Contrato de trabajo. Relación empleador - intermediarios

CONTRATO DE TRABAJO. INTERMEDIARIO: Los  intermediarios son las personas que contratan los servicios de otra u otras para ejecutar trabajos en beneficio de un empleador, aun cuando aparezcan como empresarios independientes organizando los servicios de determinados trabajadores para realizar trabajos en los cuales utilicen equipos, materiales u otros elementos de un empleador para beneficio de éste, en el caso en cuestión a favor de la Empresa Constructora.

INTERMEDIARIOS DEL EMPLEADOR. PRUEBA. los  intermediarios deben declarar su calidad y el nombre del empleador por cuenta de quien actúan, al celebrar contratos de trabajo, caso contrario responderán solidariamente las obligaciones legales y contractuales junto con el empleador.

  

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 124/13/01.-

           En Encarnación, Paraguay, a veinte y dos días de agosto de dos mil trece, estando reunidos en la sala de acuerdos del Tribunal de Apelación, Primera Sala, los Miembros Abogados, Blas Eduardo Ramírez Palacios, Wilfrido Clemente Rolón Molinas y Sergio Martyniuk Barán, bajo la presidencia del primero de los nombrados, ante mí, el actuario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “Carlos Martínez y otros c/ Empresa Constructora C.D.D. y Bernardino González s/ Cobro de Guaraníes en Diversos Conceptos Laborales”, con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Hugo Leopoldo Romero, contra la S.D. Nº 15/01/2013-01 del 15 de febrero de 2013, dictada por la Jueza de Primera Instancia en lo Laboral, Abg. María Zunilda Fleitas Villalba.-

           Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelación, resolvió plantear y decidir la siguiente:

CUESTIÓN:

SE HALLA AJUSTADA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

           Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Martyniuk Barán, Ramírez Palacios y Rolón Molinas.

           

                    A la única cuestión planteada el Miembro preopinante, Abg. Sergio Martyniuk Barán, dijo: Que, mediante la sentencia apelada la Jueza de la instancia anterior, resolvió: “1.- HACER LUGAR, a la Excepción de Falta de Acción interpuesta por el Sr. Bernardino González y la empresa CDD Construcciones S.A., conforme a los fundamentos expuestos, imponiendo las costas por su orden. 2.- Admitir, con costas, la demanda que por cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales promueve el Sr. CARLOS MARTÍNEZ, JOSÉ SILVERO, GERÓNIMO SILVERO, FERMÍN MARTÍNEZ Y FABIO SOSA RODRÍGUEZ en contra el Sr. CRISTÓBAL ORTIZ RODRÍGUEZ, y en consecuencia, condenar a la citada parte demandada, a que dentro del plazo de cinco (5) días de quedar firme la presente resolución, abone al Sr. CARLOS MARTÍNEZ la suma de GUARANÍES DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO (G. 10.166.418), JOSÉ SILVERO la suma de GUARANIES DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO (G. 10.166.418), GERÓNIMO SILVERO la suma de GUARANIES DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO (G. 10.166.418), FERMÍN MARTÍNEZ la suma de GUARANIES DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO (G. 10.166.418) y FABIO SOSA RODRÍGUEZ la suma de GUARANIES DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO (G. 10.166.418), totalizando la suma de GUARANIES CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO (G. 50.832.090), por los fundamentos expresados en el considerando de la presente resolución. 3.- REGULAR los honorarios del Abogado Hugo Leopoldo Romero, por los trabajos cumplidos en sus caracteres de patrocinante y procurador indistintamente de la parte actora, en la suma de GUARANIES SEIS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (G. 6.099.850), más el diez por ciento, resultando la suma de Guaraníes seiscientos nueve mil novecientos ochenta y cinco (G. 609.985), en concepto de IVA.- 4.- ANOTAR,…”.-

           Que, contra dicho pronunciamiento se alza el Abg. Hugo Leopoldo Romero Areco, representante convencional de los trabajadores accionantes quien expresa sus agravios en los términos del escrito obrante a fs. 229/231 y vlto. de autos, que fueron contestado por la parte contraria con su presentación de fs. 234 y vlto.

           Que, el apelante se agravia en primer lugar del numeral 1 de la sentencia dictada en virtud del cual el Juzgado hiciera lugar a la Excepción de Falta de Acción opuesta por los demandados, aduciendo que la Jueza ha incurrido en serios errores de apreciación de los elementos de juicio existentes en el expediente al fundamentar su fallo en la copia del Acta N° 31/09 que instrumenta la denuncia realizada por el señor Bernardino González contra Cristóbal Ortiz por el supuesto hecho de lesión de confianza, denuncia ésta que los trabajadores accionantes también firmaron como afectados que llevaron a la Juzgadora al convencimiento de que los actores fueron contratos por el señor Cristóbal Ortiz y no por los demandados en estos autos. Que su parte había demostrado que los demandantes habían trabajado para la Empresa Constructora C.D.C. para la construcción de cordón cuneta en la Costanera de Carmen del Paraná. Que los trabajadores prestaron servicios a favor de la empresa haciendo cordón en la mencionada costanera es un hecho que la propia empresa C.D.D. Construcciones lo ha reconocido a fs. 52/53 pero alegando para eximirse de responsabilidad que ellos fueron contratados por el señor Cristóbal Ortiz, pero este extremo –sostiene el apelante- no ha sido demostrado en el proceso por medio de la documentación correspondiente. El apelante también se agravia del numeral 2 de la sentencia apelada por no haber condenado en forma solidaria a la empresa C.D.D. Construcciones, y al señor Bernardino González y al señor Cristóbal Ortiz. Que el contratista Bernardino González y el supuesto subcontratista Cristóbal Ortiz –prosigue diciendo- no pueden ser considerados empleadores porque no reúnen los requisitos exigidos por el art. 26 del C.T., porque no se ha demostrado que ellos disponen de solvencia económica, elementos o equipos propios para realizar el trabajo, por consiguiente deben ser considerados como “intermediarios” en la contratación de los trabajadores, conforme a la normativa del art. 25 del C.T. que ha sido establecido para prevenir abuso o fraudes al interponer como contratista a personas insolventes por medio de los cuales el empresario principal trata de eludir las obligaciones emergentes de la relación laboral. Que, con respecto al señor Cristóbal Ortiz el apelante refiere que si bien éste a fs. 66 de autos asumió ante el Juzgado su calidad de empleador de los demandantes, no advirtió a los mismos que era solamente intermediario en consecuencia debe responder solidariamente con a la firma C.D.D. Construcciones, de acuerdo a lo previsto en el art. 25 del C.T. en base a tales consideraciones solicita que el Tribunal declare la responsabilidad solidaria de Cristóbal Ortiz, Bernardino González y la Empresa C.D.D. Construcciones S.A., haciendo lugar a la demanda promovida por su parte, previa revocación del Numeral 1 de la sentencia apelada.-

