ACUERDO Y SENTENCIA Nº 97 /11/01.-
En Encarnación, Paraguay, a los ocho días de septiembre de dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación, Primera Sala, de esta Circunscripción Judicial, los Miembros Abogados Blas Eduardo Ramírez Palacios, Wilfrido Clemente Rolón Molinas y Sergio Martyniuk Barán, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mí, el actuario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “Nancy Isabel Cáceres Almirón c/ Ramona de la Nieve Noguera de Machuca y otros s/ Indemnización de Daños y Perjuicios por Responsabilidad Contractual/Pres. de Contrato”, con el objeto de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abg. Benjamín Benítez, contra la S.D. Nº 1751/2010 del 07 de setiembre de 2010, y contra su aclaratoria, el A.I. Nº 3389/2010/04 del 10 de septiembre de 2010; y los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abg. Vidal Acuña contra las mismas resoluciones, dictadas por el entonces Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno, Abg. Luis Barrios Benítez.-------
CUESTIONES:
ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA?,
EN SU DEFECTO, SE HALLA AJUSTADA A DERECHO?
Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Rolón Molinas, Ramírez Palacios y Martyniuk Barán.-----------------
A la primera cuestión planteada, el Miembro preopinante, Wilfrido Clemente Rolón Molinas, dijo: Que, por la S.D. N° 1751/2010 del 07 de setiembre de 2010, el Juez resolvió: “1- DESESTIMAR la demanda deducida por la Sra. Nancy Isabel Cáceres Almirón contra la Sra. Ramona de la Nieve Noguera de Machuca y otro sobre resolución de contrato. 2- HACER LUGAR con costas, a la demanda deducida por la Sra. Nancy Isabel Almirón contra la Sra. Ramona de la Nieve Noguera de Machuca y el Sr. Marcial Machuca Ruiz Díaz sobre indemnización de daños y perjuicios y en consecuencia condenar a los demandados a abonar en el plazo de 10 días de consentido o ejecutoriado que fuere el presente fallo a la actora las sumas reclamadas y establecidas por el juzgado en los rubros citados en el exordio de la presente resolución. 3- ANOTAR,…” Por el A.I. N° 3389/2010/04 del 10 de septiembre de 2010, el Juez resolvió: “1.- ACLARAR la S.D. Nº 1751/2010 de fecha 7 de septiembre del año 2010, y en consecuencia establecer en concepto de: LUCRO CESANTE la suma de GUARANÍES NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL (GS. 9.436.000) y DAÑO EMERGENTE la suma de GUARANÍES DIEZ Y SEIS MILLONES CIEN MIL (GS. 16.100.000) totalizando la suma de VEINTE Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL (GS. 25.536.000). 2.- ANOTAR,…”-----------
Que, contra estas resoluciones se alzan, en primer lugar, el Abg. Benjamín Benítez, por la representación de la parte demandada, señalando que la resolución es nula por infringir el art. 15 inc. d) y f) número 3 del C.P.C., que lo fulmina de nulidad conformidad a su inc. g) última parte del mismo cuerpo legal, pues el Juez omitió estudiar y pronunciarse sobre los incidentes de nulidad, falsedad e inidoneidad de instrumentos planteados por su parte, ya que el parte policial carece de valor por haber sido argüido de falsedad, sin el pronunciamiento judicial hasta el momento. Alega que el Juez tampoco se ha pronunciado sobre la falta de legitimación de la accionante para reclamar indemnización de daños y perjuicios, habiéndose citado a la compañía aseguradora MAPFRE para integrar la litis, que inclusive debió ser estudiado de oficio por el Juzgado, al no haberse opuesto como excepción previa.-----------------------------------------------------------------
Que, en segundo lugar, el Abg. Vidal Acuña Fernández, se agravia contra la S.D. N° 1751/2010 del 07 de setiembre de 2010 y su aclaratoria, A.I. N° 3389/2010/04 del 10 de setiembre de 2010, en los términos del escrito de fs. 189, solicitando la modificación de la sentencia, en el sentido de que se aumente el valor de la condena, cuyos términos se extenderán más adelante a las resultas del estudio y decisión sobre el recurso de nulidad interpuesto por el Abg. Benjamín Benítez, que se extiende también a sus agravios mediante el recurso de apelación. Tales cuestiones –el fondo– serán analizadas y resueltas, si así lo requiere el caso, al tratar el segundo punto del cuestionario.---
Que, en ese contexto, conforme al escrito de fs. 69 de autos, el primer apelante opuso la falta de legitimación procesal de la actora, porque el automóvil de su poderdante se hallaba asegurado en la compañía de Seguro MAPFRE, con Póliza N° 501-147-294 vigente al 29 de octubre de 2009 (fs. 68), y por ello se debieron dirigir las acciones en contra del Seguro. Insistió sobre dicha pretensión al formular sus alegatos a fs. 157, mientras que, a fs. 72, planteó los incidentes de nulidad, falsedad e inidoneidad de instrumentos, en especial la de fs. 17 al 21, 29, 32 y 33 de autos, porque no reúnen los requisitos formales para su admisión y diligenciamiento, y porque fueron agregados indebidamente. También insistió en el incidente a fs. 160 de autos.----------------------------
Que, el Juzgado, por providencia del 24 de febrero de 2010 (fs. 75), ordenó correr traslado a la otra parte del incidente de nulidad, falsedad e inidoneidad de instrumentos, quien lo contestó a fs. 76/77, y el a-quo difirió su pronunciamiento hasta el dictado de la sentencia, según providencia del 16 de marzo de 2010 (fs. 78).----------
Que, en la sentencia de fs. 165/166, el Juzgado citó las pretensiones de carencia de legitimación procesal de la actora, citación al Seguro MAPFRE, y el incidente de falsedad, nulidad e inidoneidad de instrumentos, pero es notorio que no los haya estudiado y resuelto en la sentencia, habiéndolos diferido para esa estación, como lo expresó en la providencia del 16 de marzo de 2010 (fs. 78), en especial la de los incidentes, de modo que no dio cumplimiento a esa misma resolución.-----
Que, el art. 159 del C.P.C. señala que: “La sentencia definitiva de primera instancia, destinada a poner fin al litigio, deberá contener, además: (…) c) la consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. El Juez deberá decidir todas las pretensiones deducidas y sólo sobre ellas; d) los fundamentos de hecho y de derecho; e) la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por la ley, declarando el derecho de los litigantes y, en consecuencia, condenando o absolviendo de la demanda o reconvención, en su caso, en todo o en parte”.--------------------------
Que, estas disposiciones fueron infringidas, al no estudiar y omitir resolver cuestiones que oportunamente fueron propuestas en estos autos, como la legitimación activa, la inclusión de litis del Seguro MAPFRE, y el incidente de falsedad, nulidad e inidoneidad de instrumentos. Es posible que la solución podría haber sido acogida por medio de la aclaratoria, pero este recurso es facultativo y su omisión no impide estudiar luego, si así requiere el caso, el planteamiento omitido.----------------------------------------------------------------
Que, por otro lado, el Juez resolvió que no era procedente la resolución del contrato, pero acto seguido condena a daños, como también lo hace en la aclaratoria cuando la demanda de daños estaba supeditada al progreso de la acción de la resolución del contrato, sin embargo resolvió sobre el fondo con escueto argumento, pues la sentencia solo se redujo a describir los actos procesales que se han cumplido en este expediente, carece de un análisis de todas las pruebas producidas, y de las razones por las cuales los hechos controvertidos, debidamente probados, determinaron la conclusión a la que finalmente arribó.--------
Que, los Jueces están obligados a expresar por escrito los motivos que le inducen a fallar en el sentido que fuere, porque nuestro sistema así lo exige, debiendo decidir todas las pretensiones deducidas y sólo sobre ellas; consignar y expresar siempre las razones jurídicas que ha tenido en consideración al dictar la sentencia, así como la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por la ley, declarando el derecho de los litigantes, entre otros, tal como imperativamente lo exigen los incs. c), d) y e) del art. 159 del Código Procesal Civil.--------------------------------------------------
Que, las sentencias que pronuncian los Jueces y Tribunales serán fundadas en el texto expreso de la ley (art. 256, 2º párrafo de la C.N.), y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho teniendo en consideración las circunstancias del caso. Estos fundamentos brillan por su ausencia.-----
Que, además “Los fundamentos de la decisión, referidos tanto a los hechos como al derecho son inexcusables y deben traducirse de alguna manera en la sentencia; pues su omisión afecta gravemente al derecho de defensa. Por ser la convicción judicial el resultado de la valoración de los hechos y de las pruebas –en su caso– confrontados con los preceptos legales pertinentes, su conocimiento por las partes es necesario para que puedan expresar sus agravios en la instancia de apelación. El apartamiento de tales reglas constituye un vicio del pronunciamiento susceptible de invalidarlo como acto procesal” (F. 10/8/72, ED. 48-262), citados por Antonio José Giangrasso Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ediciones Depalma, año 1989, pág. 183.-----------------------
Que, existe pues, un apartamiento manifiesto de las reglas del debido proceso en estos autos que deben ser tutelados aún cuando no fueren manifestados en otra estación procesal, pero cuando estas desviaciones afectan la tutela del derecho de defensa, estas irregularidades son insanables, y cuando razones de orden público obstan a la validez del acto jurisdiccional porque el Juez se apartó de los deberes impuestos por el art. 15 incs. c), d) y e) del C.P.C., porque evidentemente la resolución se halla apartada de la ley y al principio de congruencia, y este Tribunal de Apelación puede calificar de oficio el derecho aplicado conforme al principio iura novit curia.-------------
Que, en este caso, el veredicto que no precisa las pautas seguidas por la Constitución Nacional y la ley merece la nulidad insanable, basándose en la disposición del art. 113 del C.P.C. que dice: “La nulidad será declarada de oficio cuando el vicio impida que pueda dictarse válidamente sentencia definitiva, y en los demás casos en que la ley lo prescriba”.---------------------------------------------------
Que, entonces no es necesario examinar los otros motivos expuestos por la parte recurrente en apoyo del recurso de apelación interpuesto, en razón de que la sentencia, al carecer de los soportes esenciales de su estructura –los fundamentos de hecho y de derecho y el estudio y resolución de otras cuestiones oportunamente introducidas en el juicio- es nula, porque se aparta de las formalidades establecidas en la ley ritual para la emisión de la sentencia, como se tiene expresado, en cuyo caso la nulidad se halla conminada por el art. 15 in fine del C.P.C.------------------------------------------------------------------
Que, protesto, entonces la nulidad de oficio de la S.D. N° 1751/2010 del 07 de setiembre de 2010, y su aclaratoria, el A.I. N° 3389/2010/04 del 10 de septiembre de 2010, y que se impongan las costas conforme al art. 408 in fine del C.P.C.---------------------------------
A sus turnos los Miembros Abogados Blas Eduardo Ramírez Palacios y Sergio Martyniuk Barán, dijeron: Que, se adhieren al voto del preopinante por los mismos fundamentos expuestos.-----------------------------------
A la segunda cuestión planteada, el Miembro preopinante, Abg. Wilfrido Clemente Rolón Molinas, prosiguió diciendo: Que, dada la forma de resolver la cuestión anterior, votando por la nulidad de la sentencia, no es posible estudiar ni resolver el planteamiento omitido, ni dictar otra resolución de fondo en esta instancia al no darse los presupuestos del art. 406 del C.P.C., por lo que es inútil extractar los agravios del recurso de apelación de las partes. En ese sentido, voto por la negativa de esta cuestión, por inoficiosa. Es mi voto.---------------------------
A sus turnos los Miembros Abogados, Blas Eduardo Ramírez Palacios y Sergio Martyniuk Barán, dijeron: Que, se adhieren al voto del preopinante, por los mismos fundamentos expuestos.-----------------------------------
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando por ante mí, los Señores Miembros quedando acordada la Sentencia siguiente: -----------------
Ante mí:
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 97 /11/01.-
Encarnación, 08 de septiembre de 2011.-
VISTO: Los méritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa;-------------------------------------
RESUELVE:
1.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la S.D. N° 1751/2010 del 07 de setiembre de 2010, y su aclaratoria el A.I. N° 3389/2010/04 del 10 de septiembre de 2010, ambas dictadas por el entonces Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno, Abg. Luis Barrios Benítez conforme a los fundamentos expuestos.--------------------
2.- IMPONER las costas por su orden, conforme al art. 408 in fine del C.P.C.---------------------------------------------------------
3.- ANOTAR y registrar.--------------------------------------
Ante mí:
martes, 27 de marzo de 2012
Cobro de Guaranies
A.I. Nº226/11/01.-
Encarnación, 29 de abril de 2011.-
