propio legislador definió en el texto. En este caso la resolución contra la que el recurrente dedujo su presentación no es susceptible de ser impugnada por la vía del recurso de casación.-

8) El Tribunal de Alzada al ordenar la reposición para la realización de un nuevo juicio, no tuvo por efecto poner fin al procedimiento, al contrario, el procedimiento penal continúa. En este sentido, en el sistema penal vigente la exigencia de un juicio penal oral, público, contradictorio y continuo implica: 1) la interdependencia de todas las reglas que regulan la publicidad de los actos del debate, 2) la intervención personal en él de todos los sujetos que participan en el procedimiento, 3) la oralidad y continuidad de sus actos, 4) la concentración en una audiencia, y 5) la obligación de que la sentencia se funde en los actos del debate y de que sea dictada por los jueces que participan en él. Es por eso que se afirma que el período procesal del juicio oral y público está reglado por la máxima formal que pretende establecer una unidad entre el debate y la sentencia.-

9) Por otra parte, el derecho a recurrir -a través del empleo de los diferentes remedios judiciales- no es un derecho sin condiciones, ya que tiene el límite del agravio (Artículo 449, primer párrafo). Si el sujeto que quiere recurrir no ha sufrido ningún agravio, no se le reconoce este derecho, porque el mismo no constituye un simple mecanismo disponible, sino un mecanismo destinado a dar satisfacción a un interés real y legítimo.-

10) En este contexto, la resolución que dispone el reenvío para la reposición de un nuevo juicio por otro Tribunal, no provoca gravamen irreparable, ya que el Juicio Oral y Público está ensamblado procesalmente dentro de una amplia garantía, conforme las reglas del debido proceso y la defensa en juicio, por lo que la resolución atacada no causa gravamen irreparable al recurrente.-

11) En conclusión: El fallo cuestionado es objetivamente no impugnable por vía de la casación, en razón de no cumplir con la requisitoria del Art. 477 del Código de Formas, en consecuencia, el recurso impetrado debe ser rechazado por su notoria inadmisibilidad.-

12) Por las consideraciones que anteceden, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió DECLARAR INADMISIBLE el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Abog. Osvaldo Granada Sallaberry y el Abog. Luis Alberto Berton, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 58 de fecha 08 de noviembre de 2011, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala de la Capital.-

PRIVILEGIOS DE LOS GASTOS DE JUSTICIA FRENTE A LOS DEMÁS ACREEDORES PRIVILEGIADOS:

"La facultad de disponer de un derecho es una cosa distinta del derecho que se dispone". (CHIOVENDA, Instituciones, t. I, p. 303).

En el presente trabajo, pretendemos expresar nuestra posición respecto al privilegio emergente de los gastos de justicia devengados en el juicio ejecutivo frente a los demás créditos privilegiados. El Art. 502 del Código Procesal Civil establece: 

"Preferencia.- Mientras el ejecutante no esté totalmente pagado, las sumas depositadas no podrán aplicarse a otro destino, salvo que se tratare de las costas de la ejecución, o del pago de otro acreedor preferente o privilegiado. Los gastos causados por el deudor para su defensa no tendrán, en ningún caso, prelación". 

La norma así redactada parece no ofrecer reparos, sin embargo, a la hora de determinar la graduación de los privilegios emergentes de los gastos de justicia previstos en los Arts. 437 inc. a) y 438 inc. a) del Código Civil, surgen diversas interpretaciones tanto de los órganos jurisdiccionales como de los profesionales interesados, dado que en dichos gastos de justicia se integran los honorarios profesionales de los Abogados (Patrocinante y Procurador) del ejecutante.

Antes que nada no es ocioso recordar la clasificación de los privilegios; que pueden ser: Generales cuando se verifican sobre el producto de todos los bienes muebles o inmuebles del deudor, o Particulares, cuando recaen sobre algún bien mueble o inmueble determinado. El efecto jurídico de esta clasificación es que los privilegios generales sólo pueden hacerse valer en concurso del deudor, es decir cuando todo el patrimonio del deudor está en liquidación, en tanto que los privilegios especiales entran en acción en cualquier ejecución individual, tal es así v.g.: que el acreedor con privilegio especial de hipoteca debe presentarse en la ejecución individual a hacer valer su crédito (por la vía de la tercería de mejor derecho) sobre el precio obtenido en la subasta, puesto que el privilegio subsiste sobre el precio de venta, produciéndose la extinción de la hipoteca (Art. 2402 C.Civil), quedando en su caso, el saldo de su crédito convertido en quirografario.-

Privilegio de los Gastos de Justicia: Por gastos de justicia debemos entender aquellos gastos ocasionados por los actos que tengan por objeto poner los bienes del deudor y sus derechos bajo la mano de la justicia. El privilegio así establecido se refiere a todos los gastos que los acreedores del deudor no hubieran podido liberarse de realizar si otros no lo hubieran anticipado a los fines de la subasta de los bienes del deudor, es decir todos aquellos gastos realizados en el interés común de los acreedores.

El privilegio de los Gastos de Justicia previsto en los Arts. 437 inc. a) y 438 inc. a) del Cód. Civil, que recae sobre determinados bienes muebles o inmuebles del deudor -es el caso de las ejecuciones particulares sobre determinados bienes del deudor-

En este caso, el privilegio emergente de los gastos de justicia pueden oponerse a determinados acreedores a quienes esos gastos hayan resultado útiles; es así que el crédito del acreedor con privilegio de hipoteca prevalece sobre todos los demás créditos de menor rango, con excepción de los gastos de justicia que se encuentra en primer orden conforme a las normas mencionadas, pero toda vez que se trate de gastos que beneficien al acreedor privilegiado.

 Esto significa que los gastos de justicia que insume honorarios profesionales correspondientes a la realización de la subasta (cumplimiento de la sentencia de remate) son privilegiados frente a todos los acreedores que pretenden cobrar sobre el precio obtenido del inmueble.