                   Que, a su turno, el representante convencional de la parte demandada, al contestar el traslado (fs. 224 y vlto.) solicita la confirmación, con costas, de la sentencia cuestiona, señalando que el mismo señor Cristóbal Ortiz se presentó en estos autos a reconocer la relación laboral que ha establecido con los actores, quienes incluso reconocieron esa situación en la denuncia formulada ante la Comisaría, destacando asimismo la importancia del contrato de prestación de servicios entre la firma C.D.D. Construcciones y el señor Bernardino González.-

                   Que, el hecho decisivo y constitutivo de la relación laboral de que los actores trabajaron efectivamente en la colocación del cordón –cunetas de hormigón en la Costanera de la localidad de Carmen del Paraná-, no se halla controvertido en el presente juicio. Todas las partes lo reconocen. La cuestión que queda a cargo dilucidar a éste órgano de alzada consiste en determinar, en base a las constancias obrantes en el expediente, si quien en definitiva fue el empleador de los trabajadores demandantes.

                   Que, a fs. 66 obra el escrito presentado por el señor Cristóbal Ortiz manifestando al Juzgado que él fue la persona que contrató a los nombrados actores para que presten servicio a favor del señor Bernardino González, que ellos eran sus empleados y que se hacía responsable de su reclamos y, por tanto, no existía razón alguna para que ellos hayan entablado la demanda laboral contra el señor Bernardino González ni contra la firma “CDD Construcciones S.A.”.-

                   Que, este reconocimiento efectuado por el señor Cristóbal Ortiz y más las declaraciones de algunos testigos quienes manifestaron que fueron contratados por éste señor, fueron suficientes para que la Jueza a-quo estimara que correspondía hacer lugar a la excepción de falta de acción opuestas por la firma “CDD. Construcciones S.A.” y el señor Bernardino González.

                   Que, entiendo que la calidad de contratista del señor Cristóbal Ortiz no fue acreditado en el presente juicio y, por consiguiente, mal puede ser considerado como empleador, tal como erróneamente lo ha interpretado la Jueza. La afirmación hecha por el mismo en el sentido de que trajo a esas personas, bajo su responsabilidad, para que presten servicio a favor del señor Bernardino González, quien lo había contratado para tal efecto, carece de sustento probatorio. No ha arrimado al expediente ningún documento, ningún contrato para demostrar su carácter patronal. Si realmente contrató los servicios de esos trabajadores para ejecutar labores en beneficio de otras personas, entonces lo hizo no en calidad de empleador sino de mero intermediario, una figura del derecho laboral que se encuentra incorporada en el art. 25, inc. b) de nuestro Código del Trabajo.

                   Que, Frescura y Candía, al hablar de los intermediarios, acertadamente señala que de admitirse a los llamados “intermediarios” como verdaderos empleadores se brindará facilidades a los mismos para eludir las responsabilidades que las leyes y reglamentos les imponen; bastaría entonces –sostiene- con solo colocar entre ellos y los trabajadores a un insolvente. Cualquier persona que oficie de intermediario, al no reunir las condiciones de responsabilidad y solvencia material, no puede ser considerado como empleador.

                   Que, en mi opinión el señor Bernardino González también debe ser considerado un “intermediario” y no como empleador. Arribo a esta conclusión a pesar del “Contrato de Prestación de servicio” presentado por el mismo (fs. 27 y vlto.) y por la Empresa “C.D.D. Construcciones S.A.” (fs. 30 y vlto.), mediante el cual el señor González, como sub-contratista, se comprometió a proveer la mano de obra y los equipos de construcción necesarios para la realización de la obra, quedando como único y exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las obligaciones legales y laborales de sus dependientes (Cláusulas primera y segunda).-

                   Que, el art. 26 del Código del Trabajo determina con nitidez quienes deben ser considerados como empleadores y no como “intermediarios”. La citada normativa se refiere a las personas físicas o jurídicas que, mediante contratos, realizan obras o trabajos en beneficio de un tercero “…asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios elementos y autonomía directiva y técnicas o laborales ajenas a las actividades normales de quien encarga la obra”. Si la ejecución de los trabajos contratados se realiza con equipos, materiales u otros elementos pertenecientes en propiedad al “intermediario”, en tal caso, éste será considerado como empleador.-

                   Que, en el caso del señor González dichos requisitos no se hallan reunidos. Este señor no ha demostrado en el presente proceso que los equipos, materiales o elementos necesarios para la ejecución de las obras de “…de canales a cierto abierto revestidos con hormigón; colocación de camada drenaje y canal de hormigón”, sean de su propiedad. Es más: con la “Clausula Tercera” del Contrato de Prestación de Servicio queda demostrado en forma irrefutable que la firma “C.D.D. Construcciones S.A.” ha proporcionado al señor Bernardino González los siguientes elementos de trabajo: “Provisión de cemento, Arena Lavada, Piedra Triturada y Equipo necesario para la excavación preliminar” que prueban suficientemente que el supuesto “sub-contratista” no era un empresario independiente sino que, para la ejecución de la obra, utilizó materiales y equipos que no eran suyos sino de propiedad de la mencionada empresa.-

                   Que, el contenido del Acta N° 31/09, obrante a fs. 29, referente a la denuncia formulada por el señor Bernardino González ante la Comisaría de Carmen del Paraná –considerada por la Jueza a-quo una pieza fundamental para que se decidiera hacer lugar a las excepciones de falta de acción articuladas por los demandados– también demuestra en forma nítida la relación de dependencia del supuesto “sub-contratista” con la firma “C.D.D. Construcciones S.A.”. En efecto, el Acta N°. 31/09 en una de sus partes expresa textualmente lo siguiente: “…Sigue manifestando el denunciante (Bernardino González) que es personal de la Empresa CDD y que contrató los servicios de Cristóbal Ortiz para la realización de revestimiento de cunetas…”.