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el Abg. Marcos Paulo Damús Melgarejo, contra el apartado tercero del proveído del 15 de octubre de 2010, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Cuarto Turno, Abg. Luis Barrios Benítez, y;-----------------------------------------------------------
CONSIDERANDO
Que, por el apartado tercero de la citada resolución el Juez a-quo dispuso: “…Conforme a la constancia del cargo de fecha 05 de octubre del 2.010 obrante a fs. 227 de autos, al tercer punto del escrito que antecede no ha lugar por improcedente”.-------------------
Que, el recurrente fundamenta el recurso de apelación expresando que el 18 de junio de 2010 se presentó el Abg. Hugo Aponte a fin de tomar intervención y adjuntar los alegatos que hacen al derecho de Benito Roggio e Hijos, conforme consta en autos. Señala que el 23 de setiembre de 2010 el Juzgado ha intimado al referido profesional para que presente el poder invocado en autos, y que nuevamente el 05 de octubre de 2010 el Abg. Hugo Aponte se presentó manifestando adjuntar el poder de referencia, pero que por error involuntario no se ha adjuntado el mismo. Prosigue diciendo que el 11 de octubre de 2010 el Juzgado ordenó el desglose de los documentos presentados por el Abg. Hugo Aponte, y que luego, el 13 de octubre de 2010, en tiempo y forma, se presentó (el recurrente) invocando el poder conferido por Benito Roggio a su persona y al Abg. Hugo Aponte, solicitando que se revoque el proveído del 11 de octubre de 2010. Es así –expresa el apelante- que el 25 de octubre de 2010 el Juzgado resolvió no hacer lugar a su petición por improcedente. Arguye el recurrente que la mencionada resolución agravia a su poderdante en razón de que se ha demostrado que el poder referenciado por el Abg. Hugo Aponte existe, además de que en todo caso el citado profesional pudo, en su caso y de necesidad extrema, presentarse sin mandato, conforme lo prevé el Código Procesal Civil que se utiliza en forma supletoria en este tipo de juicios, teniendo el poderdante el plazo de treinta días para confirmar lo actuado por el profesional, cuestión totalmente subsanada –refiere- al haberse presentado, invocado y arrimado el poder donde se le ha conferido representación suficiente al Abg. Hugo Aponte. Sostiene el apelante que no se puede invocar la mera formalidad de presentación del poder, cuando efectivamente esta representación ha adjuntado el poder otorgado incluso con fecha anterior a la presentación del Abg. Hugo Aponte, pues no causa absoluto agravio a la adversa ni al Juzgado dicha circunstancia, y por el contrario coloca a su parte en un estado de indefensión. Refiere que la contraparte no ha objetado la presentación realizada por el Abg. Hugo Aponte, por lo que si a ella no le agravia, de oficio no puede restringirse la representación invocada. Concluye al solicitar que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, que se tenga por reconocida la personería del Abg. Hugo Aponte, y que se agreguen los documentos presentados.-------------------------------------------
Que, la parte apelada contesta el traslado en los términos del escrito de fs. 237/238 de autos, y solicita la confirmación de la resolución recurrida en base a los siguientes argumentos esgrimidos: 1) Conducta culposa, negligente y desinteresada: conforme a los dichos de la propia apelante puntualmente admite que el Abogado de la recurrente realizaba una primera presentación con el objetivo principal de adjuntar los alegatos, en dicha presentación no solamente dejó de acompañar el poder habilitante sino que una vez intimado para hacerlo realizó la respectiva presentación para su cumplimiento, pero nuevamente “por error involuntario no se ha adjuntado al mismo”; 2) Reiteración de conducta negligente, bajo advertencia: no es la primera vez en la que queda plasmada tal actitud de extrema desidia, desinterés y negligencia en el cuidado del cumplimiento de las reglas procesales, por lo que a fs. 216/217, en el A.I. Nº 229, este Tribunal ya ha advertido y sancionado esta actitud manifestada por la adversa; 3) Improcedencia de la representación sin mandato: la adversa ha expresado que “el citado profesional pudo en su caso y de necesidad extrema presentarse sin mandato”. Al respecto, el art. 60 del C.P.C. regula dicha figura y en el mismo se establecen dos presupuestos para su procedencia, a saber: a) Demostración de la urgencia; y b) Ofrecimiento de caución suficiente. Expresa la apelada que en autos no existen los indicios de algún intento del cumplimento de ninguno de ellos; 4) Ilegalidad de las pretensiones: a) De reconocimiento de personería sin presentar poder: es la propia disposición normativa vigente la que fulmina de improcedente la pretensión manifestada por la adversa y, en efecto, el Abg. Hugo Aponte al realizar su primera presentación (fs. 222) sabía perfectamente que se encontraba compelido al cumplimiento de la imperativa disposición del art. 57 del C.P.C., bajo la consecuencia de lo dispuesto por los arts. 58 del C.P.C. y 88 del C.O.J.; b) Ilegalidad del “efecto retroactivo” pretendido respecto a la agregación del alegato: La recurrente expresa en su respectivo petitorio de fs. 235 vlto. que se tenga por reconocida la personería del Abg. Hugo Aponte y que se agreguen los documentos presentados, refiriéndose a los presentados irregularmente a fs. 222, y al sobre que contiene los alegatos de la parte demandada, que rola a fs. 221. En relación a ello, el apelante expresa que tal documento se encuentra igualmente fulminado por la disposición normativa del art. 88 del C.O.J., que dispone puntualmente que “los jueces y Tribunales no le darán curso”, por lo que la agregación que pretende la recurrente deviene totalmente improcedente por extemporánea. La pretensión así manifestada produciría lo que en la doctrina procesal es conocida como “fraude a la ley”, y su configuración provocaría a favor de la parte recurrente un beneficio ilícito, cuyo solo intento constituye una manifestación de mala fe en los términos del art. 52 del C.P.C. Concluye al solicitar el rechazo del recurso de apelación interpuesto, y que se repute a la adversa como litigante de mala fe, por usar el presente proceso con el fin de conseguir un beneficio ilícito consistente en agregar sus alegatos con efecto retroactivo.-----------
Que, a fs. 239 obra el Dictamen Nº 165 del 15 de febrero de 2011, en el que el Agente Fiscal sugiere que se dicte resolución conforme a derecho.---------------------------------------------------
Que, analizado el presente recurso de apelación interpuesto, el apelante pretende que por medio del testimonio del poder adjuntado a fs. 228/231 de autos, a través del escrito de fs. 232, se reconozca la personería del Abg. Hugo Aponte, solicitud rechazada por el Juzgado en razón de que en oportunidades anteriores el citado profesional, al presentarse por la parte demandada, ha invocado el testimonio del poder que éste último le había conferido para actuar en su nombre sin que haya acompañado el instrumento acreditante de dicha circunstancia. El recurrente expone que dicha decisión le resulta agraviante, ya que el poder invocado por el Abg. Hugo Aponte existe y ha sido arrimado por el mismo recurrente al presentarse a fs. 232 de autos y, además, el citado profesional pudo, en caso de extrema necesidad, presentarse sin mandato conforme lo establece el Código Procesal Civil, el cual rige supletoriamente en este tipo de juicios, teniendo 30 días para confirmar el poderdante lo actuado, cuestión subsanada con la presentación del testimonio del poder, obrante a fs. 228/231. Como consecuencia del reconocimiento de la personería del Abg. Hugo Aponte, el apelante pretende que retroactivamente los alegatos presentados se tengan por agregados.-------------------------------------------------
Que, de las actuaciones llevadas a cabo en estos autos, se desprende que el Abg. Hugo Aponte se presentó el 18 de junio de 2010 a tomar intervención en el presente juicio, e invocó la representación de Benito Roggio e Hijos S.A. en base al testimonio del poder que adjuntó, y acompañó en sobre cerrado el escrito de alegatos (fs. 221/222). Sin embargo, al dejar constancia del cargo de presentación, se expresa que el profesional no deja en secretaría copia del poder referido, por lo que ante tal circunstancia, por providencia del 23 de setiembre de 2010 (fs. 226) el Juzgado procede a intimarle (sin especificarse el plazo) a que presente al Juzgado el documento que acredite su representación. Seguidamente, el 05 de octubre de 2010 (fs. 227), el referido profesional se presentó ante el Juzgado a objeto de dar cumplimiento a la intimación señalada, y expresa que acompañó el respectivo poder autorizante, nuevamente en la constancia del cargo de presentación se observa que no acompañó el documento que se menciona en el escrito por lo que el Juzgado por providencia del 11 de octubre de 2010, fs. 227 vlto. de autos, dispone el desglose del escrito de fs. 221/222, siendo ésta última la resolución cuya revocación pretende el apelante, en base al instrumento que él mismo adjunta a fs. 228/231.------------------------------------------------
Que, lo pretendido por el apelante resulta inviable puesto que existen disposiciones normativas procesales que imponen a quien que invoca la representación de una persona acreditar tal circunstancia con el instrumento respectivo, el cual deberá ser acompañado en el primer escrito, según lo dispuesto en el art. 57 del C.P.C., el cual rige supletoriamente en los procesos laborales. En el presente caso dicho requisito no ha sido acompañado tal como lo prescribe la citada normativa, por lo que el Juzgado procedió a intimarle a que adjunte el respectivo poder autorizante. Sin embargo, el profesional si bien se presenta a fs. 227 a objeto de cumplir con lo ordenado por el Juzgado, vuelve a incurrir en la misma conducta de no acompañar el instrumento respectivo, por lo que el Juzgado lógicamente no reconoce la personería del solicitante y dispone el desglose del escrito de fs. 221 y del sobre que contienen los alegatos.-------------------------------------------------------------
Que, aunque el apelante invoque el poder que él mismo adjunta a los autos en ocasión de presentarse a fs. 235, la circunstancia manifestada por él al expresar que el poder existía y que incluso ha sido otorgado en abril de 2010, es decir, en fecha anterior a la presentación del Abg. Hugo Aponte en el proceso, no resulta atendible, e incluso de considerarse las disposiciones normativas que refieren a la representación procesal se tornarían en la práctica inaplicables y fácilmente soslayables. No hay dudas de que la disposición establecida en el art. 57 del C.P.C. contiene una imposición o carga para quien se presenta al juicio a actuar en nombre de otro, que de no observarse conlleva necesariamente la consecuencia de tener por no presentado al interesado negándosele curso a aquello que por él hubiese sido solicitado, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 87 y 88 del C.O.J.----------------------------------------------
Que, la única excepción a la regla establecida en el art. 57 del C.P.C. constituye la representación sin mandato prevista en el art. 60 del mismo cuerpo legal, disposición también aplicable supletoriamente en el proceso laboral, el cual fue mencionado por el apelante en su escrito de fundamentación del recurso. Sin embargo, la citada figura procesal determina por parte de quien la invoca, el cumplimiento de determinados requisitos tales como acreditar la urgencia del caso y además ofrecer una caución suficiente que deberá formalizar en el plazo que le fije el Juez. En el presente caso, interpretar la actuación del Abg. Hugo Aponte, bajo la referida figura, no es posible en cuanto no se ajusta a los especiales requisitos establecidos en la ley para ello. No se invoca la representación sin mandato ni tampoco se observa que el profesional haya demostrado la necesidad o urgencia del caso para acudir a representar sin el instrumento autorizante. Si bien la presentación del escrito de alegatos constituye una manera de reforzar el ejercicio de sus derechos durante todo el proceso, es un trámite de carácter facultativo no siendo decisivo para el resultado del juicio.----------
Que, en cuanto los argumentos de la parte actora para declarar litigante de mala fe a la demandada tales como: 1) Conducta culposa, negligente y desinteresada; 2) Reiteración de conducta negligente bajo advertencia; 3) Improcedencia de la representación sin mandato, además de mencionar la ilegalidad de las pretensiones e ilegalidad del efecto retroactivo pretendido respecto a la agregación del alegato, es cierto todo lo manifestado por la parte actora, en particular la conducta negligente de la parte demandada y la serie de excesos de su parte con pedidos improcedentes como de reconocimiento de personería sin acompañar el testimonio del poder y otros más.------
Que, es posible admitir que el juicio, por las presentaciones efectuadas, se haya entorpecido, pero a pesar de las desprolijidades, no pasó de ser una conducta culposa, negligente. Es decir, no puede sostenerse válidamente que hubo dolo, por lo que no corresponde reputar al demandado como litigante de mala fe.-----------
Que, no obstante, queda asentado que otra conducta culposa o inconducta procesal de la parte demandada sería pasible de declaración de litigante de mala fe.----------------------------------------------