Estos gastos de justicia, -a nuestro criterio- incluyen los gastos propios de la etapa de cumplimiento de la sentencia, incluyendo honorarios profesionales de los Abogados del ejecutante por dicha etapa del proceso de ejecución, por cuanto que cualquier acreedor que hubiera querido hacer efectivo su privilegio sobre el producido en la subasta ineludiblemente tendría que haber realizado esos mismos gastos, dado que, además la actividad de los profesionales que llegaron a la subasta beneficia a los demás acreedores privilegiados.

A contrario sensu no son privilegiados los gastos de justicia hechos en el propio interés del acreedor ejecutante: los referidos a la etapa de preparación de la acción ejecutiva, los de la ejecución propiamente dicha, los referentes a las medidas cautelares y los de tasa judicial, que resultan ser gastos necesarios para el reconocimiento del derecho de quien los solicita.

Por ejemplo: Si el remate se realiza en un juicio que corresponde a un acreedor quirografario que llega primero a esa etapa (cumplimiento de la sentencia), podría ocurrir que su crédito de 10.000.000 más 2.000.000 de gastos de justicia (por la preparación de la acción, la ejecución y la medida cautelar, incluyendo honorarios profesionales de Abogados), se viera acrecentado en 1.000.000 por gastos de Justicia correspondiente a la etapa de cumplimiento de la sentencia referente a la subasta. En este caso, se cobran en primer término estos 1.000.000 con lo que se abonan los honorarios de los Abogados del acreedor quirografario y demás gastos propios de la subasta, con lo cual dicho acreedor se ve beneficiado, por haber su crédito procurado ventaja a todos, pudiendo oponer los gastos de justicia a todos los demás acreedores. Luego cobra el acreedor hipotecario su crédito completo por capital, intereses (Art. 2374 C.Civil) y gastos de justicia propios realizados en el juicio respectivo, si los hubiera promovido, sino, sólo los primeros, y a seguir los restantes acreedores con mejor derecho que el ejecutante quirografario; luego los gastos de justicia de la ejecución quirografaria y a seguir el capital e intereses a que hubiere lugar: Graficando el ejemplo:

1.- CRÉDITO QUIROGRAFARIO EJECUTADO: Gs. 10.000.000.-

2.- GASTOS DE JUSTICIA:(DE LA EJECUCIÓN DES DE LA PREPARACIÓN DE LA  ACCIÓN HASTA LA SENTENCIA DE REMATE): Gs. 2.000.000.-

3.- GASTOS DE JUSTICIA DE LA ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA: Gs. 1.00.000.-

 TOTAL OBTENIDO EN LA SUBASTA: Gs. 12.000.000.-

 1er. pago: x Gastos de Justicia de la etapa de cumplimiento de la sentencia: 1.000.000.-

2do. Pago: a los acreedores Hipotecarios incluyendo gastos de justicia de la ejecución hipotecaria si los hubiere: 5.000.000.-

3er. pago: a los demás acreedores con mejor derecho que el ejecutante: 1.000.000.-

4to. pago: Gastos de Justicia de la ejecución del acreedor quirografarrio: 2.000.000.-

Sub - Total: 9.000.000.-

SALDO: 3.000.000.-

5to. pago: Al acreedor quirografario ejecutante, el saldo, es decir: 3.000.000.-

TOTAL: 12.000.000.-

De lo expuesto, cabe concluir que los gastos hechos judicialmente, pero que no son privilegiados, son aquellos realizados por un acreedor en su interés particular, para adquirir un título ejecutivo, o para hacer ejecutivo su crédito, en cuyo caso dichos gastos se colocan en el mismo grado del crédito, de modo que siendo éste privilegiado, ellos también deben serlo (véase la nota del Codificador al Art. 3879 del Cód. Civil de la Rca. Argentina, a mayor abundamiento).

Es decir el privilegio proveniente de los gastos de justicia es una preferencia de carácter especialísimo, que los coloca sobre todo otro privilegio, bastando que hayan sido útiles para el acreedor a quien se oponga.

La pregunta obligada que surge es indudablemente para saber cuándo los gastos de justicia resultan útiles a los demás acreedores.

En el caso que nos ocupa, específicamente en el proceso de ejecución, -a nuestro criterio- los gastos de justicia irrogados al acreedor quirografario con motivo de la preparación de la acción ejecutiva, a los fines de adquirir un título ejecutivo, o para hacer ejecutivo su crédito, no pueden ser considerados útiles frente a los demás acreedores con derecho de preferencia de mayor rango, llámense estos hipotecarios, prendarios o con embargo de mejor rango, puesto que dichos gastos, no benefician sino a aquel.

Del mismo modo, los gastos de justicia acaecidos en el proceso de ejecución y hasta la sentencia de remate, sólo beneficia al ejecutante/acreedor, porque tal beneficio no se extiende a los demás acreedores del mismo deudor, ya que estos pueden hacer valer sus privilegios recién en la etapa de cumplimiento de la sentencia y luego de la subasta, sin perjuicio de iniciar dichos acreedores sus propias acciones a los fines de cobrar sus respectivos créditos; es que, al acreedor ejecutante que llega a la sentencia de remate, y que bien puede llegar a la subasta de los bienes de su deudor, su derecho no sufre desmedro alguno frente a los demás acreedores privilegiados y de mejor rango que el suyo sobre el producido en la subasta, puesto que con la misma sentencia de remate dictada a su favor, podrá inesitablemente perseguir a su deudor hasta el cobro total de su crédito, de lo que se sigue, que la utilidad de la ejecución promovida lo es sólo para el que lo ejecuta, no pudiendo cargársele a los demás acreedores con mejor derecho que el suyo, dado que ello constituiría un acto de enriquecimiento indebido al tener que hacer soportar a terceros el perfeccionamiento de su título ejecutivo en el caso de la preparación previa, y de la propia ejecución de su respectivo título para tornarlo ejecutorio.