                   Que, sobre el particular Ernesto Krotoschin dice: “Si no fuera así sería fácil para un empresario poco conciente eludir las obligaciones que le impone el contrato de trabajo al encargar a cualquier individuo que se haga jefe de un equipo y contrate a nombre propio a otros trabajadores con grave perjuicio para los intereses de éstos. En las muy variadas situaciones que puedan presentarse, debe escudriñarse siempre cuidadosamente las circunstancias y la realidad substancial de los hechos sin dejarse impresionar por las apariencias, para llegar a soluciones conforme con los propósitos del “Derecho del Trabajo”. (Tratado Práctico del Derecho de Trabajo”, pág. 144).-

                   Que, desde hace mucho tiempo que nuestros tribunales del trabajo han tenido en cuenta este tema. Se transcribe un antiguo fallo sentando postura sobre el particular al sostener que “…En nuestro medio se está incrementado la utilización por parte de los empresarios de los denominados “sub-contratistas”, tras los cuales se escudan los verdaderos dadores de trabajo, para así librarse de las obligaciones que impone la legislación laboral, planteo éste que haría prácticamente ilusorio los derechos de los trabajadores, pues se encontrarían frente a su presunto patrono en la mayoría de los casos insolventes” (Ac. N° 27/II/1969).-

                   Que, en base a los argumentos expuestos precedentemente, voto por la revocatoria de la parte de la sentencia que admite la excepción de falta de acción interpuesta por los demandados y, en segundo término, que se modifique el Apartado 2) de la misma, en el sentido de admitir, con costas, la demanda de cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales planteada en autos contra la empresa “C.D.D. Construcciones S.A.” y los señores Bernardino González Q. y Cristóbal Ortiz, quedando los mismos obligados solidariamente a abonar a los actores las cantidades expresadas en el considerando de la presente resolución con fundamento en lo dispuesto en la parte final del art. 25, inc. b) del Código del Trabajo que dispone: “…Todo intermediario debe declarar su calidad y el nombre del empleador por cuenta de quien actúa, al celebrar contratos de trabajo. En caso contrario, responde solidariamente con el empleador de las obligaciones legales y contractuales pertinentes”.

                   A sus turnos, los Miembros Abogados Blas Eduardo Ramírez Palacios y Wilfrido Clemente Rolón Molinas, dijeron: Que, se adhieren al voto del preopinante por los mismos fundamentos expuestos.-

           Con lo que se dio por terminado el acto, firmando por ante mí, los Señores Miembros quedando acordada la Sentencia siguiente:

Ante mí:

         SENTENCIA DEFINITIVA Nº 124/13/01.-

                 Encarnación,  22   de agosto de 2013.-

           VISTO: Los méritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa;-

RESUELVE

                   1.- REVOCAR, con costas, el apartado “1” de la sentencia apelada “1.- HACER LUGAR, a la Excepción de Falta de Acción interpuesta por el Sr. Bernardino González y la empresa CDD Construcciones S.A., conforme a los fundamentos expuestos, imponiendo las costas por su orden…”.-

                   2.- MODIFICAR la sentencia apelada, con costas, en el sentido de admitir la presente demanda también contra la firma “C.D.D. Construcciones S.A.” y el señor Bernardino González y, en consecuencia, condenar a los mismos en forma solidaria a que abonen a los trabajadores accionantes, dentro del plazo de cinco (5) días de quedar firme la presente resolución al señor Carlos Martínez la suma de Guaraníes diez millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos dieciocho (G. 10.166.418), José Silvero la suma de Guaraníes diez millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos dieciocho (G. 10.166.418), Gerónimo Silvero la suma de Guaraníes diez millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos dieciocho (G. 10.166.418), Fermín Martínez la suma de Guaraníes diez millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos dieciocho (G. 10.166.418) y Fabio Sosa Rodríguez la suma de Guaraníes diez millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos dieciocho (G. 10.166.418), por los fundamentos expresados en el mismo.-

                   3.-  ANOTAR, registrar, sacar copias y remitir un ejemplar a la oficina de Estadística del Poder Judicial.-

Ante mí:

Firman los Miembros:

Abg. Wilfrido Clemente Rolón Molinas, Abg. Blas Eduardo Ramírez Palacios y

Abg. Sergio Martyniuk Baran

Miguel Ángel Zayas Gutman (Actuario Judicial)

Nulidad por indefensión

RESUMEN:

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 132/13/01:

NULIDAD: Es nula la sentencia recaída en un juicio de usucapión, y el proceso debe retrotraerse al proveído de iniciación,  porque no se ha dado cumplimiento estricto a lo que dispone la normativa del art. 140 del C.P.C., en cuanto establece, la imperatividad de arbitrar las vías previas (investigación efectiva y razonable y sin éxito para conocer el domicilio de las personas a notificar) para poder optar por la notificación por edictos y la consiguiente intervención en la defensa de los demandados del Ministerio de la Defensa Pública (Defensoría de ausente).  

NOTIFICACION POR  EDICTOS: la exigencia legal no se cumple con la mera información sumaria de testigos (de dudosa fiabilidad);  las diligencias idóneas para determinar, si una determinada persona tiene un domicilio conocido en la República, pasa por obtener información de organismos o instituciones que cuentan con tales registros, en aplicación general de la norma constitucional del art. 16   (referente al inalienable derecho a la defensa en juicio de las personas).

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 132/13/01.-

            En Encarnación, Paraguay, a treinta días de agosto de dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación, Primera Sala, de esta Circunscripción Judicial, los Miembros Abogados, Blas Eduardo Ramírez Palacios, Wilfrido Clemente Rolón Molinas y Sergio Martyniuk Barán, bajo la presidencia del primero de los nombrados, ante mí, el autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “Aguileo Romero Colman y otros c/ Stella Maris Estigarribia Vda. de Ferreira y otros s/ Usucapión”, con el objeto de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la señora Stella Maris Estigarribia Vda. De Ferreira y el señor Pedro Agustín Ferreira, ambos por derecho propio y bajo patrocinio de bogado; y el Abg. Rolando Salinas en representación de Juan Luis Ferreira Estigarribia su parte, contra la S.D. Nº 3017/2012/05, del 11 de diciembre de 2012 y su aclaratoria S.D. N° 324/2013/05, del 06 de marzo de 2013, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno, Abg. Juan Casco Amarilla.

           Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelación, resolvió plantear y decidir las siguientes:--

CUESTIONES:

ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA?,

EN SU DEFECTO, SE HALLA AJUSTADA A DERECHO?

           Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Ramírez Palacios, Rolón Molinas y Martyniuk Barán.