Que, de los fundamentos expuestos precedentemente, se concluye en que lo dispuesto por el Juez en el apartado tercero de la resolución recurrida, se halla plenamente ajustado a derecho, por lo que corresponde su confirmación, con costas.--------------------------
POR TANTO, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa;-----------------------------
RESUELVE
1.- CONFIRMAR, con costas, el apartado tercero del proveído del 15 de octubre de 2010, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Cuarto Turno, Abg. Luis Barrios Benítez, por los fundamentos expuestos.-------------------------------
2.- ANOTAR y registrar.------------------------------------
Ante mí:
Encarnación, 29 de abril de 2011.-
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el Abg. Marcos Paulo Damús Melgarejo, contra el apartado tercero del proveído del 15 de octubre de 2010, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Cuarto Turno, Abg. Luis Barrios Benítez, y;-----------------------------------------------------------
CONSIDERANDO
Que, por el apartado tercero de la citada resolución el Juez a-quo dispuso: “…Conforme a la constancia del cargo de fecha 05 de octubre del 2.010 obrante a fs. 227 de autos, al tercer punto del escrito que antecede no ha lugar por improcedente”.-------------------
Que, el recurrente fundamenta el recurso de apelación expresando que el 18 de junio de 2010 se presentó el Abg. Hugo Aponte a fin de tomar intervención y adjuntar los alegatos que hacen al derecho de Benito Roggio e Hijos, conforme consta en autos. Señala que el 23 de setiembre de 2010 el Juzgado ha intimado al referido profesional para que presente el poder invocado en autos, y que nuevamente el 05 de octubre de 2010 el Abg. Hugo Aponte se presentó manifestando adjuntar el poder de referencia, pero que por error involuntario no se ha adjuntado el mismo. Prosigue diciendo que el 11 de octubre de 2010 el Juzgado ordenó el desglose de los documentos presentados por el Abg. Hugo Aponte, y que luego, el 13 de octubre de 2010, en tiempo y forma, se presentó (el recurrente) invocando el poder conferido por Benito Roggio a su persona y al Abg. Hugo Aponte, solicitando que se revoque el proveído del 11 de octubre de 2010. Es así –expresa el apelante- que el 25 de octubre de 2010 el Juzgado resolvió no hacer lugar a su petición por improcedente. Arguye el recurrente que la mencionada resolución agravia a su poderdante en razón de que se ha demostrado que el poder referenciado por el Abg. Hugo Aponte existe, además de que en todo caso el citado profesional pudo, en su caso y de necesidad extrema, presentarse sin mandato, conforme lo prevé el Código Procesal Civil que se utiliza en forma supletoria en este tipo de juicios, teniendo el poderdante el plazo de treinta días para confirmar lo actuado por el profesional, cuestión totalmente subsanada –refiere- al haberse presentado, invocado y arrimado el poder donde se le ha conferido representación suficiente al Abg. Hugo Aponte. Sostiene el apelante que no se puede invocar la mera formalidad de presentación del poder, cuando efectivamente esta representación ha adjuntado el poder otorgado incluso con fecha anterior a la presentación del Abg. Hugo Aponte, pues no causa absoluto agravio a la adversa ni al Juzgado dicha circunstancia, y por el contrario coloca a su parte en un estado de indefensión. Refiere que la contraparte no ha objetado la presentación realizada por el Abg. Hugo Aponte, por lo que si a ella no le agravia, de oficio no puede restringirse la representación invocada. Concluye al solicitar que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, que se tenga por reconocida la personería del Abg. Hugo Aponte, y que se agreguen los documentos presentados.-------------------------------------------
Que, la parte apelada contesta el traslado en los términos del escrito de fs. 237/238 de autos, y solicita la confirmación de la resolución recurrida en base a los siguientes argumentos esgrimidos: 1) Conducta culposa, negligente y desinteresada: conforme a los dichos de la propia apelante puntualmente admite que el Abogado de la recurrente realizaba una primera presentación con el objetivo principal de adjuntar los alegatos, en dicha presentación no solamente dejó de acompañar el poder habilitante sino que una vez intimado para hacerlo realizó la respectiva presentación para su cumplimiento, pero nuevamente “por error involuntario no se ha adjuntado al mismo”; 2) Reiteración de conducta negligente, bajo advertencia: no es la primera vez en la que queda plasmada tal actitud de extrema desidia, desinterés y negligencia en el cuidado del cumplimiento de las reglas procesales, por lo que a fs. 216/217, en el A.I. Nº 229, este Tribunal ya ha advertido y sancionado esta actitud manifestada por la adversa; 3) Improcedencia de la representación sin mandato: la adversa ha expresado que “el citado profesional pudo en su caso y de necesidad extrema presentarse sin mandato”. Al respecto, el art. 60 del C.P.C. regula dicha figura y en el mismo se establecen dos presupuestos para su procedencia, a saber: a) Demostración de la urgencia; y b) Ofrecimiento de caución suficiente. Expresa la apelada que en autos no existen los indicios de algún intento del cumplimento de ninguno de ellos; 4) Ilegalidad de las pretensiones: a) De reconocimiento de personería sin presentar poder: es la propia disposición normativa vigente la que fulmina de improcedente la pretensión manifestada por la adversa y, en efecto, el Abg. Hugo Aponte al realizar su primera presentación (fs. 222) sabía perfectamente que se encontraba compelido al cumplimiento de la imperativa disposición del art. 57 del C.P.C., bajo la consecuencia de lo dispuesto por los arts. 58 del C.P.C. y 88 del C.O.J.; b) Ilegalidad del “efecto retroactivo” pretendido respecto a la agregación del alegato: La recurrente expresa en su respectivo petitorio de fs. 235 vlto. que se tenga por reconocida la personería del Abg. Hugo Aponte y que se agreguen los documentos presentados, refiriéndose a los presentados irregularmente a fs. 222, y al sobre que contiene los alegatos de la parte demandada, que rola a fs. 221. En relación a ello, el apelante expresa que tal documento se encuentra igualmente fulminado por la disposición normativa del art. 88 del C.O.J., que dispone puntualmente que “los jueces y Tribunales no le darán curso”, por lo que la agregación que pretende la recurrente deviene totalmente improcedente por extemporánea. La pretensión así manifestada produciría lo que en la doctrina procesal es conocida como “fraude a la ley”, y su configuración provocaría a favor de la parte recurrente un beneficio ilícito, cuyo solo intento constituye una manifestación de mala fe en los términos del art. 52 del C.P.C. Concluye al solicitar el rechazo del recurso de apelación interpuesto, y que se repute a la adversa como litigante de mala fe, por usar el presente proceso con el fin de conseguir un beneficio ilícito consistente en agregar sus alegatos con efecto retroactivo.-----------
Que, a fs. 239 obra el Dictamen Nº 165 del 15 de febrero de 2011, en el que el Agente Fiscal sugiere que se dicte resolución conforme a derecho.---------------------------------------------------
Que, analizado el presente recurso de apelación interpuesto, el apelante pretende que por medio del testimonio del poder adjuntado a fs. 228/231 de autos, a través del escrito de fs. 232, se reconozca la personería del Abg. Hugo Aponte, solicitud rechazada por el Juzgado en razón de que en oportunidades anteriores el citado profesional, al presentarse por la parte demandada, ha invocado el testimonio del poder que éste último le había conferido para actuar en su nombre sin que haya acompañado el instrumento acreditante de dicha circunstancia. El recurrente expone que dicha decisión le resulta agraviante, ya que el poder invocado por el Abg. Hugo Aponte existe y ha sido arrimado por el mismo recurrente al presentarse a fs. 232 de autos y, además, el citado profesional pudo, en caso de extrema necesidad, presentarse sin mandato conforme lo establece el Código Procesal Civil, el cual rige supletoriamente en este tipo de juicios, teniendo 30 días para confirmar el poderdante lo actuado, cuestión subsanada con la presentación del testimonio del poder, obrante a fs. 228/231. Como consecuencia del reconocimiento de la personería del Abg. Hugo Aponte, el apelante pretende que retroactivamente los alegatos presentados se tengan por agregados.-------------------------------------------------
Que, de las actuaciones llevadas a cabo en estos autos, se desprende que el Abg. Hugo Aponte se presentó el 18 de junio de 2010 a tomar intervención en el presente juicio, e invocó la representación de Benito Roggio e Hijos S.A. en base al testimonio del poder que adjuntó, y acompañó en sobre cerrado el escrito de alegatos (fs. 221/222). Sin embargo, al dejar constancia del cargo de presentación, se expresa que el profesional no deja en secretaría copia del poder referido, por lo que ante tal circunstancia, por providencia del 23 de setiembre de 2010 (fs. 226) el Juzgado procede a intimarle (sin especificarse el plazo) a que presente al Juzgado el documento que acredite su representación. Seguidamente, el 05 de octubre de 2010 (fs. 227), el referido profesional se presentó ante el Juzgado a objeto de dar cumplimiento a la intimación señalada, y expresa que acompañó el respectivo poder autorizante, nuevamente en la constancia del cargo de presentación se observa que no acompañó el documento que se menciona en el escrito por lo que el Juzgado por providencia del 11 de octubre de 2010, fs. 227 vlto. de autos, dispone el desglose del escrito de fs. 221/222, siendo ésta última la resolución cuya revocación pretende el apelante, en base al instrumento que él mismo adjunta a fs. 228/231.------------------------------------------------
Que, lo pretendido por el apelante resulta inviable puesto que existen disposiciones normativas procesales que imponen a quien que invoca la representación de una persona acreditar tal circunstancia con el instrumento respectivo, el cual deberá ser acompañado en el primer escrito, según lo dispuesto en el art. 57 del C.P.C., el cual rige supletoriamente en los procesos laborales. En el presente caso dicho requisito no ha sido acompañado tal como lo prescribe la citada normativa, por lo que el Juzgado procedió a intimarle a que adjunte el respectivo poder autorizante. Sin embargo, el profesional si bien se presenta a fs. 227 a objeto de cumplir con lo ordenado por el Juzgado, vuelve a incurrir en la misma conducta de no acompañar el instrumento respectivo, por lo que el Juzgado lógicamente no reconoce la personería del solicitante y dispone el desglose del escrito de fs. 221 y del sobre que contienen los alegatos.-------------------------------------------------------------
Que, aunque el apelante invoque el poder que él mismo adjunta a los autos en ocasión de presentarse a fs. 235, la circunstancia manifestada por él al expresar que el poder existía y que incluso ha sido otorgado en abril de 2010, es decir, en fecha anterior a la presentación del Abg. Hugo Aponte en el proceso, no resulta atendible, e incluso de considerarse las disposiciones normativas que refieren a la representación procesal se tornarían en la práctica inaplicables y fácilmente soslayables. No hay dudas de que la disposición establecida en el art. 57 del C.P.C. contiene una imposición o carga para quien se presenta al juicio a actuar en nombre de otro, que de no observarse conlleva necesariamente la consecuencia de tener por no presentado al interesado negándosele curso a aquello que por él hubiese sido solicitado, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 87 y 88 del C.O.J.----------------------------------------------
Que, la única excepción a la regla establecida en el art. 57 del C.P.C. constituye la representación sin mandato prevista en el art. 60 del mismo cuerpo legal, disposición también aplicable supletoriamente en el proceso laboral, el cual fue mencionado por el apelante en su escrito de fundamentación del recurso. Sin embargo, la citada figura procesal determina por parte de quien la invoca, el cumplimiento de determinados requisitos tales como acreditar la urgencia del caso y además ofrecer una caución suficiente que deberá formalizar en el plazo que le fije el Juez. En el presente caso, interpretar la actuación del Abg. Hugo Aponte, bajo la referida figura, no es posible en cuanto no se ajusta a los especiales requisitos establecidos en la ley para ello. No se invoca la representación sin mandato ni tampoco se observa que el profesional haya demostrado la necesidad o urgencia del caso para acudir a representar sin el instrumento autorizante. Si bien la presentación del escrito de alegatos constituye una manera de reforzar el ejercicio de sus derechos durante todo el proceso, es un trámite de carácter facultativo no siendo decisivo para el resultado del juicio.----------
Que, en cuanto los argumentos de la parte actora para declarar litigante de mala fe a la demandada tales como: 1) Conducta culposa, negligente y desinteresada; 2) Reiteración de conducta negligente bajo advertencia; 3) Improcedencia de la representación sin mandato, además de mencionar la ilegalidad de las pretensiones e ilegalidad del efecto retroactivo pretendido respecto a la agregación del alegato, es cierto todo lo manifestado por la parte actora, en particular la conducta negligente de la parte demandada y la serie de excesos de su parte con pedidos improcedentes como de reconocimiento de personería sin acompañar el testimonio del poder y otros más.------