Es por ello que cuando los gastos de justicia se hicieren en el interés común de todos los acreedores resulta lógico que sean imputados a todos ellos.-

CONCLUSIÓN:

a) La cuestión referente a los privilegios puede hacerse valer por vía del incidente de tercería de mejor derecho, instaurada en la ejecución en que se produjo la subasta.-

b) El privilegio especial de la hipoteca (o prenda en su caso) prevalece sobre todos los demás créditos de menor rango y quirografarios, con excepción de los gastos de justicia.-

c) El privilegio establecido en los Arts. 437 inc. a) y 438 inc. a) del Cód. Civil, referentes a los "Gastos de Justicia", que se da sobre determinados bienes muebles o inmuebles del deudor, es el caso de las ejecuciones particulares sobre determinados bienes del deudor, por oposición a los privilegios determinados sobre la generalidad de los bienes del deudor que se produce en el concurso o quiebra del deudor. Estos "Gastos de Justicia" constituye un privilegio de primer orden, que se antepone al crédito reclamado.-

d) En la ejecución de créditos quirografarios, los Gastos de Justicia correspondientes a la etapa del "Cumplimiento de la Sentencia" (Subasta), se anteponen y son oponibles a todos los demás créditos privilegiados que pesan sobre el bien subastado, llámense éstos hipotecarios, prendarios y/o embargantes de mejor rango al quirografario ejecutado.

e) Abonados los Gastos de Justicia correspondiente a la etapa de cumplimiento de la sentencia, los acreedores con privilegio especial con sus respectivos Gastos de Justicia irrogados en las ejecuciones respectivas, y los demás acreedores con mejor rango que el del ejecutante quirografario; el saldo de lo obtenido en la subasta deben imputarse en primer término a los que corresponde a los Gastos de Justicia correspondiente a la ejecución del acreedor quirografario ejecutante y el remanente se imputará al crédito reclamado por éste último con sus accesorios.-

Bibliografía:

- Monografías:

"Cuestión de privilegios en el juicio ejecutivo,..", Dra. Elena I. Higton, El Derecho, Tomo 114, pg. 962.-

"El tratamiento de los privilegios en el Proyecto de unificación legislativa", Dres. Julio Cesar Rivera y Graciela Medina, El Derecho, Tomo 127, pg. 693 y sigtes.-

"Extensión y funcionamiento del privilegio por gastos de justicia..", Dra. Elena I. Higton, El Derecho, Tomo 128, pg. 705.-

JUICIO: “D.R.M.V. c/ CENTRAX CLEARING CORPORATION s/ USUCAPION”.-

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 687.-

FECHA: 09.07.2012.-
SALA: CIVIL.-
MINISTRO PREOPINANTE: Raúl Torres Kirmser.-
VOTO DE LA MAYORÍA: Raúl Torres Kirmser, Miguel Oscar Bajac y César Garay.-

RECURSO DE NULIDAD: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió, por unanimidad, declarar desierto el Recurso de Nulidad interpuesto.-

RECURSO DE APELACIÓN: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió, por unanimidad, revocar el Acuerdo y Sentencia Nº 81 del 28.06.2010, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala.-

Cuestión debatida: El Tribunal fundamentó la resolución en que el actor no realizó la correcta identificación del inmueble que pretendía usucapir, que tampoco presentó título de dominio de las fincas objetos de litis, ni requirió copia de dichos títulos a la Dirección General de los Registros Públicos, extremos que no fueron enunciados en el escrito de demanda y posteriormente corroborados en el terreno a través de la correspondiente prueba de reconocimiento o inspección judicial; el análisis de las declaraciones de los testigos ofrecidos por la parte actora, dejan dudas sobre los hechos alegados; que la inspección judicial practicada el 18 de noviembre de 2008 carece de valor y que tampoco se demostró en autos que el actor posea por sí mismo la totalidad del terreno, ni que la vivienda de madera le corresponda al actor, o que la casa se encuentre en el lugar indicado.-

USUCAPIÓN. Principios generales.-

La usucapión es un modo de adquirir la propiedad de bienes inmuebles en virtud de la posesión, por el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas en la Ley. Son tres los elementos importantes para su procedencia: 1) correcta individualización del inmueble, debidamente mensurado y deslindado, 2) la posesión pacífica e ininterrumpida por 20 años (posesión larga)(sine possesione praescriptio non procedit) y 3) que la demanda haya sido promovida contra todos los propietarios del inmueble.-

USUCAPIÓN. Legitimación pasiva.-

En cuanto a la legitimación pasiva, el Código Civil nada establece a este respecto, de lo que se deduce que se puede usucapir los inmuebles de todo tipo de personas, siempre y cuando las tierras no sean del dominio privado del Estado ni de los entes autónomos del Derecho Público, las cuales no pueden ser adquiridas por usucapión, de conformidad al Artículo 1993 del Código Civil.-

PRINCIPIO DE COMUNIDAD DE PRUEBAS. Principios generales.-

Es sabido que por el principio de Comunidad de la prueba, o de adquisición de las pruebas, que una vez admitido el medio probatorio ofrecido por las partes, ésta pertenece al proceso, no siendo posible el desistimiento, ni la renuncia de la prueba actuada, pues los medios probatorios pasan a ser de la comunidad de las partes.-

JUICIO: “D.R.M.V. c/ CENTRAX CLEARING CORPORATION s/ USUCAPION”.-
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO seiscientos ochenta y siete

1) RECURSO DE NULIDAD: El recurrente desistió expresamente del recurso de nulidad, alegando que, en rigor, el fallo recurrido no revela la violación de las formas ni de las solemnidades que exigen las leyes para las resoluciones judiciales.-

Estudiada la sentencia en revisión no se advierten defectos o vicios que justifiquen la declaración de nulidad en los términos que autorizan los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil.-

2) RECURSO DE APELACIÓN: Por S.D. Nº 607 de fecha 30 de Julio de 2009, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno, de la Capital, resolvió: ”1) HACER LUGAR a la presente demanda de conocimiento ordinario sobre usucapión promovida por el Sr. D.R.M.V. contra CENTRAX CLEARING CORPORATION, y en consecuencia DECLARAR operada a favor de la actora la usucapión del inmueble de las Fincas N° 4529 (Padrón N°803, de Mcal. Estigarribia) y la Finca 5726, con Padrón 2145, de Mcal. Estigarribia, Sexta Zona, Subzona 613, inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos en la Sección del Distrito de Chaco; en la misma extensión mencionada en el exordio de esta resolución. EXONERAR de las costas a la parte accionada. ORDENAR la inscripción de esta sentencia en la Dirección General de Registros Públicos ejecutoriada que fuere y a tal efecto LIBRAR correspondiente oficio. ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.”.-