                   A la única cuestión planteada el Miembro preopinante, Abg. Blas Eduardo Ramírez Palacios, dijo: Que, por la resolución recurrida la Jueza a-quo dispuso: “1.- HACER lugar, al presente juicio de USUCACPION promovido por el Sr. AGUILEO ROMERO y TACIANA FORCADO DE ROMERO contra STELLA MARIS ESTIGARRIBIA VDA. DE FERREIRA, JUAN LUIS FERREIRA ESTIGARRIBIA y PEDRO AGUSTÍN FERREIRA ESTIGARRIBIA, y en consecuencia; 2.- DECLARAR operada la usucapión de la fracción de terreno, proveniente de la Finca N° 1883, del Distrito de Capitán Miranda, hoy Distrito de Tomas Romero Pereira, Departamento de Itapuá, individualizado en el exordio de la presente resolución, a favor de AGUILEO ROMERO COLMAN, paraguayo, casado, con C.I. N° 2.814.725, domiciliado en Guapoy – Tomas Romero Pereira (Itapuá), y en consecuencia, CANCELAR la inscripción del inmueble mencionado a nombre de STELLA MARIS ESTIGARRIBIA VDA. DE FERREIRA, JUAN LUIS FERREIRA ESTIGARRIBIA, y PEDRO AGUSTÍN FERREIRA ESTIGARRIBIA. 3.- LIBRAR oficios para su inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos, una vez firme y/o ejecutoriada que fuere la presente resolución. 4.- ANOTAR,…”.

           Que, el Abg. Rolando Salinas manifiesta que corresponde declarar la nulidad de la resolución recurrida en razón de haber sido dictada en violación a todos los principios y reglas del debido proceso legal, es decir por vicios del procedimiento que impiden por completo el dictamiento de una sentencia valida, conforme lo dispone el art. 113 del C.P.C.

           Que, la señora Stella Maris Estigarribia Vda. de Ferreira  y Pedro Agustín Estigarribia bajo patrocinio del Abogado Martin Riera Duarte, fundan su recurso de nulidad basado en que la sentencia objeto de recurso debe ser declarada nula, por haberse sustanciado todo el proceso sin intervención de las partes demandadas, habiendo un supuesto desconocimiento de domicilio, que por providencia del 02 de marzo de 2011, el a-quo ha dado intervención a la defensora de Ausentes, notificándosele dicha intervención, y así mismo solicitando la defensora de Ausentes Abg. María Cristina Hashimoto la suspensión del plazo para contestar la demanda siendo concedido por el Juzgado, y una vez transcurrido el periodo probatorio la misma pasa a contestar el traslado de la demanda, como podrá apreciar V.V.E.E. los actores y la defensora de ausentes se han dado un trámite especial, distinto al legal, para sustanciar judicialmente el proceso, contradiciendo así lo establecido en el art. 104 del C.P.C., a más de mencionar que en fecha 13 de Junio se han presentado los hoy recurrentes bajo patrocinio de abogado conforme lo dispone el art. 73 del C.P.C., empero el a-quo ha rechazado dicha intervención según providencia del 08 de noviembre de 2011, es decir, el a-quo ha actuado totalmente contra lege, considerando que no podían intervenir en juicio por cuanto que ya había una defensora que les estaban representando en juicio, defensa esta que no podía ser buena, por razones obvias, por lo que se puede constatar en debida forma que se han violado todos los principios y reglas del debido proceso legal que impiden el dictamiento valido de una resolución, más aún cuando se ha violado el derecho a la defensa consagrado constitucionalmente.-

                   Que, la parte recurrida al contestar el recurso de nulidad expresa que no existió notificación nula ya que se han utilizado todos los mecanismos existentes para poder contactar con los demandados y por ello es que se han hechos las publicaciones correspondientes de los edictos conforme lo establece el art. 140 del C.P.C., no se ha dado un trámite especial distinto al legal, pues habiéndose designado defensora de ausentes la ley contempla una excepción y reserva para contestar la demanda, cuando se trata de personas que desconozcan o carezcan la información para asumir una determinada conducta, no obstante una vez producida las pruebas deberán dar respuestas definitivas, no existió violación al derecho constitucional de defensa, ya que debe concretarse en una situación de la cual fluya directa y necesariamente la posibilidad de hacer valer los derechos, lo cual le irroga un perjuicio irreparable, se observa que el a-quo ha fallado puntualmente sobre todas las cuestiones planteadas, dentro de los límites fijados, no siendo constitutiva de incongruencia la decisión por las acertadas fundamentaciones del señor Juez y por la reglas de logicidad que contiene dicha resolución. Es por ello que solicito a V.V.E.E., desestimen el recurso de nulidad, con costas.

                   Que, al analizar el recurso de nulidad interpuesto por  las partes recurrentes se constata ab-initio que la parte actora no ha agotado todas las diligencias necesarias para la ubicación del domicilio de los demandados, la jurisprudencia ha exigido y la ley impone que se agoten las diligencias tendientes a conocer el domicilio de la persona de quien deba notificar lo cual no se cumple con la mera información sumaria de testigos (de dudosa fiabilidad), sino que a más de tales informaciones, las diligencias idóneas para determinar, si una determinada persona tiene un domicilio conocido en la República, pasa por obtener información de organismos o instituciones que cuentan con tales registros, como sería el caso del Registro Electoral Nacional, Registro de Identificaciones de la Policía Nacional, Registro de contribuyentes de la Secretaria de Estado de Tributación, de la Guía Telefónica Nacional, etc.; en el caso dos de los demandados (Stella Maris Estigarribia Vda. De Ferreira y Pedro Agustín Estigarribia Ferreira) se encuentran registrados en la guía telefónica de la C.O.P.A.C.O., además de que los tres demandados se encuentran registrados en la red social denominada “Facebook”, de lo que se determina además que uno de los demandados en el caso del Señor Pedro Agustín Ferreira Estigarribia es una persona pública que ha ocupado el cargo de Presidente del Instituto de Previsión Social (I.P.S.), según consta en los archivos de los diarios de gran circulación del país (ABC, Ultima Hora, etc.), resultando de estos elementos de juicios, fácil advertir de que no se ha dado cumplimiento estricto a cuanto dispone la normativa del art. 140 del C.P.C., en cuanto establece, la imperatividad de arbitrar las vías previas (investigación efectiva y razonable y sin éxito para conocer el domicilio de las personas a notificar) para poder optar por la notificación por edictos y la consiguiente intervención en la defensa de los demandados del Ministerio de la Defensa Pública (Defensoría de ausente).-

           Que, en esta circunstancia al resultar evidente el incumplimiento de la normativa del art. 140 del C.P.C., de referencia,  la intervención de la Defensora Publica resultó extemporánea por el apresuramiento en su designación que en cualquiera de los casos debe ser el resultado de la demostración de la imposibilidad real de conocer el domicilio de las personas a quienes se deban notificar,  que en el caso y con los elementos de juicios existentes en los registros precedentemente mencionados amerita la declaración de la nulidad de las actuaciones subsiguientes al proveído inicial de fecha 16 de marzo de 2010, y devolver los autos al Juzgado que sigue en orden de turno a los fines del reencauzamiento del trámite de la demanda incoada, con la pertinente notificación de dicho proveído, obrante a fs. 50 de autos, a los demandados, con fundamento en la norma constitucional art. 16 de la C.N. (referente al inalienable derecho a la defensa en juicio de las personas) lo que amerita la declaración oficiosa de la nulidad de las actuaciones subsiguientes al proveído del 16 de marzo de 2010 y de la Sentencia Definitiva recaída en autos anómalamente.