Que, es posible admitir que el juicio, por las presentaciones efectuadas, se haya entorpecido, pero a pesar de las desprolijidades, no pasó de ser una conducta culposa, negligente. Es decir, no puede sostenerse válidamente que hubo dolo, por lo que no corresponde reputar al demandado como litigante de mala fe.-----------
Que, no obstante, queda asentado que otra conducta culposa o inconducta procesal de la parte demandada sería pasible de declaración de litigante de mala fe.----------------------------------------------
Que, de los fundamentos expuestos precedentemente, se concluye en que lo dispuesto por el Juez en el apartado tercero de la resolución recurrida, se halla plenamente ajustado a derecho, por lo que corresponde su confirmación, con costas.--------------------------
POR TANTO, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa;-----------------------------
RESUELVE
1.- CONFIRMAR, con costas, el apartado tercero del proveído del 15 de octubre de 2010, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Cuarto Turno, Abg. Luis Barrios Benítez, por los fundamentos expuestos.-------------------------------
2.- ANOTAR y registrar.------------------------------------
Ante mí:
Cobro de Guaranies
A.I. Nº226/11/01.-
Encarnación, 29 de abril de 2011.-
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el Abg. Marcos Paulo Damús Melgarejo, contra el apartado tercero del proveído del 15 de octubre de 2010, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Cuarto Turno, Abg. Luis Barrios Benítez, y;-----------------------------------------------------------
CONSIDERANDO
Que, por el apartado tercero de la citada resolución el Juez a-quo dispuso: “…Conforme a la constancia del cargo de fecha 05 de octubre del 2.010 obrante a fs. 227 de autos, al tercer punto del escrito que antecede no ha lugar por improcedente”.-------------------
Que, el recurrente fundamenta el recurso de apelación expresando que el 18 de junio de 2010 se presentó el Abg. Hugo Aponte a fin de tomar intervención y adjuntar los alegatos que hacen al derecho de Benito Roggio e Hijos, conforme consta en autos. Señala que el 23 de setiembre de 2010 el Juzgado ha intimado al referido profesional para que presente el poder invocado en autos, y que nuevamente el 05 de octubre de 2010 el Abg. Hugo Aponte se presentó manifestando adjuntar el poder de referencia, pero que por error involuntario no se ha adjuntado el mismo. Prosigue diciendo que el 11 de octubre de 2010 el Juzgado ordenó el desglose de los documentos presentados por el Abg. Hugo Aponte, y que luego, el 13 de octubre de 2010, en tiempo y forma, se presentó (el recurrente) invocando el poder conferido por Benito Roggio a su persona y al Abg. Hugo Aponte, solicitando que se revoque el proveído del 11 de octubre de 2010. Es así –expresa el apelante- que el 25 de octubre de 2010 el Juzgado resolvió no hacer lugar a su petición por improcedente. Arguye el recurrente que la mencionada resolución agravia a su poderdante en razón de que se ha demostrado que el poder referenciado por el Abg. Hugo Aponte existe, además de que en todo caso el citado profesional pudo, en su caso y de necesidad extrema, presentarse sin mandato, conforme lo prevé el Código Procesal Civil que se utiliza en forma supletoria en este tipo de juicios, teniendo el poderdante el plazo de treinta días para confirmar lo actuado por el profesional, cuestión totalmente subsanada –refiere- al haberse presentado, invocado y arrimado el poder donde se le ha conferido representación suficiente al Abg. Hugo Aponte. Sostiene el apelante que no se puede invocar la mera formalidad de presentación del poder, cuando efectivamente esta representación ha adjuntado el poder otorgado incluso con fecha anterior a la presentación del Abg. Hugo Aponte, pues no causa absoluto agravio a la adversa ni al Juzgado dicha circunstancia, y por el contrario coloca a su parte en un estado de indefensión. Refiere que la contraparte no ha objetado la presentación realizada por el Abg. Hugo Aponte, por lo que si a ella no le agravia, de oficio no puede restringirse la representación invocada. Concluye al solicitar que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, que se tenga por reconocida la personería del Abg. Hugo Aponte, y que se agreguen los documentos presentados.-------------------------------------------
Que, la parte apelada contesta el traslado en los términos del escrito de fs. 237/238 de autos, y solicita la confirmación de la resolución recurrida en base a los siguientes argumentos esgrimidos: 1) Conducta culposa, negligente y desinteresada: conforme a los dichos de la propia apelante puntualmente admite que el Abogado de la recurrente realizaba una primera presentación con el objetivo principal de adjuntar los alegatos, en dicha presentación no solamente dejó de acompañar el poder habilitante sino que una vez intimado para hacerlo realizó la respectiva presentación para su cumplimiento, pero nuevamente “por error involuntario no se ha adjuntado al mismo”; 2) Reiteración de conducta negligente, bajo advertencia: no es la primera vez en la que queda plasmada tal actitud de extrema desidia, desinterés y negligencia en el cuidado del cumplimiento de las reglas procesales, por lo que a fs. 216/217, en el A.I. Nº 229, este Tribunal ya ha advertido y sancionado esta actitud manifestada por la adversa; 3) Improcedencia de la representación sin mandato: la adversa ha expresado que “el citado profesional pudo en su caso y de necesidad extrema presentarse sin mandato”. Al respecto, el art. 60 del C.P.C. regula dicha figura y en el mismo se establecen dos presupuestos para su procedencia, a saber: a) Demostración de la urgencia; y b) Ofrecimiento de caución suficiente. Expresa la apelada que en autos no existen los indicios de algún intento del cumplimento de ninguno de ellos; 4) Ilegalidad de las pretensiones: a) De reconocimiento de personería sin presentar poder: es la propia disposición normativa vigente la que fulmina de improcedente la pretensión manifestada por la adversa y, en efecto, el Abg. Hugo Aponte al realizar su primera presentación (fs. 222) sabía perfectamente que se encontraba compelido al cumplimiento de la imperativa disposición del art. 57 del C.P.C., bajo la consecuencia de lo dispuesto por los arts. 58 del C.P.C. y 88 del C.O.J.; b) Ilegalidad del “efecto retroactivo” pretendido respecto a la agregación del alegato: La recurrente expresa en su respectivo petitorio de fs. 235 vlto. que se tenga por reconocida la personería del Abg. Hugo Aponte y que se agreguen los documentos presentados, refiriéndose a los presentados irregularmente a fs. 222, y al sobre que contiene los alegatos de la parte demandada, que rola a fs. 221. En relación a ello, el apelante expresa que tal documento se encuentra igualmente fulminado por la disposición normativa del art. 88 del C.O.J., que dispone puntualmente que “los jueces y Tribunales no le darán curso”, por lo que la agregación que pretende la recurrente deviene totalmente improcedente por extemporánea. La pretensión así manifestada produciría lo que en la doctrina procesal es conocida como “fraude a la ley”, y su configuración provocaría a favor de la parte recurrente un beneficio ilícito, cuyo solo intento constituye una manifestación de mala fe en los términos del art. 52 del C.P.C. Concluye al solicitar el rechazo del recurso de apelación interpuesto, y que se repute a la adversa como litigante de mala fe, por usar el presente proceso con el fin de conseguir un beneficio ilícito consistente en agregar sus alegatos con efecto retroactivo.-----------
Que, a fs. 239 obra el Dictamen Nº 165 del 15 de febrero de 2011, en el que el Agente Fiscal sugiere que se dicte resolución conforme a derecho.---------------------------------------------------
Que, analizado el presente recurso de apelación interpuesto, el apelante pretende que por medio del testimonio del poder adjuntado a fs. 228/231 de autos, a través del escrito de fs. 232, se reconozca la personería del Abg. Hugo Aponte, solicitud rechazada por el Juzgado en razón de que en oportunidades anteriores el citado profesional, al presentarse por la parte demandada, ha invocado el testimonio del poder que éste último le había conferido para actuar en su nombre sin que haya acompañado el instrumento acreditante de dicha circunstancia. El recurrente expone que dicha decisión le resulta agraviante, ya que el poder invocado por el Abg. Hugo Aponte existe y ha sido arrimado por el mismo recurrente al presentarse a fs. 232 de autos y, además, el citado profesional pudo, en caso de extrema necesidad, presentarse sin mandato conforme lo establece el Código Procesal Civil, el cual rige supletoriamente en este tipo de juicios, teniendo 30 días para confirmar el poderdante lo actuado, cuestión subsanada con la presentación del testimonio del poder, obrante a fs. 228/231. Como consecuencia del reconocimiento de la personería del Abg. Hugo Aponte, el apelante pretende que retroactivamente los alegatos presentados se tengan por agregados.-------------------------------------------------
Que, de las actuaciones llevadas a cabo en estos autos, se desprende que el Abg. Hugo Aponte se presentó el 18 de junio de 2010 a tomar intervención en el presente juicio, e invocó la representación de Benito Roggio e Hijos S.A. en base al testimonio del poder que adjuntó, y acompañó en sobre cerrado el escrito de alegatos (fs. 221/222). Sin embargo, al dejar constancia del cargo de presentación, se expresa que el profesional no deja en secretaría copia del poder referido, por lo que ante tal circunstancia, por providencia del 23 de setiembre de 2010 (fs. 226) el Juzgado procede a intimarle (sin especificarse el plazo) a que presente al Juzgado el documento que acredite su representación. Seguidamente, el 05 de octubre de 2010 (fs. 227), el referido profesional se presentó ante el Juzgado a objeto de dar cumplimiento a la intimación señalada, y expresa que acompañó el respectivo poder autorizante, nuevamente en la constancia del cargo de presentación se observa que no acompañó el documento que se menciona en el escrito por lo que el Juzgado por providencia del 11 de octubre de 2010, fs. 227 vlto. de autos, dispone el desglose del escrito de fs. 221/222, siendo ésta última la resolución cuya revocación pretende el apelante, en base al instrumento que él mismo adjunta a fs. 228/231.------------------------------------------------
Que, lo pretendido por el apelante resulta inviable puesto que existen disposiciones normativas procesales que imponen a quien que invoca la representación de una persona acreditar tal circunstancia con el instrumento respectivo, el cual deberá ser acompañado en el primer escrito, según lo dispuesto en el art. 57 del C.P.C., el cual rige supletoriamente en los procesos laborales. En el presente caso dicho requisito no ha sido acompañado tal como lo prescribe la citada normativa, por lo que el Juzgado procedió a intimarle a que adjunte el respectivo poder autorizante. Sin embargo, el profesional si bien se presenta a fs. 227 a objeto de cumplir con lo ordenado por el Juzgado, vuelve a incurrir en la misma conducta de no acompañar el instrumento respectivo, por lo que el Juzgado lógicamente no reconoce la personería del solicitante y dispone el desglose del escrito de fs. 221 y del sobre que contienen los alegatos.-------------------------------------------------------------
Que, aunque el apelante invoque el poder que él mismo adjunta a los autos en ocasión de presentarse a fs. 235, la circunstancia manifestada por él al expresar que el poder existía y que incluso ha sido otorgado en abril de 2010, es decir, en fecha anterior a la presentación del Abg. Hugo Aponte en el proceso, no resulta atendible, e incluso de considerarse las disposiciones normativas que refieren a la representación procesal se tornarían en la práctica inaplicables y fácilmente soslayables. No hay dudas de que la disposición establecida en el art. 57 del C.P.C. contiene una imposición o carga para quien se presenta al juicio a actuar en nombre de otro, que de no observarse conlleva necesariamente la consecuencia de tener por no presentado al interesado negándosele curso a aquello que por él hubiese sido solicitado, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 87 y 88 del C.O.J.----------------------------------------------
Que, la única excepción a la regla establecida en el art. 57 del C.P.C. constituye la representación sin mandato prevista en el art. 60 del mismo cuerpo legal, disposición también aplicable supletoriamente en el proceso laboral, el cual fue mencionado por el apelante en su escrito de fundamentación del recurso. Sin embargo, la citada figura procesal determina por parte de quien la invoca, el cumplimiento de determinados requisitos tales como acreditar la urgencia del caso y además ofrecer una caución suficiente que deberá formalizar en el plazo que le fije el Juez. En el presente caso, interpretar la actuación del Abg. Hugo Aponte, bajo la referida figura, no es posible en cuanto no se ajusta a los especiales requisitos establecidos en la ley para ello. No se invoca la representación sin mandato ni tampoco se observa que el profesional haya demostrado la necesidad o urgencia del caso para acudir a representar sin el instrumento autorizante. Si bien la presentación del escrito de alegatos constituye una manera de reforzar el ejercicio de sus derechos durante todo el proceso, es un trámite de carácter facultativo no siendo decisivo para el resultado del juicio.----------