Por Acuerdo y Sentencia Nº 81 de fecha 28 de Junio del 2010, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, resolvió: “DECLARAR desierto el recurso de nulidad. REVOCAR la S.D. N° 607 de fecha 30 de julio de 2.009, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. IMPONER las costas de ambas instancia en el orden causado. ANOTAR...”. –

Contra la resolución de Segunda Instancia se alzó el Abg. Sergio Daniel Godoy Codas, representante convencional de la parte actora y solicitó la revocación de la misma, manifestando principalmente que el Tribunal la dictó fundado en extremos que superan por completo el ámbito dentro del cual se enmarcaba esta discusión, desentendiéndose largamente de las pruebas arrimadas y marginándolas arbitrariamente para, por último, basarse en una limitada apreciación de los hechos en el sólo interés de articular argumentos endebles e ineficaces. Agregó que en el fallo recurrido no se consideraron las pruebas producidas en autos, sino que se arbitró una solución sobre la base de supuestas omisiones en la reunión de las probanzas y que tampoco se consideró la contestación de la fundamentación de la apelación.-

Al contestar el traslado, la defensora de pobres, ausentes e incapaces mayores de edad, del Primer Turno, Abg. Luisa Magna Valdez de Fleitas, sostuvo que la acción de usucapión fue desestimada en el Tribunal de Apelaciones por la orfandad de elementos de convicción que haga posible la pertinencia de la acción deducida y que a su criterio no existe la menor duda que el Tribunal inferior aplicó correctamente las normas, doctrinas y jurisprudencias que regulan la materia. Igualmente arguyó que el actor no justificó de modo alguno los extremos alegados, con elementos de convicción que puedan dar mérito para la revocatoria del fallo en revisión, por lo cual solicitó su confirmatoria por falta de pruebas.-

El Tribunal fundamentó la resolución en que el actor no realizó la correcta identificación del inmueble que pretendía usucapir, que tampoco presentó título de dominio de las fincas objetos de litis, ni requirió copia de dichos títulos a la Dirección General de los Registros Públicos, extremos que no fueron enunciados en el escrito de demanda y posteriormente corroborados en el terreno a través de la correspondiente prueba de reconocimiento o inspección judicial. Agregó que el análisis de las declaraciones de los testigos ofrecidos por la parte actora, dejan dudas sobre los hechos alegados; que la inspección judicial practicada el 18 de noviembre de 2008 carece de valor y que tampoco se demostró en autos que el actor posea por sí mismo la totalidad del terreno, ni que la vivienda de madera le corresponda al actor, o que la casa se encuentre en el lugar indicado.-

Corresponde pues analizar la resolución recurrida y confrontar sus argumentos con las constancias que obran en el expediente con el objeto de verificar si se halla ajustada a derecho. Igualmente, corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de fondo para la procedencia de la usucapión.-

El Artículo 1989 del Código Civil Paraguayo dispone: “El que poseyere ininterrumpidamente un inmueble durante veinte años sin oposición, y sin distinción entre presentes y ausentes, adquiere el dominio de él sin necesidad del título ni de buena fe, la que en este caso se presume. Podrá pedir al juez que así lo declare por sentencia, la que servirá de título de propiedad para su inscripción en el Registro de Inmuebles".-

La usucapión es un modo de adquirir la propiedad de bienes inmuebles en virtud de la posesión, por el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas en la Ley. Son tres los elementos importantes para su procedencia: 1) correcta individualización del inmueble, debidamente mensurado y deslindado, 2) la posesión pacífica e ininterrumpida por 20 años (posesión larga)(sine possesione praescriptio non procedit) y 3) que la demanda haya sido promovida contra todos los propietarios del inmueble.-

Los inmuebles individualizados como: Fincas N° 4529 y 5726, con Padrones Nºs 803 y 2145, respectivamente, ambas del Distrito de Mcal. Estigarribia, Sexta Zona, Subzona 613, no presentan inconvenientes, habida cuenta que se hallan perfectamente identificados, deslindados y el propietario se encuentra identificado, como puede apreciarse tanto del escrito de demanda, del plano de mensura y de la copia de los títulos obrante en el Expediente.-

Al examinar las constancias de autos se advierte que tanto la finca N° 5726, con Padrón N°2145 de Mariscal Estigarribia, como la Finca N° 4529, con Padrón N° 803, también de Mariscal Estigarribia, se encuentran inscriptas como propiedad de Centrex Clearing Corporation (Informes de la Dirección General de los Registros Públicos). Por tanto, las tierras en cuestión se encuentran en el comercio y pertenecen a una persona jurídica privada, por lo cual son susceptibles de ser adquiridas por medio de la prescripción.-

Asimismo se observa que las copias de los títulos de dominio sí se encuentran agregadas al Expediente, contrariamente a lo sostenido por el Tribunal. En efecto, si bien es cierto que el actor no agregó el título a su presentación, la Defensora de Pobres, Ausentes e incapaces mayores de edad del Primer Turno lo solicitó a la Dirección General de los Registros Públicos al momento de ofrecer pruebas.-

Es sabido que por el principio de Comunidad de la prueba, o de adquisición de las pruebas, que una vez admitido el medio probatorio ofrecido por las partes, ésta pertenece al proceso, no siendo posible el desistimiento, ni la renuncia de la prueba actuada, pues los medios probatorios pasan a ser de la comunidad de las partes.-