           Que, en cuanto a las costas de la presente instancia corresponde  imponerlas a la parte perdidosa.-

           Que, resuelta como queda la cuestión ya no corresponde estudiar el recurso de apelación interpuesto en autos.

           A sus turnos los Miembros Abogados, Wilfrido Clemente Rolón Molinas y Sergio Martyniuk Barán, dijeron: Que, se adhieren al voto del preopinante por los mismos fundamentos expuestos.-

           Con lo que se dio por terminado el acto, firmando por ante mí, los señores Miembros quedando acordada la sentencia siguiente:

Ante mí:  

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 132/13/01.-

                Encarnación,   30  de agosto de 2013.-

           VISTO: El mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa,-

RESUELVE

          

                   1.- DECLARAR la nulidad de la S.D. N° 324/2013/05, del 06 de marzo de 2013, como asimismo de las actuaciones subsiguientes al proveído inicial del 16 de marzo de 2010, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; y DISPONER la devolución de estos autos al Juzgado de igual clase y fueros que sigue en orden de turno, a lo fines del reencauzamiento del presente proceso.

                   2.- IMPONER las costas de la presente instancia a la parte perdidosa.

           3.- ANOTAR, registrar, sacar copias y remitir un ejemplar a la oficina de Estadística del Poder Judicial.-

Ante mí:

Firman los Miembros:

Abg. Wilfrido Clemente Rolón Molinas, Abg. Blas Eduardo Ramírez Palacios y

Abg. Sergio Martyniuk Baran

Miguel Ángel Zayas Gutman (Actuario Judicial)

ACCIÓN DE NULIDAD DE ACTO JURIDICO

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 130/12/01:

 Abstrac: 

ACCIÓN DE NULIDAD: El acto jurídico o el contrato instrumentado en una escritura pública será válido a condición de que reúna todos los requisitos de fondo y forma esenciales, sin los cuales no puede producir efectos, de suerte que la nulidad, la anulabilidad o la invalidez de dicho instrumento público resulta de  la omisión de las formalidades esenciales prescritas por la ley.

PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA: Este principio afecta a los actos procesales en cuanto en tales casos para declarar la nulidad de actos procesales se debe contemplar el perjuicio cierto y concreto que ocasiona a aquel que reclama la nulidad y el interés jurídico que se procura subsanar con la declaración de nulidad que pueden estar dados por la coartación de defensa o pruebas de las que fue privado ejercer en juicio el perjudicado.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Principio que  rige en materia de actos jurídicos, que es de orden público y por ende no renunciable, de suerte que la norma civil al establecer requisitos para la validez del acto jurídico, en ningún caso releva su cumplimiento dado que las formas de los actos jurídicos, y en el caso de las Escrituras Públicas de modificación de derechos reales sobre bienes inmuebles es una formalidad ad solemnitatem y como tal debe reunir todos los requisitos establecidos en el art. 396 del Código Civil, bajo pena de nulidad.

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 130/12/01.-

           En Encarnación, Paraguay, a treinta días de agosto de dos mil trece, estando reunidos en la sala de acuerdos del Tribunal de Apelación, Primera Sala, los Miembros Abg. Blas Eduardo Ramírez Palacios, Abg. Wilfrido Clemente Rolón Molinas y Abg. Sergio Martyniuk Barán, bajo la presidencia del primero de los nombrados, ante mí, el actuario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “Blanca Nilda Avalos de Benítez y otros c/ Nidia Ester Benítez de Casco s/ Nulidad de Acto Jurídico”, con el objeto de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la señora Ramona Aida Avalos Sotelo y la señora Blanca Nilda Avalos de Benítez, contra la S.D. Nº 2110/12/03 del 13 de setiembre del año 2012, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, Abg. Orlando Escobar.

           Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelación, resolvió plantear y decidir las siguientes:

CUESTIONES:

ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA?

EN SU DEFECTO, SE HALLA AJUSTADA A DERECHO?

           Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Ramírez Palacios, Rolón Molinas y Martyniuk Barán.

                   A la primera cuestión planteada el Miembro preopinante, Abg. Blas Eduardo Ramírez Palacios, dijo: Que, los recurrentes no han sostenido en la presente instancia el recurso de nulidad en contra del fallo, siendo que la recurrente señora Ramona Aida Avalos Sotelo reclama la nulidad de actos procesales cumplidos en la anterior instancia, que en el caso debieron haber sido expresamente reclamados y procesados en la instancia respectiva, por lo que no amerita decisión alguna en esta instancia, por cuanto que los vicios procesales no reclamados no constituyen motivos para la nulidad o revocatoria del fallo si no han sido reclamados en la instancia en que se produjeron, dado que el recurso de nulidad de la sentencia hace referencia a errores in procedendo por vicios o defectos en la construcción del propio fallo recurrido, no observando en el fallo abalizados tales defectos o vicios que ameriten la declaración la nulidad, correspondiendo en el caso declarar la deserción de dicho recurso de nulidad.-

                   A sus turnos los Miembros Abogados, Wilfrido Clemente Rolón Molinas y Sergio Martyniuk Barán, dijeron: Que, se adhieren al voto del preopinante por los mismos fundamentos expuestos.-

                   A la segunda cuestión planteada el Miembro preopinante, Abg. Blas Eduardo Ramírez Palacios, prosiguió diciendo: Que, por la resolución recurrida el Juez a-quo dispuso: “1.- NO HACER LUGAR con costas por improcedente a la demanda promovida por BLANCA AVALOS DE BENITEZ, VICENTE ISMAEL AVALOS SOTELO Y RAMONA AIDA AVALOS SOTELO contra NIDIA ESTER BENITEZ DE CASCO sobre Nulidad de acto jurídico, conforme los fundamentos mencionados en el exordio de la presente resolución. 2.- DIPSONER el levantamiento de la medida cautelar decretada en autos (Prohibición de Innovar). 3.- ANOTAR,…”.