Que, en cuanto los argumentos de la parte actora para declarar litigante de mala fe a la demandada tales como: 1) Conducta culposa, negligente y desinteresada; 2) Reiteración de conducta negligente bajo advertencia; 3) Improcedencia de la representación sin mandato, además de mencionar la ilegalidad de las pretensiones e ilegalidad del efecto retroactivo pretendido respecto a la agregación del alegato, es cierto todo lo manifestado por la parte actora, en particular la conducta negligente de la parte demandada y la serie de excesos de su parte con pedidos improcedentes como de reconocimiento de personería sin acompañar el testimonio del poder y otros más.------
Que, es posible admitir que el juicio, por las presentaciones efectuadas, se haya entorpecido, pero a pesar de las desprolijidades, no pasó de ser una conducta culposa, negligente. Es decir, no puede sostenerse válidamente que hubo dolo, por lo que no corresponde reputar al demandado como litigante de mala fe.-----------
Que, no obstante, queda asentado que otra conducta culposa o inconducta procesal de la parte demandada sería pasible de declaración de litigante de mala fe.----------------------------------------------
Que, de los fundamentos expuestos precedentemente, se concluye en que lo dispuesto por el Juez en el apartado tercero de la resolución recurrida, se halla plenamente ajustado a derecho, por lo que corresponde su confirmación, con costas.--------------------------
POR TANTO, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa;-----------------------------
RESUELVE
1.- CONFIRMAR, con costas, el apartado tercero del proveído del 15 de octubre de 2010, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Cuarto Turno, Abg. Luis Barrios Benítez, por los fundamentos expuestos.-------------------------------
2.- ANOTAR y registrar.------------------------------------
Ante mí:
Encarnación, 29 de abril de 2011.-
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el Abg. Marcos Paulo Damús Melgarejo, contra el apartado tercero del proveído del 15 de octubre de 2010, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Cuarto Turno, Abg. Luis Barrios Benítez, y;-----------------------------------------------------------
CONSIDERANDO
Que, por el apartado tercero de la citada resolución el Juez a-quo dispuso: “…Conforme a la constancia del cargo de fecha 05 de octubre del 2.010 obrante a fs. 227 de autos, al tercer punto del escrito que antecede no ha lugar por improcedente”.-------------------
Que, el recurrente fundamenta el recurso de apelación expresando que el 18 de junio de 2010 se presentó el Abg. Hugo Aponte a fin de tomar intervención y adjuntar los alegatos que hacen al derecho de Benito Roggio e Hijos, conforme consta en autos. Señala que el 23 de setiembre de 2010 el Juzgado ha intimado al referido profesional para que presente el poder invocado en autos, y que nuevamente el 05 de octubre de 2010 el Abg. Hugo Aponte se presentó manifestando adjuntar el poder de referencia, pero que por error involuntario no se ha adjuntado el mismo. Prosigue diciendo que el 11 de octubre de 2010 el Juzgado ordenó el desglose de los documentos presentados por el Abg. Hugo Aponte, y que luego, el 13 de octubre de 2010, en tiempo y forma, se presentó (el recurrente) invocando el poder conferido por Benito Roggio a su persona y al Abg. Hugo Aponte, solicitando que se revoque el proveído del 11 de octubre de 2010. Es así –expresa el apelante- que el 25 de octubre de 2010 el Juzgado resolvió no hacer lugar a su petición por improcedente. Arguye el recurrente que la mencionada resolución agravia a su poderdante en razón de que se ha demostrado que el poder referenciado por el Abg. Hugo Aponte existe, además de que en todo caso el citado profesional pudo, en su caso y de necesidad extrema, presentarse sin mandato, conforme lo prevé el Código Procesal Civil que se utiliza en forma supletoria en este tipo de juicios, teniendo el poderdante el plazo de treinta días para confirmar lo actuado por el profesional, cuestión totalmente subsanada –refiere- al haberse presentado, invocado y arrimado el poder donde se le ha conferido representación suficiente al Abg. Hugo Aponte. Sostiene el apelante que no se puede invocar la mera formalidad de presentación del poder, cuando efectivamente esta representación ha adjuntado el poder otorgado incluso con fecha anterior a la presentación del Abg. Hugo Aponte, pues no causa absoluto agravio a la adversa ni al Juzgado dicha circunstancia, y por el contrario coloca a su parte en un estado de indefensión. Refiere que la contraparte no ha objetado la presentación realizada por el Abg. Hugo Aponte, por lo que si a ella no le agravia, de oficio no puede restringirse la representación invocada. Concluye al solicitar que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, que se tenga por reconocida la personería del Abg. Hugo Aponte, y que se agreguen los documentos presentados.-------------------------------------------
Que, la parte apelada contesta el traslado en los términos del escrito de fs. 237/238 de autos, y solicita la confirmación de la resolución recurrida en base a los siguientes argumentos esgrimidos: 1) Conducta culposa, negligente y desinteresada: conforme a los dichos de la propia apelante puntualmente admite que el Abogado de la recurrente realizaba una primera presentación con el objetivo principal de adjuntar los alegatos, en dicha presentación no solamente dejó de acompañar el poder habilitante sino que una vez intimado para hacerlo realizó la respectiva presentación para su cumplimiento, pero nuevamente “por error involuntario no se ha adjuntado al mismo”; 2) Reiteración de conducta negligente, bajo advertencia: no es la primera vez en la que queda plasmada tal actitud de extrema desidia, desinterés y negligencia en el cuidado del cumplimiento de las reglas procesales, por lo que a fs. 216/217, en el A.I. Nº 229, este Tribunal ya ha advertido y sancionado esta actitud manifestada por la adversa; 3) Improcedencia de la representación sin mandato: la adversa ha expresado que “el citado profesional pudo en su caso y de necesidad extrema presentarse sin mandato”. Al respecto, el art. 60 del C.P.C. regula dicha figura y en el mismo se establecen dos presupuestos para su procedencia, a saber: a) Demostración de la urgencia; y b) Ofrecimiento de caución suficiente. Expresa la apelada que en autos no existen los indicios de algún intento del cumplimento de ninguno de ellos; 4) Ilegalidad de las pretensiones: a) De reconocimiento de personería sin presentar poder: es la propia disposición normativa vigente la que fulmina de improcedente la pretensión manifestada por la adversa y, en efecto, el Abg. Hugo Aponte al realizar su primera presentación (fs. 222) sabía perfectamente que se encontraba compelido al cumplimiento de la imperativa disposición del art. 57 del C.P.C., bajo la consecuencia de lo dispuesto por los arts. 58 del C.P.C. y 88 del C.O.J.; b) Ilegalidad del “efecto retroactivo” pretendido respecto a la agregación del alegato: La recurrente expresa en su respectivo petitorio de fs. 235 vlto. que se tenga por reconocida la personería del Abg. Hugo Aponte y que se agreguen los documentos presentados, refiriéndose a los presentados irregularmente a fs. 222, y al sobre que contiene los alegatos de la parte demandada, que rola a fs. 221. En relación a ello, el apelante expresa que tal documento se encuentra igualmente fulminado por la disposición normativa del art. 88 del C.O.J., que dispone puntualmente que “los jueces y Tribunales no le darán curso”, por lo que la agregación que pretende la recurrente deviene totalmente improcedente por extemporánea. La pretensión así manifestada produciría lo que en la doctrina procesal es conocida como “fraude a la ley”, y su configuración provocaría a favor de la parte recurrente un beneficio ilícito, cuyo solo intento constituye una manifestación de mala fe en los términos del art. 52 del C.P.C. Concluye al solicitar el rechazo del recurso de apelación interpuesto, y que se repute a la adversa como litigante de mala fe, por usar el presente proceso con el fin de conseguir un beneficio ilícito consistente en agregar sus alegatos con efecto retroactivo.-----------
Que, a fs. 239 obra el Dictamen Nº 165 del 15 de febrero de 2011, en el que el Agente Fiscal sugiere que se dicte resolución conforme a derecho.---------------------------------------------------
Que, analizado el presente recurso de apelación interpuesto, el apelante pretende que por medio del testimonio del poder adjuntado a fs. 228/231 de autos, a través del escrito de fs. 232, se reconozca la personería del Abg. Hugo Aponte, solicitud rechazada por el Juzgado en razón de que en oportunidades anteriores el citado profesional, al presentarse por la parte demandada, ha invocado el testimonio del poder que éste último le había conferido para actuar en su nombre sin que haya acompañado el instrumento acreditante de dicha circunstancia. El recurrente expone que dicha decisión le resulta agraviante, ya que el poder invocado por el Abg. Hugo Aponte existe y ha sido arrimado por el mismo recurrente al presentarse a fs. 232 de autos y, además, el citado profesional pudo, en caso de extrema necesidad, presentarse sin mandato conforme lo establece el Código Procesal Civil, el cual rige supletoriamente en este tipo de juicios, teniendo 30 días para confirmar el poderdante lo actuado, cuestión subsanada con la presentación del testimonio del poder, obrante a fs. 228/231. Como consecuencia del reconocimiento de la personería del Abg. Hugo Aponte, el apelante pretende que retroactivamente los alegatos presentados se tengan por agregados.-------------------------------------------------
Que, de las actuaciones llevadas a cabo en estos autos, se desprende que el Abg. Hugo Aponte se presentó el 18 de junio de 2010 a tomar intervención en el presente juicio, e invocó la representación de Benito Roggio e Hijos S.A. en base al testimonio del poder que adjuntó, y acompañó en sobre cerrado el escrito de alegatos (fs. 221/222). Sin embargo, al dejar constancia del cargo de presentación, se expresa que el profesional no deja en secretaría copia del poder referido, por lo que ante tal circunstancia, por providencia del 23 de setiembre de 2010 (fs. 226) el Juzgado procede a intimarle (sin especificarse el plazo) a que presente al Juzgado el documento que acredite su representación. Seguidamente, el 05 de octubre de 2010 (fs. 227), el referido profesional se presentó ante el Juzgado a objeto de dar cumplimiento a la intimación señalada, y expresa que acompañó el respectivo poder autorizante, nuevamente en la constancia del cargo de presentación se observa que no acompañó el documento que se menciona en el escrito por lo que el Juzgado por providencia del 11 de octubre de 2010, fs. 227 vlto. de autos, dispone el desglose del escrito de fs. 221/222, siendo ésta última la resolución cuya revocación pretende el apelante, en base al instrumento que él mismo adjunta a fs. 228/231.------------------------------------------------
Que, lo pretendido por el apelante resulta inviable puesto que existen disposiciones normativas procesales que imponen a quien que invoca la representación de una persona acreditar tal circunstancia con el instrumento respectivo, el cual deberá ser acompañado en el primer escrito, según lo dispuesto en el art. 57 del C.P.C., el cual rige supletoriamente en los procesos laborales. En el presente caso dicho requisito no ha sido acompañado tal como lo prescribe la citada normativa, por lo que el Juzgado procedió a intimarle a que adjunte el respectivo poder autorizante. Sin embargo, el profesional si bien se presenta a fs. 227 a objeto de cumplir con lo ordenado por el Juzgado, vuelve a incurrir en la misma conducta de no acompañar el instrumento respectivo, por lo que el Juzgado lógicamente no reconoce la personería del solicitante y dispone el desglose del escrito de fs. 221 y del sobre que contienen los alegatos.-------------------------------------------------------------
Que, aunque el apelante invoque el poder que él mismo adjunta a los autos en ocasión de presentarse a fs. 235, la circunstancia manifestada por él al expresar que el poder existía y que incluso ha sido otorgado en abril de 2010, es decir, en fecha anterior a la presentación del Abg. Hugo Aponte en el proceso, no resulta atendible, e incluso de considerarse las disposiciones normativas que refieren a la representación procesal se tornarían en la práctica inaplicables y fácilmente soslayables. No hay dudas de que la disposición establecida en el art. 57 del C.P.C. contiene una imposición o carga para quien se presenta al juicio a actuar en nombre de otro, que de no observarse conlleva necesariamente la consecuencia de tener por no presentado al interesado negándosele curso a aquello que por él hubiese sido solicitado, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 87 y 88 del C.O.J.----------------------------------------------