Respecto a la identificación del inmueble –circunstancia también cuestionada por el Ad quem- el actor identificó correctamente las Fincas pretendidas, señalando sus números y sus Padrones correspondientes. El hecho de que la Directora General de los Registros Públicos inicialmente no haya podido dar curso a la inscripción de la Litis sobre las fincas que se pretenden usucapir por haberse dado entrada por Mcal. Estigarribia, debiendo haberse dado entrada por Chaco, no implica que el inmueble no fue correctamente identificado. En nuestro sistema catastral, las fincas pueden cambiar de Distrito. Es decir que el actor había identificado cabalmente los inmuebles que pretende usucapir, incluso los Distritos actuales a los cuales pertenecen, pero en la Dirección General de los Registros Públicos aún no se habían actualizado a ese respecto, al momento en que se solicitó la inscripción de la Litis.-

A mayor abundamiento se menciona que las dimensiones explicitadas en el aludido informe del Servicio Nacional de Catastro, así como las especificadas en la copia de los títulos coinciden cabalmente con las descritas en la mensura/plano geo referenciado de ambas fincas hecho por el topógrafo Eugenio Díaz.-

Asimismo, los datos del aludido plano geo referenciado coinciden con los plasmados en los demás documentos, como se menciona en el párrafo de arriba, arrimados y agregados en autos. Por otra parte, la Defensora Pública no lo impugnó el contestar la demanda, ni tampoco intentó desvirtuar su valor al momento de producción de pruebas. Por el contrario, solicitó a la Dirección General de los Registros Públicos la copia del título del inmueble objeto de la litis, en donde se pudo constatar la veracidad de las dimensiones consignadas en el plano. Es jurisprudencia de nuestros tribunales que: “Ambas partes tienen en el proceso el derecho de rendir sus pruebas, sea para justificar los hechos alegados, sea para destruir las afirmaciones de la contraria, pues si bien el onus probandi gravita sobre quien acciona fundado en determinados hechos, ello no priva al otro litigante de la posibilidad de justificar a su vez la inexistencia de los hechos afirmados por el actor. Es lógico desarrollo del derecho de defensa en juicio, el que la parte que ha negado el derecho reclamado pueda, a su turno, producir pruebas de hechos que destruyan la pretensión contraria” (Ac. 41, 5 junio 959).-

En relación a la legitimación activa para usucapir, el Artículo 1989 transcripto ut supra no establece “quiénes” tienen la posibilidad de ejercer el derecho de usucapión, sino que establece: “...el que poseyere...” y a continuación establece los demás requisitos necesarios. El Artículo 1925 del Código Civil prescribe: “Se adquiere la posesión de una cosa, cuando se obtenga el poder físico sobre ella. Pueden adquirir por aprehensión la posesión originaria, quienes hubieren cumplido catorce años, como también toda persona capaz de discernimiento. Dichos extremos no serán necesarios, cuando por actos de terceros se hubiere puesto una cosa bajo el poder de una persona, aunque fuere incapaz.”.-

Para demostrar la posesión la parte actora ha adjuntado diferentes medios probatorios. Entre ellos: declaraciones testificales, prueba documental (recibos, plano, escrituras públicas, denuncia, misivas dirigidas a él.), acta de reconocimiento judicial, fotografías, etc.-

Las declaraciones testificales deben interpretarse en armonía con los restantes elementos probatorios arrimados al proceso, con el fin de concluir a favor de la demostración o no de la tesis sustentada en este litigio. Es jurisprudencia que: las pruebas deben ser examinadas en su conjunto, porque representan el resultado de múltiples elementos de convicción, que es preciso analizar en forma global y obtener una síntesis final.-

Otro indicio concluyente sobre la posesión por parte del actor, es que fue él quien hizo la denuncia ante la Fiscalía cuando hubo problemas de invasión en la propiedad, lo cual indica que el mismo se comporta como dueño, es decir, tiene el animus domini, lo que es ratificado de igual manera con los comprobantes de ingreso de la Municipalidad de Mcal. José Félix Estigarribia, donde se acredita que el actor ha abonado el impuesto inmobiliario pendiente de cancelación, sobre los inmuebles en cuestión.-

De este modo, la posesión pacífica e ininterrumpida por 20 años se encuentra acreditada. Para la demostración del tiempo requerido en la ley se valoró en especial la deposición de los testigos quienes expresaron que el peticionante habita el inmueble desde hace más de 20 años. La prueba testimonial en la usucapión es de subida importancia, la circunstancia de que los testigos no establecieron con precisión la fecha de la iniciación de la posesión, no puede resultar un obstáculo para que prospere la demanda, si la ocupación de la actora y la existencia de los demás actos posesorios realizados sobre el terreno, se encuentra demostrada.-

Es doctrina que el ordenamiento jurídico lo que trata es de conciliar los intereses individuales con los intereses colectivos, siendo la protección de la seguridad del tráfico lo que subyace al instituto de la usucapión. Es por ello que favorece al tercero que se ha comportado como dueño de la cosa durante cierto tiempo, protegiendo, además a los terceros de buena fe que confiaron en la apariencia de propiedad.-

Por las consideraciones que anteceden, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió DECLARAR DESIERTO el Recurso de Nulidad interpuesto por la Parte Actora y REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 81, de fecha 28 de junio del 2010 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala.-

DAÑO MORAL.-

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 0128/10/01.-

                               En Encarnación, Paraguay, a dos días de Setiembre de dos mil diez, estando reunidos en la sala de acuerdos del Tribunal de Apelación, Primera Sala, los Miembros Abogados Wilfrido Clemente Rolón Molinas Sergio Martyniuk Barán  y Blas Eduardo Ramírez Palacios, bajo la presidencia del primero de los nombrados, ante mí, el autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “AMADO ANTONIO ORTEGA AGUILERA C/ NUCLEO S.A. S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, con el objeto de resolver los recursos de   interpuesto por los Abogs.  William Amarilla Mendoza y Vidal Acuña Fernandez, contra el segundo punto de la S.D. Nº 479/2010/04 del 05 de Abril de 2010 dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno, Abg. Luis Barrios Benítez.----------------------------------------

                               Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelación, resolvió plantear y decidir las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------

CUESTIONES:

ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA?,

EN SU DEFECTO, SE HALLA AJUSTADA A DERECHO?