           I.- Agravios de la señora Ramona Aida Avalos Sotelo bajo patrocinio:

                   Que, la parte apelante manifiesta que corresponde se declare la nulidad y apelación  de la resolución dictada en razón de que la misma nunca ha iniciado juicio alguno contra nadie, además la providencia que ordena la apertura a pruebas del presente juicio nunca fue notificada a su parte en su domicilio real y las obrantes no le pertenecen, conforme al art. 133 del C.P.C. inc. b) y d), que las providencias del 18 de octubre del año 2011 y la del 06 de marzo del año 2012, no fueron notificadas en absoluto como lo dispone el código de forma, por lo que dicha situación conlleva a la nulidad absoluta de la sentencia dictada en autos, ya que dicho vicio constituye un error de tipo procedimental lo que necesariamente acarrea la nulidad del fallo recurrido en evidente violación expresa del derecho a la defensa en juicio en cuanto al ofrecimiento de prueba y asimismo manifiesta que las firmas atribuidas a su parte no fueron refrendadas ni certificadas por la actuaria judicial ni por la oficial de secretaria con indicación de fecha y hora tal cual como exige la ley procesal para su validez, por lo que conforme al art. 404 del C.P.C. se encuentra en un error procedimental insanable, por lo que debe ser declarado la nulidad y apelación de la resolución recurrida.

                   I.- Agravios de la señora Blanca Avalos de Benítez bajo patrocinio:

    

           Que, la recurrente se agravia contra la resolución citada más arriba basado en los fundamentos de que a fs. 15/17 de autos se halla agregada el escrito de promoción de demanda ordinaria de nulidad de escritura pública en la que señalan como motivos de la nulidad, las causales establecidas en el art. 396 inc. b), c) y g) del Código Civil de la Escritura Pública N° 37 del 12 de julio de 2004 pasado ante la Escribana María Celeste González Bogado, y formalizada supuestamente entre la señora Felicita Sotelo Vda. de Avalos y Nidia Ester Benítez de Casco sobre la venta de un inmueble, en la misma se observan errores que involucran la identidad de los otorgantes, evidenciando así la omisión del inc. b) del artículo en cuestión, a la que el a-quo ha referenciado que se debían a errores en tipografía, a más de la omisión del inc. f) evidenciando que no se ha leído la escritura a los interesados ya que el error de tipeo, no coinciden con la identidad de los interesados, y habiéndose producido dicho error las partes reaccionarían para la corrección del mismo; que las firmas insertadas en la escritura en cuestión no coinciden con las obrantes a fs. 13 de autos, que el Juez ha omitido pronunciarse sobre el inc. c) del art. 396 del C.C., en la resolución recurrida, por lo que necesariamente conlleva a la nulidad de la escritura cuestionada en autos, en la misma no se ha individualizado ningún inmueble, ni finca o cuenta corriente catastral, ni mucho menos certificado alguno que acredite la titularidad y capacidad de mi madre para transmitir derechos alguno, que sigue en sus agravios manifestando que según refiere un informe de la Escribana que realizara la escritura cuestionada en autos, obrante a fs. 85 de autos, que no se ha podido finalizar, y que a pesar de reiterados pedidos para la reanudación de los trámites, motivo por el cual no se ha finalizado, informe suficiente para revocar la resolución recurrida en todas sus partes.-   

                   II.- Contestación del traslado de los agravios de la señora Ramona Aida Avalos Sotelo: El Abg. Jhon Alexis Cáceres Sánchez, en representación de la parte actora.

   

                   Que, manifiesta en su escrito que el recurso debe declararse desierto, pues analizada la expresión de agravios obrante a fs. 149/151 de autos, podemos notar que la parte apelante señala que nunca inicio y autorizo el inicio de ningún tipo de acción judicial contra ninguna persona, sin embargo a fs. 150 de autos, bajo el rotulo de fundamentos jurídicos para la revocatoria de la S.D. N° 2110, del 13 de setiembre de 2012, expone los motivos que a su juicio son suficientes para revocar el fallo, el mismo incurre en la llamada teoría de los actos propios, pues desde el momento que ataca la sentencia, señalando supuestos errores procesales en la notificación, se convierte en parte agraviada, y por ende cuestiona la decisión y se hace parte en el juicio, por lo que resulta contradictoria y no reúne los requisitos del art. 419 del C.P.C., en donde no se ha realizado ninguna fundamentación razonada de la resolución ni se ha demostrado errores que ameriten la modificación de la sentencia, por lo que haciendo un análisis minucioso de los agravios de la contraria, no ha habido vicio alguno, debiendo entablar el incidente de nulidad, en la instancia inferior, y no haciéndolo opera la convalidación prevista en el art. 114 del C.P.C., en cuanto al argumento de que la firma que se le atribuye no fue refrendada por el actuario, nada puede ser más desacertada que tal afirmación, por cuanto que las normas rituales no exigen tal rubrica, por lo que resulta una conclusión absurda, tampoco la designación de perito de oficio, por cuanto que en la alzada no se ofreció la prueba en los términos del art. 344 del C.P.C. y menos aún se solicita la apertura de la causa a prueba en esta instancia, de modo que esa cuestión resulta ajena a la tramitación normal, en conclusión los agravios no son suficientes para abrir el estudio en esta alzada de la resolución de fondo y corresponde que se declare desierto la instancia, por lo que corresponde confirmar la sentencia recurrida.

                   Contestación del traslado de los agravios de la señora Blanca Avalos de Benítez: El Abg. Jhon Alexis Cáceres Sánchez, en representación de la parte actora.

                   Que, la posición del apelante es equivoca en todo sentido y el razonamiento del Juez descansa sobre una premisa armónica, ya que el art. 396 inc. b) del C.C. habla sobre la no identificación de los otorgantes, y no castiga con la nulidad el error sobre una letra del nombre o apellido, o el de un error dentro del contexto de la escritura pública, que la nulidad es de carácter relativa y no absoluta como lo indicara el a-quo, en la aludida escritura N° 37 no se ha acreditado la falta de identificación de los otorgantes en la mencionada escritura, así también hace una queja de la forma de venta y no cesión de derechos y ausencia de identificación del inmueble, en el contexto de la escritura surge que las partes han declarado celebrar la venta de una fracción de inmueble y ella contenida en el inicio de la escritura y en la cláusula que determina el acto jurídico ha quedado plenamente descrito la voluntad de vender y la voluntad de comprar, así también se ha puesto todo lo necesario para la identificación del inmueble principal del cual se desprenden la fracción vendida, indicándose número de finca e inscripción, que desde luego coincide con el inmueble que señalan, cumpliendo entonces la escritura que a su vez es un contrato con las reglas necesarias para la venta de inmuebles como lo exige y determina el código civil, el derecho que habilitaba a la vendedora a enajenar parte o todo de la fracción comprometida es pues la propia declaración de heredera obtenida en los autos sucesorios de don Arturo Cesar Avalos Adorno, cuya sentencia declaratoria se encuentra agregada a fs. 14 de autos, y que la ponen en posesión efectiva de la herencia, en los argumentos de que la escritura es nula porque no ha concluido al no inscribirse, es otro desacierto de la parte actora, ya que no podemos olvidar que nuestro sistema registral es declarativo, y no constitutivo de derecho, es decir, que el acto jurídico se perfecciona con la voluntad expresada por las partes en el acto que la contiene y la inscripción es solamente para que tenga efecto contra terceros y su falta de inscripción no hace a la nulidad sino a la oponibilidad, conceptos muy diferentes, que según refiere la escribana que no se ha podido materializar por problemas con el certificado de adjudicación no hace nulo el acto jurídico ya concluido sino a la garantía de evicción y en su caso a la obtención del título, en conclusión no se ha reunido con los requisitos previstos en el art. 419 del C.P.C., pues no se encuentra fundado, ya que solo se limita a sarcasmos en contra del propio a quo no siendo fundamentado en forma jurídica, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.