Que, la única excepción a la regla establecida en el art. 57 del C.P.C. constituye la representación sin mandato prevista en el art. 60 del mismo cuerpo legal, disposición también aplicable supletoriamente en el proceso laboral, el cual fue mencionado por el apelante en su escrito de fundamentación del recurso. Sin embargo, la citada figura procesal determina por parte de quien la invoca, el cumplimiento de determinados requisitos tales como acreditar la urgencia del caso y además ofrecer una caución suficiente que deberá formalizar en el plazo que le fije el Juez. En el presente caso, interpretar la actuación del Abg. Hugo Aponte, bajo la referida figura, no es posible en cuanto no se ajusta a los especiales requisitos establecidos en la ley para ello. No se invoca la representación sin mandato ni tampoco se observa que el profesional haya demostrado la necesidad o urgencia del caso para acudir a representar sin el instrumento autorizante. Si bien la presentación del escrito de alegatos constituye una manera de reforzar el ejercicio de sus derechos durante todo el proceso, es un trámite de carácter facultativo no siendo decisivo para el resultado del juicio.----------
Que, en cuanto los argumentos de la parte actora para declarar litigante de mala fe a la demandada tales como: 1) Conducta culposa, negligente y desinteresada; 2) Reiteración de conducta negligente bajo advertencia; 3) Improcedencia de la representación sin mandato, además de mencionar la ilegalidad de las pretensiones e ilegalidad del efecto retroactivo pretendido respecto a la agregación del alegato, es cierto todo lo manifestado por la parte actora, en particular la conducta negligente de la parte demandada y la serie de excesos de su parte con pedidos improcedentes como de reconocimiento de personería sin acompañar el testimonio del poder y otros más.------
Que, es posible admitir que el juicio, por las presentaciones efectuadas, se haya entorpecido, pero a pesar de las desprolijidades, no pasó de ser una conducta culposa, negligente. Es decir, no puede sostenerse válidamente que hubo dolo, por lo que no corresponde reputar al demandado como litigante de mala fe.-----------
Que, no obstante, queda asentado que otra conducta culposa o inconducta procesal de la parte demandada sería pasible de declaración de litigante de mala fe.----------------------------------------------
Que, de los fundamentos expuestos precedentemente, se concluye en que lo dispuesto por el Juez en el apartado tercero de la resolución recurrida, se halla plenamente ajustado a derecho, por lo que corresponde su confirmación, con costas.--------------------------
POR TANTO, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa;-----------------------------
RESUELVE
1.- CONFIRMAR, con costas, el apartado tercero del proveído del 15 de octubre de 2010, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Cuarto Turno, Abg. Luis Barrios Benítez, por los fundamentos expuestos.-------------------------------
2.- ANOTAR y registrar.------------------------------------
Ante mí:
Reconocimiento de Uniòn Aparente
A.I. Nº 721/11/01.-
Encarnación, 3 de noviembre de 2011.-
VISTO: Los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abg. Fredy F. Ortega., contra el A.I. Nº 2695/08/03 del 04 de julio de 2008, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, Abg. Orlando A. Escobar, y;-----------------
CONSIDERANDO
Que, por el auto interlocutorio señalado, el Juez de la causa ha declarado la nulidad de oficio, de las actuaciones a partir del segundo apartado de la providencia del 24 de abril de 2008, obrante a fs. 74 de autos y, dispuso que se notifique a la parte demandada la providencia del 22 de junio de 2006, obrante a fs. 55.---
Que, contra esta resolución se alza el Abg. Fredy F. Ortega, interponiendo los recursos de apelación y nulidad, según reza en la notificación personal al pie de la resolución (fs. 82 vlto.), señalando que desiste del recurso de nulidad y al fundar el recurso de apelación sostiene que la demanda ha sido dirigida contra el Agente Fiscal, ya que en el escrito de la demanda se ha señalado que tanto actor como demandado no tenían hijos comunes, y mucho menos herederos de la sucesión de Félix Martín Fariña, por lo que solicita se revoque la resolución apelada.------------------------------------------------
Que, el Abg. Rubén Contreras Miranda no es parte en el presente juicio, por lo que su presentación de fs. 122 y sus antecedentes y trámites resultan a todas luces inoficiosos. El mismo Juez de la causa, al dictar el A.I. Nº 0146/07/03 del 08 de febrero de 2008, (fs. 63 vlto.) ya lo había expresado en ese sentido.------------
Que, el Agente Fiscal en su Dictamen Nº 2920 del 27 de setiembre de 2010 (fs. 124), se allana a las pretensiones recursivas del apelante, mencionando que el señor Félix Martín Fariña no tuvo descendientes y eventualmente podría declararse como único heredero el señor Jorge Benítez, hijo de la accionante, es decir que no existen otros demandados más que el Ministerio Público, por lo que es de su parecer que se revoque la resolución recurrida.-----------------------
Que, hurgando en las constancias de autos, podemos señalar que a fs. 55 el Juzgado tuvo por iniciado el juicio, que por reconocimiento de unión de hecho promueve la señora Marina Benítez González contra la sucesión de Félix Martín Fariña, ordenando correr traslado de la demanda a la parte demandada, y a fs. 56 el Agente Fiscal, Abg. César R. Cáceres, solicita que se corra traslado primeramente a los herederos de quien en vida fuera Félix Martín Fariña, por providencia del 04 de setiembre de 2006 (fs. 56 vlto.), se mandó hacer saber a los apertores del presente juicio, y por Dictamen Nº 4049 (fs. 62), el representante del Ministerio Público, solicita se dé cumplimiento a lo dispuesto en el art. 732 del C.P.C., en el sentido de denunciar la existencia de otros herederos, se notifique la promoción de la demandada de reconocimiento de unión aparente a los herederos o, en su defecto, se abra la causa a prueba.----------------
Que, de todo cuanto se ha expuesto, y muy a pesar del allanamiento del Agente Fiscal al recurso interpuesto, es posible inferir que la resolución que anula parcialmente el procedimiento a partir de la providencia del 24 de abril de 2008 (fs. 74), se halla bien acogida, desde que, si bien el presunto heredero de la apertora del juicio, señora Marina Benítez González (hoy fallecida), es el señor Jorge Benítez, conforme a la S.D. Nº 1466/2010/01 del 03 de agosto de 2010, dictada por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno, Abg. Diana Scoscería de Sosa (fs. 114), sin embargo no se halla determinado el o los herederos del demandado, señor Félix Martín Fariña, o la reputación de vacancia de la sucesión de referencia, conforme a los arts. 773 del C.P.C. y 2569 del C.C.----
Que, en las condiciones señaladas, corresponde confirmar la resolución recurrida, imponiendo las costas por su orden, en atención a que no hubo oposición a las pretensiones del apelante, aunque el recurso no haya prosperado.-------------------------------------------
POR TANTO, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa;-----------------------------
RESUELVE
1.- TENER POR DESISTIDO al recurrente, del recurso de nulidad.--------------------------------------------------------------
2.- CONFIRMAR el A.I. Nº 2695/08/03 del 04 de julio de 2008, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, Abg. Orlando A. Escobar, por los fundamentos expuestos en la parte analítica de esta resolución.-----------------------------
3.- IMPONER las costas por su orden por los fundamentos expuestos.------------------------------------------------------------
4.- ANOTAR y registrar.------------------------------------
Ante mí:
Encarnación, 3 de noviembre de 2011.-
VISTO: Los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abg. Fredy F. Ortega., contra el A.I. Nº 2695/08/03 del 04 de julio de 2008, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, Abg. Orlando A. Escobar, y;-----------------
CONSIDERANDO
Que, por el auto interlocutorio señalado, el Juez de la causa ha declarado la nulidad de oficio, de las actuaciones a partir del segundo apartado de la providencia del 24 de abril de 2008, obrante a fs. 74 de autos y, dispuso que se notifique a la parte demandada la providencia del 22 de junio de 2006, obrante a fs. 55.---
Que, contra esta resolución se alza el Abg. Fredy F. Ortega, interponiendo los recursos de apelación y nulidad, según reza en la notificación personal al pie de la resolución (fs. 82 vlto.), señalando que desiste del recurso de nulidad y al fundar el recurso de apelación sostiene que la demanda ha sido dirigida contra el Agente Fiscal, ya que en el escrito de la demanda se ha señalado que tanto actor como demandado no tenían hijos comunes, y mucho menos herederos de la sucesión de Félix Martín Fariña, por lo que solicita se revoque la resolución apelada.------------------------------------------------
Que, el Abg. Rubén Contreras Miranda no es parte en el presente juicio, por lo que su presentación de fs. 122 y sus antecedentes y trámites resultan a todas luces inoficiosos. El mismo Juez de la causa, al dictar el A.I. Nº 0146/07/03 del 08 de febrero de 2008, (fs. 63 vlto.) ya lo había expresado en ese sentido.------------
Que, el Agente Fiscal en su Dictamen Nº 2920 del 27 de setiembre de 2010 (fs. 124), se allana a las pretensiones recursivas del apelante, mencionando que el señor Félix Martín Fariña no tuvo descendientes y eventualmente podría declararse como único heredero el señor Jorge Benítez, hijo de la accionante, es decir que no existen otros demandados más que el Ministerio Público, por lo que es de su parecer que se revoque la resolución recurrida.-----------------------
Que, hurgando en las constancias de autos, podemos señalar que a fs. 55 el Juzgado tuvo por iniciado el juicio, que por reconocimiento de unión de hecho promueve la señora Marina Benítez González contra la sucesión de Félix Martín Fariña, ordenando correr traslado de la demanda a la parte demandada, y a fs. 56 el Agente Fiscal, Abg. César R. Cáceres, solicita que se corra traslado primeramente a los herederos de quien en vida fuera Félix Martín Fariña, por providencia del 04 de setiembre de 2006 (fs. 56 vlto.), se mandó hacer saber a los apertores del presente juicio, y por Dictamen Nº 4049 (fs. 62), el representante del Ministerio Público, solicita se dé cumplimiento a lo dispuesto en el art. 732 del C.P.C., en el sentido de denunciar la existencia de otros herederos, se notifique la promoción de la demandada de reconocimiento de unión aparente a los herederos o, en su defecto, se abra la causa a prueba.----------------
Que, de todo cuanto se ha expuesto, y muy a pesar del allanamiento del Agente Fiscal al recurso interpuesto, es posible inferir que la resolución que anula parcialmente el procedimiento a partir de la providencia del 24 de abril de 2008 (fs. 74), se halla bien acogida, desde que, si bien el presunto heredero de la apertora del juicio, señora Marina Benítez González (hoy fallecida), es el señor Jorge Benítez, conforme a la S.D. Nº 1466/2010/01 del 03 de agosto de 2010, dictada por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno, Abg. Diana Scoscería de Sosa (fs. 114), sin embargo no se halla determinado el o los herederos del demandado, señor Félix Martín Fariña, o la reputación de vacancia de la sucesión de referencia, conforme a los arts. 773 del C.P.C. y 2569 del C.C.----
Que, en las condiciones señaladas, corresponde confirmar la resolución recurrida, imponiendo las costas por su orden, en atención a que no hubo oposición a las pretensiones del apelante, aunque el recurso no haya prosperado.-------------------------------------------
POR TANTO, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa;-----------------------------
RESUELVE
1.- TENER POR DESISTIDO al recurrente, del recurso de nulidad.--------------------------------------------------------------
2.- CONFIRMAR el A.I. Nº 2695/08/03 del 04 de julio de 2008, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, Abg. Orlando A. Escobar, por los fundamentos expuestos en la parte analítica de esta resolución.-----------------------------
3.- IMPONER las costas por su orden por los fundamentos expuestos.------------------------------------------------------------
4.- ANOTAR y registrar.------------------------------------
Ante mí:
Cobro de Guaranies
ACUERDO Y SENTENCIA N°65/11/01.-
En Encarnación Paraguay, a un días del mes de junio del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación Primera Sala, de esta Circunscripción Judicial, los Miembros Abogados Sergio Martyniuk Barán, Blas Eduardo Ramírez Palacios y Wilfrido Clemente Rolón Molinas, bajo la presidencia del primero de los nombrados, ante mí, el autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “María Ninfa Bogado Apocada c/ Gerardo Larrosa y otros s/ Cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales”, a objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Abg. Ingrid Paola Ramírez, contra la S.D. Nº 0463/05/2010 del 29 de marzo de 2010, y por la señora María Ninfa Bogado Apodaca, bajo patrocinio de la Abg. Blásida Gómez Obregón, contra la misma resolución, dictada por el Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Quinto Turno, Abog. Juan Casco Amarilla, y;---------------------------------------------------------
CUESTIONES:
¿ESTÁ AJUSTADA A DERECHO,
LA SENTENCIA RECURRIDA?