                               Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Ramirez Palacios, Rolón Molinas, Ramírez Palacios y Martyniuk Barán.--------------

                   A la primera cuestión planteada el Miembro preopinante, Abg. Blas Eduardo Ramírez Palacios, dijo: Que, el A- quo ha concedido los recursos de apelación y nulidad a los recurrentes, pese a que el recurso de nulidad  no fue expresamente interpuesto por los mismos. No obstante ello, del análisis de oficio de la sentencia recurrida no se constata violación de las formas o solemnidades en su dictamiento, por lo que corresponde declarar mal concedido el recurso de nulidad. Es mi voto.-

                               A sus turnos los miembros Abogados, Wilfrido Clemente Rolon Molinas y Sergio Martyniuk Baran, dijeron: Que, se adhieren al voto del preopinante por los mismos fundamentos expuestos.-

                               A la segunda cuestión planteada el Miembro preopinante Abg. Blas Eduardo Ramirez Palacios, dijo: Que, la parte actora se agravia contra el segundo punto de la S.D. N° 479/2010/04 del 05 de Abril de 2010, por la que se hace lugar a la demanda promovida por el Señor Amado Antonio Ortega Aguilera contra la firma Núcleo S.A., por daño moral, y se condena a la demandada a pagar al demandante en el plazo de cinco días de quedar firme o ejecutoriada la resolución, la suma de cincuenta millones de guaraníes en concepto de reparación por daño moral.-

                A la primera y única cuestión  el Miembro Blas Eduardo Ramírez P., dijo: la parte actora se agravia en contra de la S.D. N°  479/2010/04 de fecha 05 de abril de 2010, por la que se hace lugar  a la demanda promovida por el Sr. Amado Antonio Ortega Aguilera en contra de la firma Núcleo S.A. por daño moral y se condena a la demandada a pagar al demandante en el plazo de cinco días de quedar firme o ejecutoriada la resolución, la suma de cincuenta millones de guaraníes en concepto de reparación por daño moral.

                               Que, el hecho que motiva el recurso de apelación interpuesto se centra fundamentalmente en que la parte actora considera que el monto de la condena es insuficiente, siendo que la jurisprudencia nacional en numerosos fallos ha condenado en mayor cantidad en concepto de daño moral; sostiene que su parte ha podido probar todos los hechos  que sostuvo en la demanda, que demostró la falsificación de la firma del Sr. Amado Ortega Aguilera, la responsabilidad y la culpa de la parte demandada; aduce que la suma establecida como monto de la condena no es suficiente para cubrir todo el daño causado  por lo que solicita se incremente a la suma de ciento treinta millones de guaraníes; refiere que el Juzgado manifiesta que ha considerado  jurisprudencia nacional como fundamento del fallo, pero esto no  coincide con la verdad, ni con la jurisprudencia nacional por cuanto que en caso análogos el castigo monetario ha sido muy superior. En este sentido cita varios casos en los que la accionada de autos también ha sido demandada por indemnización de daños y en los que se ha fijado como monto de la condena sumas que han sido incrementadas en segunda instancia entre un 50 a un 200 %. A seguir cita entre otros un fallo del Juzgado del 4to. Turno en lo civil y Comercial de la capital en contra de la  firma Informconf S.A. por el que se estableció como resarcimiento por daño moral, la suma de noventa millones de guaraníes. Otro fallo en contra de la firma Telecel S.A. por el cual la sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena por daño moral en la suma de G. 150.000.000. Refiere que la falsificación de la firma del actor ha sido efectuado en un contrato de servicio cuya pro-forma es propiedad exclusiva de la firma demandada, que lo incluyó como moroso en la firma Informconf y se ha resistido a eliminarlo de su lista de morosos, lo cual por haber figurado en Informconf   el Banco regional S.A. le ha denegado la solicitud de tarjeta de créditos según consta a fs. 89 de autos;  y sigue con el relato de la indignación y bochorno que tal situación le acarreo a su parte y que también fue puesto como moroso de Personal lo que solo puede ser resarcido con el pago de la suma de G. 130.000.000 en concepto der daño moral.  Y  sostiene que además fue probado el daño emergente por el banco Regional S.A. le denegó la tarjeta de crédito por lo cual solicita la suma de G. 5.000.000 como condena al demandado.

                Que, queda claro que en el caso la demanda se fundó en la concurrencia de hechos concretos sobre  la existencia o no de un ilícito como consecuencia de la atribución de una deuda inexistente y el supuesto daño moral, derivado de la falsificación de la firma del actor para obtener una línea telefónica (de telefonía celular) de la parte demandada, encaminándose la prueba a la demostración de tal falsedad de la firma del actor, a lo que debe agregarse que la prueba también en estos casos debe versar sobre la existencia del daño moral a los fines de determinar el quantum indemnizatorio. Admitida la demanda y establecido un monto resarcitorio el apelante pretende en esta instancia la elevación del monto de la condena, bajo el argumento que jurisprudencialmente las condenas por daño moral en estos casos es superior al establecido por el Juzgado en autos.

                Antes que nada, en el caso debe tomarse en cuenta que el recurrente es el actor únicamente, no así la parte demandada condenada en primera instancia; consecuentemente es de aplicación el principio del quantum apellatum, tantum devolutum;  en cuanto a que  los poderes de la instancia de alzada  presididos por tal  postulado está limitado en su conocimiento  y decisión mediante la apelación y de los  agravios expuestos, que afectan al impugnante y que tiene como fundamento el principio dispositivo; es decir  que los agravios son la medida del recurso de apelación, lo cual tiene su correlato en la prohibición de la reforma en perjuicio del apelante (reformatio in pius),  en cuanto no es posible reformar el fallo en perjuicio del apelante. Consecuentemente, el fallo recurrido no puede ser reformado a menos en  esta instancia.