                   Que, al analizar la cuestión traída a estudio en esta alzada, la parte actora sostuvo en la demanda entre los extremos más importantes para sustentar la nulidad de la Escritura Pública Nº 37 del 12 de julio de 2004, que instrumenta una transferencia de inmueble entre la demandada señora Nidia Esther Benitez de Casco y la difunta madre de los actores señora Felicita Sotelo Vda. de Avalos, que:

                   a) La escritura pública de transferencia no fue inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos, circunstancia esta que desde ya cabe expresar no constituye causal de anulabilidad de la escritura pública toda vez que la anotación registral constituye el perfeccionamiento del acto jurídico (contrato de transferencia de inmueble) para su publicidad (efectos contra terceros), cabe señalar aquí que la falta de inscripción registral no obsta la validez del acto entre las partes otorgantes del acto  en cuestión.-

                   b)       La transferencia por compraventa de la fracción de inmueble a que hace referencia la Escritura Nº 37 del 12 de julio de 2004, debió formalizarse por vía de la “cesión de derechos” por tratarse de un bien que integra el acervo hereditario del causante Arturo Cesar Avalos Adorno quien en vida fuera esposo de la transmitente Felicita Sotelo Vda. de Avalos, al respecto resulta evidente en autos que de acuerdo a la Sentencia Definitiva de declaratoria de herederos Nº 1887/03/04 del 30 de octubre de 2003 obrante a fs. 14 y 28 de autos y el A.I. Nº 1201 del 20 de abril de 2004 obrante a fs. 33 de autos, recaídos en el sucesorio de Arturo Cesar Avalos de Adorno, la heredera declarada ha actuado en tal carácter al formalizar la Escritura Pública de Transferencia como titular del derecho adjudicado respecto de la Finca Nº 1508 del Distrito de Cambyretá, resultando así improcedente la alegación de la parte actora de que la transmitente Felicita Sotelo Vda. de Avalos, haya debido transferir sus derechos por vía de la cesión de derechos, encontrándose la misma con la titularidad del citado inmueble por efecto de la declaratoria de herederos a su favor y la correspondiente adjudicación en la que aparece como titular del citado bien inmueble, de modo que la alegación de la parte actora resulta inatendible a ese respecto.-

                   c)       La parte actora alegó como presupuesto de la nulidad de la Escritura Pública Nº 37 del 12 de julio de 2004, que la firma atribuida a la transmitente señora Felicita Sotelo Vda. de Avalos no le corresponde a la misma. A este respecto durante el curso del presente juicio y en especial en el periodo probatorio la parte actora no atinó a ofrecer y diligenciar pruebas para demostrar tal afirmación, por lo que la nulidad por la causal invocada no resulta desde también ya improcedente por falta de mérito probatorio.-

                   d)       La Escritura Nº 37 del 12 de julio de 2004 adolece del defecto de error en la designación del apellido de la compradora; en efecto del análisis de la referida escritura (cfr. fs. 10/12 de autos) en el encabezamiento de la escritura se menciona a la compradora  como “Nidia Ester Benítez de Casco”, sin embargo en el cuerpo de la referida escritura el nombre de la misma el error del apellido se encuentra subsanado puesto que se consignó como “Nidia Ester Benítez de Casco”,, lo cual coincide con los nombres y apellidos de la demandada, consecuentemente el error no resulta trascendente como para sustentar la nulidad de la escritura atacada de nulidad.

                   e)       En la Escritura de transferencia de referencia no se individualizó el inmueble vendido. Al respecto cabe señalar que en los términos de la redacción  de la Escritura Pública N° 37 del 12 de junio de 2004, se hace expresa mención del inmueble objeto del contrato de compraventa como la Finca N° 1508 del Distrito de Encarnación anotado en la Dirección de los Registros Públicos bajo el N° 1 y al folio 1 y sigtes., del año 2004 (cfr. fs. 11 y 83 vlto.), consecuentemente el inmueble objeto del contrato se encuentra individualizado en sus datos registrales, y mal puede sustentar el ataque de nulidad por dicha circunstancia.

                   f)       Con relación a la errónea designación en la escritura de referencia del nombre que individualiza a la vendedora del inmueble señora Felicita Sotelo Vda. de Avalos, consignado erróneamente en el cuerpo de la escritura como Felicita Lugo Vda. de Avalos; asimismo en cuanto a las dimensiones y obviamente los linderos del inmueble objeto del contrato de compraventa que se describe en la escritura pública de referencia con las dimensiones de 12 por 55 metros, por igual dimensiones en su contra-frente y contracostado respectivos, el error surge evidente toda vez que de acuerdo a la prueba de informes de la Escribana Pública María Celeste González Bogado quien dio fe del acto jurídico impugnado, la misma expresa en el informe de referencia cuanto sigue: “…informar al Juzgado que la mencionada Escritura no se ha podido finalizar, debido a que en el antecedente, en el Certificado de Adjudicación se asignó erróneamente una superficie mayor a la superficie que correspondía, debido a que se obvió las notas de venta que figuraban en el título matriz, asignándose en el Certificado de Adjudicación la superficie total del inmueble, sin descontar lo transferido anteriormente, error que saltó en catastro, motivo por el cual se hizo entrega nuevamente el certificado de Adjudicación y el expediente a familiares de la Señora Felicia Avalos para que entregara a su Abogado para la corrección correspondiente (sic)”. Estos errores contenidos en la Escritura Pública N° 37 del 12 de julio de 2004, constituyen defectos que hacen anulable el acto jurídico de la transferencia del inmueble individualizado precedentemente conforme a la normativa del art. 396 del Código Civil vigente que establece: “Sin perjuicio de lo dispuesto sobre las nulidades de los instrumentos públicos, son nulas las escrituras públicas si faltaren en ellas algunos de los siguientes requisitos: …b) Los nombres de las partes,…; c) el objeto…”. En el caso resulta evidente que el nombre consignado en el cuerpo de la escritura impugnada no corresponde con el nombre de la vendedora, al tiempo que la falta de correspondencia en cuanto a las dimensiones del objeto de la compraventa, desnaturaliza el objeto mismo del acto jurídico y no es susceptible de ser subsanado aun cuando sea expedido un nuevo certificado de adjudicación para la ampliación o subsanación de la escritura pública impugnada, por cuanto que tal certificado al contener enunciaciones incorrectas con relación a la cosa adjudicada carece de valor alguno y al haber fallecido la adjudicataria, será una cuestión a dilucidar en el sucesorio respectivo de la misma quienes le suceden a titulo universal y singular, tal el caso de la demandada que deberá hacer valer su derecho en el respectivo sucesorio.-