Practicado el sorteo de Ley, resultó el siguiente orden de votación: Wilfrido Clemente Rolón Molinas, Sergio Martyniuk Barán, Blas Eduardo Ramírez Palacios.----------------------------------------------
A la única cuestión planteada, el Miembro preopinante Abg. Wilfrido Clemente Rolón Molinas, dijo: Que, por la resolución recurrida, el Juez a-quo dispuso: “1.- ADMITIR, con costas, la presente demanda promovida por MARÍA NINFA BOGADO APOCADA contra la empresa ALKYMIA SRL, y sus socios gerentes, los señores GERARDO DARÍO LARROZA FERRARI y FELIPE GASTÓN ARCE LETELIER, por cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales, y consecuentemente, condenar a los mismos, en forma solidaria, a pagar a la actora, la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA GUARANÍES (GS. 14.486.040), dentro del plazo de (05) cinco días de quedar firme y/o ejecutoriada la presente resolución. 2.- REGULAR los honorarios profesionales de la Abogada Blásida Gómez Obregón, dejándolos fijados en la suma de (Gs. 2.716.132) DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS GUARANÍES, en su doble carácter. A dicho monto corresponde agregar el 10% en concepto de IVA, que asciende a la suma de (Gs. 271.613) DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE GUARANÍES, suma que deberá ser entregada a la citada Abogada, en su carácter de agente de retención. 3.- REGULAR los honorarios profesionales de la Abogada INGRID PAOLA RAMÍREZ, dejándolos establecidos en la suma de (Gs. 1.358.066) UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS GUARANÍES, en su doble carácter. A dicho monto corresponde agregar el 10% en concepto de IVA, que asciende a la suma de (Gs. 135.066) CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS GUARANÍES, suma que deberá ser entregada a la citada Abogada, en su carácter de agente de retención. 4.- ANOTAR,…”.-------------------------------------------------------
Que, los agravios de la parte demandada así como de la parte actora se hallan agregados en los términos de los escritos de fs. 114/116 y 119 de autos, respectivamente. Y las contestaciones de los mismos a fs. 118 y 122/123 de autos.----------------------------------
I- Agravios de la Abogada Ingrid Paola Ramírez Acosta en representación de los señores Gerardo Darío Larroza Ferrari y Felipe Gastón Arce Letelier. -------
Que, expresa que el Juez a-quo ha decidido admitir la presente demanda, desechando e infravalorando las pruebas aportadas por su parte, y que demuestran que en el presente caso nunca ha existido despido injustificado atribuible a sus mandantes, y por el contrario, la relación laboral ha concluido con la renuncia voluntaria presentada por la señora María Ninfa Bogado Apocada. Prosigue señalando que el agravio se traduce en dos situaciones específicas: 1) La renuncia de la señora María Ninfa Bogado Apocada fue documentada por escrito y refrendada por su firma, sin embargo el a-quo sostiene que no se ha cumplido con las formalidades exigidas para el efecto; y 2) El despido injustificado es uno de los extremos que debe probarse irremediablemente en un proceso laboral, con el agregado de que la “carga de la prueba” descansa sobre el demandante. Concluye expresando la recurrente que, al no ser probada la existencia del despido injustificado, la presente demanda debió haberse rechazado, máxime aún cuando se han presentado los documentos que acreditan la falsedad de lo alegado por la demandante. Solicita finalmente la revocación de la resolución recurrida, con costas.-------------------------------------
Que, la actora contesta los agravios expresando que el Juzgado ha hecho lugar a la demanda ajustándose a las pruebas que las partes han aportado, y que las firmas de la actora contenidas en los documentos presentados han sido desconocidas, no habiéndose ocupado ésta en desvirtuar tal hecho. Asimismo, indica que al no darse validez a los documentos que supuestamente instrumentaban la desvinculación voluntaria de su mandante de su lugar de trabajo, y al confesar que María Ninfa Bogado Apodaca era trabajadora de los demandados, quienes no cumplieron con sus obligaciones laborales, está muy claro que el despido fue injustificado.--------------------------------------------
Agravios de la Abogada Blásida Gómez Obregón en representación de la señora María Ninfa Bogado Apodaca.-----------------------------------
Que, manifiesta que su parte no puede ser perjudicada al negársele el cobro de las horas extras trabajadas, ya que la parte demandada no ha cumplido con las imposiciones legales para el tipo de actividad desarrollada al no registrar dichas horas extras y no pagarle. Igualmente, solicita una indemnización compensatoria en la escala máxima establecida (20%), sobre el monto de la condena, por el perjuicio ocasionado en el incumplimiento de sus obligaciones para con la trabajadora. Finaliza peticionando que, en consecuencia, se ajusten los honorarios profesionales de las abogadas intervinientes, con expresa condenación en costas a la demandada.-------------------------
Que, la parte demandada contesta los agravios e indica, invocando jurisprudencia y doctrina laboral, que la comprobación de los trabajos realizados en horas extras debe estar sometida a un régimen más exigente, pues el reclamo que pueden hacer los trabajadores al respecto se presta a abusos, máxime cuando generalmente se demanda su pago acumulado a través de mucho tiempo cuando se produce la ruptura violenta de las relaciones de trabajo. Continúa señalando que en este caso la demandante no presentó pruebas suficientes para crear una sólida convicción de que ha laborado esas horas extras por lo que finaliza solicitando el rechazo del recurso de apelación planteado por su contraparte.-------------------------------
Que, en el caso de autos, la existencia de la relación de trabajo no está controvertida, sólo existe discrepancia respecto a la ruptura del vínculo laboral que, por un lado, según lo sustenta la parte demandada, fue como consecuencia de la presentación de “renuncia”, y por el otro lado, y según lo afirma la actora, fue por despido injustificado.------------------------------------------------
Que, cabe expresar en primer lugar que, como bien lo ha indicado el Juez a-quo, la “renuncia” como causa de terminación de la relación laboral no se encuentra legislada de manera expresa, ello en base al principio de irrenunciabilidad de derechos por parte del trabajador. Sin embargo, no es esta la situación que se da en caso de renuncia al empleo, porque no implica una renuncia a sus derechos y existe una compensación con las obligaciones que tiene el trabajador frente al empleador. El trabajador tiene la posibilidad de disolver el vínculo contractual por propia y exclusiva voluntad, siempre que el mismo no se halle viciado y sea de manera expresa. Como consecuencia de esta falta de legislación, tampoco se hallan establecidas las exigencias formales para que la misma sea configurada con certeza y seguridad para las partes, tal como lo prevé el art. 78 inc. b) del C.L. para el caso de existir mutuo consentimiento.--------------------
Que, la parte demandada alega que la trabajadora decidió concluir con la relación laboral por voluntad unilateral, y en su escrito de contestación (fs. 27 de autos) afirma categóricamente que la señora María Ninfa Bogado Apocada “…presentó su renuncia e igualmente solicitó se le exonere del periodo de preaviso legal…” (sic) y acompaña la documental a fs. 25/26 de autos. Empero, la actora ha negado en su escrito de contestación, obrante a fs. 31 de autos, que tanto el contenido como la firma estampada en la nota de renuncia son falsas. Y, efectivamente, esta aserción ha sido confirmada en el acta de reconocimiento de firmas de fs. 79 de autos, en la cual la actora ha negado tanto la firma contenida en el escrito de renuncia como en el recibo de dinero agregados en autos. El procedimiento laboral prevé reglas claras para determinar la eficacia probatoria de los documentos privados. Así, el art. 158 del C.P.L. dice: “Cuando se agreguen documentos privados, cuyo contenido o firma se atribuya a una de las partes, su autor será citado para que los reconozca…”, y según el art. 159 del mismo cuerpo legal tenemos que: “Negada la autenticidad de la firma, si la parte que ha presentado el documento insiste en su validez, se procederá al examen pericial del mismo”. En este caso, las firmas fueron negadas por la actora y fue la parte demandada la que insistió en que las firmas obrantes en los documentos pertenecían a la señora María Ninfa Bogado Apocada, correspondía entonces a los empleadores solicitar la prueba pericial correspondiente a fin de determinar con exactitud la autoría de dichas firmas.---------------------------------------------------------------
Que, por otro lado, el despido injustificado es un hecho cuya demostración, en principio, corresponde al trabajador. Al haber reconocido la parte demandada la existencia de la relación laboral, y negado el despido injustificado alegado por la actora, opera la inversión de la carga de la prueba, debiendo en este caso la patronal acreditar que la ruptura del vínculo laboral se ha producido por la circunstancia alegada por su parte. Que, en el caso sub-examine, la autenticidad de los documentos –medio probatorio del fundamento de la demandada- no quedó demostrada en autos ya que la parte interesada no solicitó el examen pericial de los mismos, por lo tanto no se acreditaron ni la renuncia ni el pago alegado. En estas condiciones debe estarse, pues, al despido injustificado alegado por el trabajador al no acreditar la empleadora la renuncia del trabajador por la vía establecida en el art. 158 del C.P.L. respecto del documento que acompañó, ni al obtener una confesión del trabajador en este sentido.-
Que, en base a la fundamentación expuesta, y a los análisis realizados precedentemente, corresponde que este punto de la sentencia recurrida sea confirmado.---------------------------------------------
Que, en relación al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, cabe mencionar en cuanto a las horas extras reclamadas que el reconocimiento de este rubro laboral está sujeto a un estricto régimen en la apreciación de las pruebas, por tratarse de condiciones excepcionales en una relación laboral, las que deben ser plenas y concretas, a fin de llevar el ánimo del Juzgador a la absoluta certeza de la procedencia de tales reclamos, y no resulta suficiente que el trabador alegue haber trabajado horas extras para que se le reconozca dicho concepto, pues resulta presunción en contra el no haber reclamado su pago oportunamente.--------------------------------------
Que, las horas extras reclamadas por la representante convencional de la parte actora en su escrito de demanda, no han sido comprobadas por ningún medio, limitándose la misma a su mera petición. Por lo tanto, considero correctas las afirmaciones y la conclusión esgrimida por el inferior, en el sentido de la falta de pruebas de la realización de las mismas, por lo que también este punto de la sentencia debe quedar confirmado.-------------------------------
Que, la trabajadora pretende, asimismo, el cobro de las indemnizaciones establecidas en el art. 233 del C.P.L., justificando que el despido le ha ocasionado un perjuicio. En autos no se ha desvirtuado que la iniciación y prosecución del presente juicio se debe a la negativa de la empleadora a cumplir con sus obligaciones legales, como ser el pago de preaviso, indemnización, vacaciones y aguinaldo, por lo que corresponde la aplicación de la indemnización complementaria. En cuanto al porcentaje a ser aplicado sobre el monto de la condena en este concepto, atendiendo a las particularidades del presente juicio, la conducta procesal de la parte demandada y el tiempo de duración del juicio hasta el dictado de la sentencia, resulta apropiado dejarlo establecido en el 5% sobre el monto de la condena.--------------------------------------------------------------
Que, en estas condiciones, cabe confirmar la resolución recurrida por los fundamentos expuestos, con la precedente modificación del rubro de indemnización compensatoria, quedando la liquidación en Guaraníes quince millones doscientos diez mil trescientos cuarenta y dos (G. 15.210.342).---------------------------
Que, asimismo corresponde retasar los honorarios profesionales de primera instancia de las abogadas intervinientes, quedando establecidos de la siguiente forma: -------------------------
Que, los honorarios de la Abg. Blásida Gómez Obregón, en representación de la parte actora, en su doble carácter de patrocinante y procuradora por los trabajos realizados en la anterior instancia, quedan establecidos en la suma de Guaraníes dos millones ochocientos cincuenta y un mil novecientos treinta y nueve (G. 2.851.939), más el 10% en concepto de I.V.A.; y a la Abg. Ingrid Paola Ramírez, en representación de la parte demandada, en su doble carácter de patrocinante y procuradora por los trabajos realizados en la anterior instancia, le corresponde la suma de Guaraníes un millón cuatrocientos veinticinco mil novecientos sesenta y nueve (G. 1.425.969), más el 10% en concepto de I.V.A.--------------------------
Que, en relación a la regulación de honorarios en esta instancia debe quedar establecida como sigue: a la Abg. Blásida Gómez Obregón, en su doble carácter de patrocinante y procuradora, le corresponde la suma de Guaraníes ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta Y uno (G. 855.581), más el 10% en concepto de I.V.A.; y a la Abg. Ingrid Paola Ramírez, en carácter de procuradora, la suma de Guaraníes cuatrocientos veintisiete mil setecientos noventa (Gs. 427.790), más el 10% en concepto de I.V.A.-----------------------
Que, en cuanto a las costas, cabe imponerlas a la parte demandada en base a lo dispuesto en el art. 232 del Código Procesal del Trabajo. Es mi voto.----------------------------------------------
A sus turnos los Miembros Abogados Sergio Martyniuk Barán y Blas Eduardo Ramírez Palacios, dijeron: Que, se adhieren al voto del preopinante por los mismos fundamentos expuestos.---------------------
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando ante mí, los señores Miembros quedando acordada la sentencia siguiente: ----------------
Ante mí:
SENTENCIA DEFINITIVA Nº_______ 11/01.-
Encarnación, de junio de 2011.-
VISTO: El mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa,-----------------------------------
RESUELVE
1.- CONFIRMAR, con costas, la S.D. Nº 0463/05/2010 del 29 de marzo de 2010, dictada por el Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Quinto Turno, Abog. Juan Casco Amarilla, quedando modificado el monto de la condena en la suma de Guaraníes quince millones doscientos diez mil trescientos cuarenta y dos (G. 15.210.342), conforme a los fundamentos expuestos.------------
2.- RETASAR los honorarios profesionales regulados en la primera instancia, quedando éstos establecidos en la suma siguiente: a) Para la Abg. Blásida Gómez Obregón, en representación de la parte actora, en su doble carácter de patrocinante y procuradora, la suma de Guaraníes dos millones ochocientos cincuenta y un mil novecientos treinta y nueve (G. 2.851.939), más el 10% en concepto de I.V.A.; b) Para la Abg. Ingrid Paola Ramírez, en representación de la parte demandada, en su doble carácter de patrocinante y procuradora, la suma de Guaraníes un millón cuatrocientos veinticinco mil novecientos sesenta y nueve (G. 1.425.969), más el 10% en concepto de I.V.A.------