                Queda  entonces fuera de discusión  porque no forman parte de los agravios de la parte recurrente el hecho mismo del ilícito que motivó el daño alegado (se alude al ilícito civil previsto en el art. 1834 del CC) , es decir de su existencia prueba y comprobación, y sobre la procedencia de  la indemnización por el daño moral reclamado, sin embargo constituye el thema decidendum en la presente instancia la determinación del quantum indemnizatorio por el daño moral reclamado y sobre la procedencia del rubro de daño emergente también reclamado en la demanda y sobre el cual el Juzgado no ha hecho ninguna mención  ni proferido decisión alguna en el fallo recurrido.

                  En el caso de autos la responsabilidad directa respecto del crédito falso a favor de la demandada, y comunicada a Informcomf S.A. por la remisión a ésta como deudor moroso,  es una acción de la empresa demandada toda vez que la exactitud, verificación y en su caso el buen orden de los manejos administrativos que determinen que una persona es por una parte usuario de la telefonía celular prestada por la demandada, y por la otra parte que existe entre la empresa y el supuesto usuario una relación comercial constituye una carga  probatoria atribuible a la parte demandada, situación que no se comprobó en este juicio y antes bien se probó que fue falsificada la firma del actor con la consecuente  verificación de la existencia de una deuda de éste que por espuria   responsabiliza a la parte  demandada por el daño irrogado al actor, independientemente de la responsabilidad del agente o dependiente de la expresa demandada por la falsedad en que pudo haber incurrido. Lo cierto y lo concreto es que el daño existió y quien lo sufrió es el actor, correspondiendo en consecuencia su cuantificación.

                En cuanto al daño material o emergente derivado del actor reputado dañoso, en autos no existe ningún elemento probatorio que permita su cuantificación, dado que el actor ni siquiera es comerciante y tampoco ha demostrado el daño material por algún acto o hecho que pudo haber realizado de haber contado con la tarjeta de crédito que le fue denegada por la entidad bancaria como consecuencia de estar inclusión como moroso en la base de datos de la firma Informconf S.A., , por lo que en esta circunstancia no es posible dejar librada a la libre apreciación de una daño material o emergente del hecho de referencia sin más argumentos que la imposibilidad de contar con una tarjeta de crédito. Diferente hubiera sido si se demostraba de que existió algún negocio del cual fue privado de hacer por no contar con la tarjeta de crédito y en su caso que tal negocio le hubiera reportado al actor alguna ganancia que dejó de percibir a los fines de cuantificar el daño emergente. Por lo dicho no cabe admitir en esta instancia la atribución al demandado del daño emergente reclamado  por el demandante.

                Respecto al daño moral reclamado, debo expresar que el monto  de la condena establecido por el Juzgado en la anterior instancia resulta excesivo, pero como no forma parte ni es materia de los agravios expuestos en esta instancia no cabe realizar ningún juicio de valor a los fines de su modificación, toda vez que la propia parte demandada no atinó a recurrir en tiempo oportuno dicho fallo. No me aparto sin embargo del hecho de que el daño  moral existió, y fue  ocasionado por la acción culposa de la parte demandada en permitir o hacer publicar como moroso a una persona que no tenía deuda con la misma. Este hecho, estando probado en el presente juicio, que se concreta en la imposibilidad de obtener  la concesión de un crédito bancario por tarjeta de crédito por parte del accionante y del hecho de  de haberse hecho público su carácter de moroso, no siéndolo, sin dudas que es susceptible de causar una aflicción a cualquier persona honesta por exponerle  al descredito comercial y en el circulo de sus relaciones interpersonales porque el informe que proporciona la firma Informconf  S.A. es de carácter público para todos los usuarios de dicho servicio y llegan a situar a una persona en una especie moderna de capitis diminutio respecto a su credibilidad como sujeto de créditos en el ámbito comercial; cabe hacer notar aquí, que conforme consta en las diligencias preparatorias que corre por cuerda a estos autos (cfr. fs. 16 de dichos autos) fue solicitado informe de Informconf S.A. respecto al actor por la firma Banco Regional S.A. (Obligado) el 17 de abril de 2008, lo cual comprueba que el actor fue sujeto de análisis de su solvencia y/o credibilidad comercial y/o financiera,  resultando que en dicha base de datos figuraba el actor como moroso por una deuda con la parte demandada Núcleo S.A. desde el 13 de julio de 2005, y si es cierto como quedó probado en autos que el actor no suscribió la solicitud e una línea telefónica móvil  cuya copia consta a fs. 10 de autos y 75/76 de  estos obrados, el perjuicio a su imagen de solvencia crediticia a través de la inclusión del nombre del actor en la base de datos del sistema de información comercial  de la firma Informconf S.A. resulta patente e indiscutible, por la simple razón irrebatible de que de no figurar en dicha base de datos como moroso su imagen comercial y/o crediticia hubiera permanecido inalterado y con la credibilidad de su solvencia como es propio de cualquier persona física o jurídica que respeta sus compromisos y los cumple conforme a las reglas comerciales y de convivencia social.

En este entendimiento, al existir un perjuicio en la persona del actor, tal  perjuicio si bien es intangible materialmente, decididamente remite a considerar el perjuicio moral reclamado en la demanda, que atañe a esa  imagen de solvencia crediticia y comercial que se extiende incluso a otros  ámbitos (laborales, sociales, etc.), de modo que el daño irrogado a la imagen, a la personalidad  moral, ante  su afectación debe ser merecedor necesariamente de un resarcimiento tomando en consideración justamente la personalidad del afectado, su actividad comercial o no, medio de vida, inserción social, laboral, etc., a los fines de cuantificar justamente el resarcimiento adecuado,  de modo que,  la acción en sí misma no constituya un medio para un enriquecimiento indebido; de esta forma se tiene que el accionante Sr. Amado Ortega Aguilera a la fecha de la demanda incoada en autos, contaba con 25 años de edad y era soltero; quien no ejercía el comercio según propia manifestación (cfr. fs. 64 vlto.), siendo su profesión la de estudiante, según expresó en el acta de fs. 69 de autos. Es decir, se trata de una persona que no se encuentra inserto en el ámbito del comercio, y cuya actividad principal era presuntamente la de ser estudiante; al tiempo que conforme consta en el informe del Banco Regional S.A. 89 de autos, se expresa que: “El señor Amado Antonio Ortega Aguilera con C.I. N° 3.225.198 se ha presentado en nuestra Institución Bancaria solicitando una Tarjeta  de Crédito y dicha solicitud no fue aceptada por no reunir los requisitos relacionados a la política de tarjetas de Crédito, por tanto no contamos con ninguna documentación firmada por el Sr. Amado Antonio Ortega Aguilera (sic)”;  estos último revela que más allá de la circunstancia de figurar como “moroso” en la base de datos de la firma Informconf S.A., el actor según quedó patentizado al no contar con una actividad o trabajo rentable demostrado en este juicio, si del mismo modo se hubiera presentado ante la citada Entidad Bancaria de referencia, la misma suerte hubiera sufrido en cuanto a la denegación del otorgamiento de una línea de crédito por Tarjetas de Crédito de dicha empresa bancaria; es decir la circunstancia de estar incluido como moroso en la base de datos de la firma Informconf S.A., si bien pudo ser una causa determinante para que no se le conceda una línea de crédito bancario a través de la Tarjeta de Crédito, tal eventualidad no es la única evidentemente.