                   Que, en estas condiciones cabe expresar que en materia civil, la compraventa es un acuerdo de voluntades entre el comprador y el vendedor, donde se transfiere la propiedad mediante un instrumento público a cambio de un precio fijado entre las partes contratantes debiéndose llenar los requisitos que para el efecto se establecen el art. 134 y concordantes del Código de Organización Judicial y en el arts. 394 inc. a), 396 inc. b) y c), y concordantes art. 378 del Código Civil respectivamente, sin perjuicio de que en la nulidad del acto nulo o anulable es aplicable la normativa del art. 364 del C.C.

                   Que, no concuerdo con la posición del Juzgado que dictó el fallo recurrido al citar el principio de trascendencia para rechazar la nulidad de la Escritura Pública N° 37 del 12 de junio de 2004, al aplicar tal principio considera que los errores señalados precedentemente no son trascedentes, siendo que el Código Civil contiene en forma expresa la sanción de nulidad por la falta de tales requisitos, que en el caso por lo demás resulta no subsanable, por no haber sido salvada en la propia escritura pública (en el caso del nombre correcto den la vendedora) y por falta de coincidencia entre el objeto que se pretendió transferir y aquel que realmente existe (dimensiones incorrectas consignadas en el certificado de Adjudicación a favor de la vendedora). Por lo demás el principio de trascendencia  atañe a los actos procesales en cuanto en tales casos para declarar la nulidad de actos procesales se debe contemplar el perjuicio cierto y concreto que ocasiona a aquel que reclama la nulidad y el interés jurídico que se procura subsanar con la declaración de nulidad que pueden estar dados por la coartación de defensa o pruebas de las que fue privado ejercer en juicio el perjudicado. En materia de actos jurídicos rige el principio de legalidad que es de orden público y por ende no renunciable, de suerte que la norma civil al establecer requisitos para la validez del acto jurídico, en ningún caso releva su cumplimiento dado que las formas de los actos jurídicos, y en el caso de las Escrituras Públicas de modificación de derechos reales sobre bienes inmuebles es una formalidad ad solemnitatem y como tal debe reunir todos los requisitos establecidos en el art. 396 del C.C.,  bajo pena de nulidad, porque precisamente así se establece en dicha normativa (“son nulas las escrituras públicas si faltaren en ellas algunos de los siguientes requisitos”).-

                   Que, de este modo el acto jurídico o el contrato instrumentado en una escritura pública podrá ser valido a condición de que reúna todos los requisitos de fondo y forma esenciales, sin los cuales no puede producir efectos, de suerte que la nulidad, la anulabilidad o la invalidez de dicho instrumento público resulta de  la omisión de las formalidades esenciales prescritas por la ley.  Manuel Ossorio en el Diccionario Jurídico al tratar la acción de nulidad refiere: “Ineficacia de un acto jurídico, como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o forma, o como expresan otros  autores vicios del que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación y omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como  válido, por el cual la nulidad se considera incluida en el mismo acto, sin necesidad  que se haya declarado o Juzgado”. 

                   Que, la autora argentina María Emilia Lloveras de Resk, citando al autor Jose A. Buteler Cáceres refiere que: “La causa de la nulidad es interna, orgánica, congénita, consustancial al acto, convive en el acto mismo. No es otra cosa que la violación de la ley, esto es, la inobservancia de alguno de los requisitos indispensables que por imperio de la ley debe reunir el acto o negocio jurídico”.

                   Que, por otra parte la prueba reunida en autos, especialmente las testificales rendidas en nada modifican ni aportan elementos pasibles de hacer variar la patente invalidez del acto jurídico impugnado, por los demás a través de la prueba testifical se pretendió justificar respecto a la existencia del negocio jurídico de la compraventa y la causa de dicho negocio jurídico, pero en el caso el análisis se circunscribe a la alegación, prueba y valoración de los elementos extrínsecos del acto jurídico impugnado, que al resultar comprobado que adolece de defectos insalvables, debe ser declarado nulo conforme a los fundamentos expuestos precedentemente. En cuanto a las costas del juicio, corresponde imponer a la parte perdidosa conforme a la normativa del art. 203 inc. b) del C.P.C. Es mi voto.-

         

                   A sus turnos los Miembros Abogados, Wilfrido Clemente Rolón Molinas y Sergio Martyniuk Barán, dijeron: Que, se adhieren al voto del preopinante por los mismos fundamentos expuestos.-

           Con lo que se dio por terminado el acto, firmando por ante mí, los Señores Miembros quedando acordada la Sentencia siguiente:

Ante mí:

     

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 130/13/01.-

               

                Encarnación,    30    de agosto de 2013.-

           VISTO: Los méritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa;

RESUELVE

                   1.- DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad interpuesto por la señora Ramona Aida Avalos Sotelo, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente.

                2.- REVOCAR la S.D. Nº 2110/12/03 del 13 de setiembre de 2012, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, Abg. Orlando Escobar y, en consecuencia, DECLARAR la nulidad de la Escritura Pública N° 37 del 12 de julio de 2004, pasada por ante la Notaria y Escribana Pública María Celeste González Bogado, titular del registro N° 283 de la ciudad de Encarnación, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución, debiendo el Juzgado librar oficio a dicha Escribanía a fin de que proceda a tomar razón de la presente resolución.

                   3.- IMPONER las costas del juicio a la parte perdidosa.-

           4.- ANOTAR, registrar, sacar copias y remitir un ejemplar a la oficina de Estadística del Poder Judicial.-

Ante mí:

Firman los Miembros:

Abg. Wilfrido Clemente Rolón Molinas, Abg. Blas Eduardo Ramírez Palacios y

Abg. Sergio Martyniuk Baran

Miguel Ángel Zayas Gutman (Actuario Judicial)