3.- REGULAR los honorarios profesionales por los trabajos realizados en esta instancia, quedando establecida como sigue: a) Para la Abg. Blásida Gómez Obregón, en su doble carácter de patrocinante y procuradora, la suma de Guaraníes ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta Y uno (G. 855.581), más el 10% en concepto de I.V.A.; b) Para la Abg. Ingrid Paola Ramírez, en carácter de procuradora, la suma de Guaraníes cuatrocientos veintisiete mil setecientos noventa (Gs. 427.790), más el 10% en concepto de I.V.A.---
4.- ANOTAR, y registrar.-----------------------------------
Ante mí:
Particion de condominio
A.I. Nº669/11/01.-
Encarnación, 12 de octubre de 2011.-
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la Abg. María Elisa Gómez de Ortiz, contra la providencia del 20 de junio de 2011, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, Abg. Orlando A. Escobar, y;----------------------------
CONSIDERANDO
Que, la Abg. María Elisa Gómez, fundamenta el recurso de apelación contra la providencia del 20 de junio de 2011 que dispuso: “Ocurra en forma”, manifestando que se ha planteado el juicio de partición de condominio entre su mandante y el demandado, señor Hugo Alberto Olmedo Silvero, habida cuenta que los mismos tenían una relación de pareja por un tiempo prolongando de aproximadamente diecisiete años, lapso en el cual se había logrado por el esfuerzo común adquirir una casa-vivienda ubicada en el centro urbano de la ciudad de Jesús. Señala que con relación a las instrumentales acompañadas a la demanda el Juzgado no les ha dado trámite, habiéndose dictado la providencia recurrida. Continúa indicando que en su escrito presentado se ha explicado al Juzgado la situación jurídica de su mandante que le imposibilita recurrir a la justicia por vía de la figura de la “unión de hecho”, puesto que para ello debe estar en una posición personal que pueda unirse en matrimonio con otra persona, situación que no la tiene por estar vinculada en matrimonio subsistente con su marido, el señor Miguel Ángel Velázquez, que ni siquiera se conoce su paradero .--------------------------------------
Que, sigue manifestando que el Juzgado omite dar siquiera explicación fundada de los motivos por los cuales se niega a dar trámite a la única salida legal para reclamar sus derechos patrimoniales, y pide a este Tribunal remedie tal negativa a fin de debatirse conforme a derecho en un juicio ordinario. Fundamentalmente, solicita se revoque sin más trámite la providencia dictada, ordenando la tramitación del planteamiento.-------------------------------------
Que, estudiado el presente caso, se advierte que la acción instaurada es de declaración de condominio por la señora María Antonia Servián Leguizamón en contra del señor Hugo Alberto Olmedo Silvero.---
Que, la accionante manifiesta que hizo vida de pareja con el demandado durante diecisiete años en forma ininterrumpida en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y otro tiempo en Paraguay, para que en determinado momento, el señor Hugo Olmedo Silvero pueda volver para trabajar. De la relación nacieron dos hijos, Hugo Alberto y Marcos Gabriel Olmedo Servián.-----------------------------------------------
Que, en el año 1998 aproximadamente, el demandado trajo toda la plata (de Argentina) para iniciar la construcción de la casa. La señora María Antonia Servián viajaba permanentemente para ver a sus hijos y dejar dinero para sobrellevar los gastos de manutención y también para continuar con la construcción de la casa que se terminó en el año 2009/2010. Cuando se gestó el segundo hijo, tuvo que volver a la localidad de Jesús para regresar nuevamente a Argentina, cuando éste hijo tenía un año nueve meses, pero el menor se quedó con el padre ya en la casa semi-terminada con fruto del trabajo de la mujer, ya que el señor Olmedo casi no tenía ingreso para la construcción.----
Que, la casa-vivienda, ubicada en el centro de Jesús en el terreno arrendado de la Municipalidad, se halla inscripta a nombre del demandado, evidenciando su intención de adueñarse en forma definitiva de la casa. Respecto de la copia del plano de la misma, expresa que se solicitará informe si a nombre de quién se halla el solar, si se cumple regularmente el pago del arrendamiento, si existe construcción. También expresó que entre la pareja se produjeron actos violentos y que denunció este hecho. Concluye al solicitar se dicte sentencia declarando que el bien construido en el solar municipal sea declarado en condominio.--------------------------------------------------------
Que, de lo expuesto tenemos que:---------------------------
1) La recurrente en su presentación acompañó las fotografías de la casa, con las que prueba la existencia de la construcción, el comprobante de pago de tasas a la Municipalidad de Jesús, actas de nacimiento de los hijos menores nacidos de la vida en común con el señor Hugo Olmedo Silvero.-------------------------------
2) Las manifestaciones de la recurrente en las que indica que el inmueble (terreno) es arrendado de la Municipalidad de Jesús.---
Que, de lo expresado es evidente que la providencia se halla ajustada a derecho, siendo la recurrente y el demandado simples arrendatarios del inmueble, y la institución jurídica del condominio afecta solamente a los condóminos o copropietarios y nunca al arrendatario.---------------------------------------------------------
Que, los documentos acompañados carecen de toda relevancia a los fines de la presente acción judicial de partición de condominio.-----------------------------------------------------------
Que, en la Segunda Instancia la recurrente informa que está unida en matrimonio con otra persona (Miguel Antonio Velázquez), cuyo paradero desconoce, subsistiendo el vínculo matrimonial que le impide recurrir a la vía del reconocimiento de unión de hecho, según sugerencia de los funcionarios de la secretaría. Que, el vínculo matrimonial en nada incide en un juicio como el presente, que es de carácter real.--------------------------------------------------------
Que, la recurrente, como se expresó en Primera Instancia, deberá recurrir en forma o, expresado en otros términos, por la vía que corresponda.------------------------------------------------------
Que, por los fundamentos expuestos, corresponde confirmar, con costas, la providencia recurrida.---------------------------------
POR TANTO, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa;-----------------------------
RESUELVE
1.- CONFIRMAR, con costas, la providencia del 20 de junio de 2011, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, Abg. Orlando A. Escobar, por los fundamentos expuestos, debiendo la apelante recurrir por la vía procesal idónea.--
2.- ANOTAR y registrar.------------------------------------
Ante mí:
Encarnación, 12 de octubre de 2011.-
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la Abg. María Elisa Gómez de Ortiz, contra la providencia del 20 de junio de 2011, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, Abg. Orlando A. Escobar, y;----------------------------
CONSIDERANDO
Que, la Abg. María Elisa Gómez, fundamenta el recurso de apelación contra la providencia del 20 de junio de 2011 que dispuso: “Ocurra en forma”, manifestando que se ha planteado el juicio de partición de condominio entre su mandante y el demandado, señor Hugo Alberto Olmedo Silvero, habida cuenta que los mismos tenían una relación de pareja por un tiempo prolongando de aproximadamente diecisiete años, lapso en el cual se había logrado por el esfuerzo común adquirir una casa-vivienda ubicada en el centro urbano de la ciudad de Jesús. Señala que con relación a las instrumentales acompañadas a la demanda el Juzgado no les ha dado trámite, habiéndose dictado la providencia recurrida. Continúa indicando que en su escrito presentado se ha explicado al Juzgado la situación jurídica de su mandante que le imposibilita recurrir a la justicia por vía de la figura de la “unión de hecho”, puesto que para ello debe estar en una posición personal que pueda unirse en matrimonio con otra persona, situación que no la tiene por estar vinculada en matrimonio subsistente con su marido, el señor Miguel Ángel Velázquez, que ni siquiera se conoce su paradero .--------------------------------------
Que, sigue manifestando que el Juzgado omite dar siquiera explicación fundada de los motivos por los cuales se niega a dar trámite a la única salida legal para reclamar sus derechos patrimoniales, y pide a este Tribunal remedie tal negativa a fin de debatirse conforme a derecho en un juicio ordinario. Fundamentalmente, solicita se revoque sin más trámite la providencia dictada, ordenando la tramitación del planteamiento.-------------------------------------
Que, estudiado el presente caso, se advierte que la acción instaurada es de declaración de condominio por la señora María Antonia Servián Leguizamón en contra del señor Hugo Alberto Olmedo Silvero.---
Que, la accionante manifiesta que hizo vida de pareja con el demandado durante diecisiete años en forma ininterrumpida en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y otro tiempo en Paraguay, para que en determinado momento, el señor Hugo Olmedo Silvero pueda volver para trabajar. De la relación nacieron dos hijos, Hugo Alberto y Marcos Gabriel Olmedo Servián.-----------------------------------------------
Que, en el año 1998 aproximadamente, el demandado trajo toda la plata (de Argentina) para iniciar la construcción de la casa. La señora María Antonia Servián viajaba permanentemente para ver a sus hijos y dejar dinero para sobrellevar los gastos de manutención y también para continuar con la construcción de la casa que se terminó en el año 2009/2010. Cuando se gestó el segundo hijo, tuvo que volver a la localidad de Jesús para regresar nuevamente a Argentina, cuando éste hijo tenía un año nueve meses, pero el menor se quedó con el padre ya en la casa semi-terminada con fruto del trabajo de la mujer, ya que el señor Olmedo casi no tenía ingreso para la construcción.----
Que, la casa-vivienda, ubicada en el centro de Jesús en el terreno arrendado de la Municipalidad, se halla inscripta a nombre del demandado, evidenciando su intención de adueñarse en forma definitiva de la casa. Respecto de la copia del plano de la misma, expresa que se solicitará informe si a nombre de quién se halla el solar, si se cumple regularmente el pago del arrendamiento, si existe construcción. También expresó que entre la pareja se produjeron actos violentos y que denunció este hecho. Concluye al solicitar se dicte sentencia declarando que el bien construido en el solar municipal sea declarado en condominio.--------------------------------------------------------
Que, de lo expuesto tenemos que:---------------------------
1) La recurrente en su presentación acompañó las fotografías de la casa, con las que prueba la existencia de la construcción, el comprobante de pago de tasas a la Municipalidad de Jesús, actas de nacimiento de los hijos menores nacidos de la vida en común con el señor Hugo Olmedo Silvero.-------------------------------
2) Las manifestaciones de la recurrente en las que indica que el inmueble (terreno) es arrendado de la Municipalidad de Jesús.---
Que, de lo expresado es evidente que la providencia se halla ajustada a derecho, siendo la recurrente y el demandado simples arrendatarios del inmueble, y la institución jurídica del condominio afecta solamente a los condóminos o copropietarios y nunca al arrendatario.---------------------------------------------------------
Que, los documentos acompañados carecen de toda relevancia a los fines de la presente acción judicial de partición de condominio.-----------------------------------------------------------
Que, en la Segunda Instancia la recurrente informa que está unida en matrimonio con otra persona (Miguel Antonio Velázquez), cuyo paradero desconoce, subsistiendo el vínculo matrimonial que le impide recurrir a la vía del reconocimiento de unión de hecho, según sugerencia de los funcionarios de la secretaría. Que, el vínculo matrimonial en nada incide en un juicio como el presente, que es de carácter real.--------------------------------------------------------
Que, la recurrente, como se expresó en Primera Instancia, deberá recurrir en forma o, expresado en otros términos, por la vía que corresponda.------------------------------------------------------
Que, por los fundamentos expuestos, corresponde confirmar, con costas, la providencia recurrida.---------------------------------
POR TANTO, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa;-----------------------------
RESUELVE
1.- CONFIRMAR, con costas, la providencia del 20 de junio de 2011, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, Abg. Orlando A. Escobar, por los fundamentos expuestos, debiendo la apelante recurrir por la vía procesal idónea.--
2.- ANOTAR y registrar.------------------------------------
Ante mí:
Cobros de Guaranies
A.I. Nº94/12/01.-
Encarnación, 28 de febrero de 2012.-
VISTO: Los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abg. Luis Manuel Sarquis, contra la S.D. Nº 2294/2011/01 del 01 de diciembre de 2011, dictada por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno, Abg. Edith Diana Scoscería de Sosa, y;-----------------------------------------------------------
CONSIDERANDO
Que, a fs. 281 de autos el Juzgado inferior concedió los recursos interpuestos por el recurrente contra la S.D. Nº 2294/2011/01 del 01 de diciembre de 2011 y contra la S.D. Nº 2374/2011/01 el 13 de diciembre de 2011, esta última aclaratoria de la anterior.------------
Que, sin embargo, analizados estos autos, se constata que el Abg. Luis Manuel Sarquis solo interpuso los recursos contra la S.D. Nº 2294/2011/01 del 01 de diciembre de 2011, según se desprende de la notificación al pie (fs. 277 vlto.), y no lo hizo con relación a la resolución aclaratoria, S.D. Nº 2374/2011/01 el 13 de diciembre de 2011.-----------------------------------------------------------------
Que, por lo expuesto, corresponde declarar mal concedidos los recursos de apelación y nulidad que fueran concedidos por el inferior, con relación a la S.D. Nº 2374/2011/01 el 13 de diciembre de 2011. Y con relación a los recursos interpuestos contra la S.D. Nº 2294/2011/01 del 01 de diciembre de 2011, cabe mandar a la parte recurrente que exprese agravios, y se notifique personalmente o por cédula.---------------------------------------------------------------
POR TANTO, el Tribunal de Apelación, Primera Sala, de Circunscripción Judicial de Itapúa,-----------------------------------
RESUELVE
1.- DECLARAR MAL CONCEDIDOS los recursos de apelación y que fueran concedidos por el Juzgado inferior, contra la S.D. Nº 2374/2011/01 el 13 de diciembre de 2011, dictada por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno, Abg. Edith Diana Scoscería de Sosa, conforme a los fundamentos y alcances expuestos en el exordio de esta resolución.---------------------------
2.- EXPRESE AGRAVIOS, notifíquese personalmente o por cédula.---------------------------------------------------------------
3.- ANOTAR y registrar.------------------------------------
Ante mí:
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