Se sostiene en la doctrina comparada (Mosset Iturraspe de la Rca. Argentina) que el rubro de daño moral, si bien por su naturaleza se resiste a toda cuantificación matemática o tarifada, debe reunir ciertas condiciones que el autor sintetiza en diez reglas, entre las que se mencionan que no debe tener carácter meramente simbólico, no debe conformar un enriquecimiento injusto ni fijarse en un porcentaje del daño material y, en cambio, debe diferenciarse según la gravedad del daño, atender a las particularidades del caso: víctima y victimario, armonizar con las reparaciones en caso de beneficios compensatorios y fijarse en sumas que puedan pagarse, dentro del contexto económico del país y el general “standard” de vida.

El  análisis  de la personalidad  del actor, no se encamina a estudiar la viabilidad   de la acción incoada que nos materia del recurso, sino que sirve para arrojar un criterio de que la condena establecida por el juzgado en la instancia anterior antes que exigua, resulta más que generosa, y que al no ser convenientemente recurrida por la parte obligada al pago (la parte demandada),  corresponde  desestimar el recurso de apelación interpuesto en cuanto se pretende por esta vía aumentar el monto de la condena de primera instancia por improcedente, con el consiguiente efecto de la confirmación del fallo recurrido; dado que, el actor no justificó que por el hecho de  haber figurado como moroso en la base de datos de referencia tal circunstancia le haya impedido realizar negocios posibles y viables de acuerdo a su actividad y medio de vida, ni que tal hecho haya obstaculizado su proyección futura, toda vez que es absolutamente posible a la luz de lo que se determinó en autos borrar sin efecto alguno el erróneo e ilícito antecedente atribuido al mismo, puesto que los efectos de la anotación como moroso cesan o terminan con el hecho de ser borrado de la base de datos y no pueden constituir antecedente comercial negativo aquello que se fundamenta en un ilícito consentido por quien le atribuye tal carácter de morosidad.

                Por lo precedentemente expuesto voto por la desestimación del recurso de apelación y la confirmación  de la sentencia recurrida, correspondiendo imponer las costas en el orden causado, dado que en esta instancia no medió oposición de la adversa. Es mi voto.-

                A sus turnos, los Miembros Abog. Sergio Martyniuk Barán y Abog. Wilfrido Clemente Rolón Molinas, dijo: Que, se adhieren al voto del Miembro preopinante por los mismos fundamentos esgrimidos.-

                               Con lo que se dio por terminado el acto, firmando por ante mí los señores miembros, quedando acordada la sentencia siguiente:-

Ante mí:

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 128/10/01

                                               Encarnación, 02 de Setiembre  de 2010.-

                   VISTO: Los méritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala de Encarnación de la Circunscripción Judicial de Itapúa.-

RESUELVE:

1.-     DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de nulidad, por los fundamentos expuestos.-

2.-     NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por los Abogs.  William Amarilla Mendoza y Vidal Acuña Fernández en contra de la S.D. Nº 479/2010/04 de fecha 05 de abril de 2010 dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, a cargo del Abog. Luis Barrios Benítez, y en consecuencia, CONFIRMAR el fallo recurrido, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. 

3.-     IMPONER las costas de esta instancia en el orden causado.

4.-     ANOTAR, registrar y notificar.-

Ante mí:                         

LEY 4867/2013 Modificase el Art. 173 de la Ley 1337/88 Codigo Procesal Civil.

LEY N° 4867

QUE MODIFICA EL ARTICULO 173 DE LA LEY N° 1337/88 “ CÓDIGO PROCESAL CIVIL”

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°.-   Modificase el Artículo 173 de la Ley N° 1337/88 “ CÓDIGO PROCESAL CIVIL”, cuyo texto queda redactado como sigue:

“Art. 173.-            Cómputo. El plazo se computará desde la fecha de la última petición de las partes o de la resolución o actuación del juez o tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento, según corresponda. Correrá durante los días inhábiles, pero se descontará el tiempo en que el proceso hubiere estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición judicial; asimismo, si el expediente hubiere sido remitido a la vista por petición de un juez o tribunal.

El cómputo de los plazos no correrá durante la feria judicial.

En el procedimiento contencioso administrativo, el plazo de caducidad se operará de pleno derecho a los tres meses, con exclusión del tiempo que correspondiere a la feria judicial.”

Artículo 2°.-   Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a quince días del mes de noviembre del año dos mil doce, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil doce, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

Víctor Alcides Bogado González                                                             Jorge Oviedo Matto

        Presidente                                                                                                                         Presidente

      H. Cámara de Diputados                                                                  H. Cámara de Senadores

               Atilio Penayo Ortega                                                        Mario Cano Yegros

          Secretario Parlamentario                                         Secretario Parlamentario

Asunción, 19 de  febrero de 2013

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República

Luis Federico Franco Gómez

María Lorena Segovia Azucas

Ministro de Justicia y Trabajo