lunes, 28 de noviembre de 2016

Hecho punible de homicidio culposo

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 0247 /07/01.-

En Encarnación, Paraguay, a treinta y un días de diciembre de dos mil siete, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación Primera Sala, de esta Circunscripción Judicial, los Miembros Abogados, Sergio Martyniuk Barán, Blas Eduardo Ramírez Palacios y Wilfrido Clemente Rolón Molinas bajo la Presidencia del primero de los nombrados, ante mí, el autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “M.A.F.- y A.M. s/ Sup. – hecho punible de homicidio culposos en Tomás Romero Pereira”, a objeto de resolver el recurso de apelación especial interpuesto por el Abogado BLAS ZORRILLA ALDANA por la defensa de A.C.M.V. y las Abogadas LIDA VERA DE ROJAS Y CARMEN ROSA FLORES DE DUTRA por la defensa de MARIA ANGELA FLORES, contra la totalidad de la S.D. Nº 0103/07/T.S. de fecha 27 de septiembre de 2007, dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado conformado por los Jueces Guillermo Skanata Gamon, Cesar Daniel Delgadillo y Fausto Cabrera Riquelme.

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelación, resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:

ES COMPETENTE ESTE TRIBUNAL PARA ENTENDER EN LA CUESTIÓN PLANTEADA?

ES ADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN EN LA FORMA INTERPUESTA?

EN SU CASO, ESTA AJUSTADA A DERECHO LA SENTENCIA Y CUAL ES LA SOLUCIÓN DEL PLANTEO?

Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Abog. Wilfrido Clemente Rolón Molinas, con C.I. Nº 292.292, Abog. Blas Eduardo Ramírez Palacios, con C.I. Nº 741.605 y Abog. Sergio Martyniuk Barán, con C.I. Nº 292.792.

A la primera cuestión el miembro preopinante, Abog. Wilfrido Clemente Rolón Molinas, dijo: Que, en conformidad a lo dispuesto por el art. 40 inc. 1), del C.P.P., este Tribunal es competente para estudiar las actuaciones elevadas por el Presidente del Tribunal de Sentencia en la presente causa Abogado Guillermo Skanata Gamón, por lo que debe proseguirse con el estudio del siguiente planteamiento. Es mi voto.

A sus turnos, los Miembros Abogados Blas Eduardo Ramírez Palacios y Sergio Martyniuk Barán, manifestaron: Que, se adhieren al voto del preopinante por los mismos fundamentos.-

A la segunda cuestión el miembro preopinante, Abog. Wilfrido Clemente Rolón Molinas, dijo: Que, recibidas las actuaciones, este Tribunal debe examinar y determinar si concurren los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación general, interpuesto por la parte querellante y la defensa, en cuanto: a) interés legítimo; b) modo, forma y tiempo de su interposición, c) si existe contradicción y d) si las alegaciones que se refieren a la procedencia del recurso son suficientemente fundadas y cual es la solución que se pretende.-

Que, encuentro que se hallan reunidos los requisitos señalados en las hipótesis mencionadas y corresponde que este Tribunal examine si en la sentencia se han incurrido en algún marginamiento de principios sustanciales o vicios de actividad que se deben preservar para su validez. En consecuencia, considero que debe declararse la admisibilidad formal del recurso, por ajustarse a las disposiciones de los artículos 466, 467 y 468 del Código Procesal Penal, debiendo procederse al estudio de las demás cuestiones. Es mi voto.-

A sus turnos, los Miembros Abogados Blas Eduardo Ramírez Palacios y Sergio Martyniuk Barán, manifestaron: Que, se adhieren al voto del preopinante por los mismos fundamentos.-

A la tercera cuestión planteada el miembro preopinante, Abog. Wilfrido Clemente Rolón Molinas, prosiguió diciendo: Que, por la S.D. Nº 0103/07/T.S. de fecha 27 de septiembre de 2007, el Tribunal de Sentencia Colegiado, resolvió: 1°) DECLARAR la competencia del Tribunal de Sentencia, sede Encarnación, integrado por los jueces titulares Abogados GUILLERMO SKANATA GAMON, CESAR DANIEL DELGADILLO Y FAUSTO CABRERA RIQUELME, para entender y juzgar en la presente causa. 2°) DECLARAR la comprobación de la existencia del hecho punible de HOMICIDIO CULPOSO. 3°) DECLARAR la comprobación de la autoría de las acusadas M.A.F. DE E. y A.C.M.V., en el hecho punible de HOMICIDIO CULPOSO, ocurrido en fecha 18 de enero de 2.006, en la localidad de María Auxiliadora del cual fuere víctima I.B. madre del feto fallecido, subsumiéndose la conducta delictual de las mismas dentro de las disposiciones del artículo 107 en concordancia con el 29 inc. 2° del Código Penal. 4°) CONDENAR a las acusadas a) M.A.F. DE E., sin sobrenombre o apodo, de nacionalidad paraguaya, casada, de 49 años de edad, auxiliar en enfermería, nacida en fecha 22 de agosto de 1956 en Encarnación, hija de ANTONIO FLORES (+) y ROBUSTIANA SOSA, domiciliada en el Barrio San Juan de María Auxiliadora distrito de Tomas Romero Pereira, departamento de Itapúa, con C.I. N° 825.256, b) A.C.M.V., sin sobrenombre, paraguaya, soltera, 40 años de edad, Lic. en enfermería y obstetricia, nacida en fecha 05 de diciembre de 1.965 en Itacurubí de la Cordillera, hija de SEGUNDO MEDINA y de JUANA VERA, domiciliada en el barrio San Juan de María Auxiliadora, distrito de Tomas Romero Pereira, departamento de Itapúa, con C.I. N° 1.253.726, a la pena privativa de libertad de TRES años y seis meses, quienes deberán cumplirla una vez que quede firme en el Centro de Rehabilitación Social de Itapúa, en libre comunicación y a disposición del Juez de Ejecución. 5°) IMPONER las costas a las condenadas. 6°) ELEVAR un ejemplar de la presente resolución al Superior Tribunal de Justicia Electoral. 7°) ANOTAR,…”.

Que, en cuanto a la solicitud de fijación de audiencia de prueba o fundamentación, corresponde no hacer lugar tomando en cuenta las disposiciones del art. 472 del C.P.P, atendiendo a que no se ha ofrecido prueba a producir.-

Que, los agravios expuestos (fs. 65/74 E.J.) por el Abogado BLAS ZORRILLA ALDANA por la defensa de A.C.M.V. se resumen en: a) inaplicabilidad formal del art. 107 del Código Penal, explicando que el homicidio es una expresión entendida como “muerte causada a una persona por otra”, conforme lo define el diccionario de la lengua española, concepto este recogido en las disposiciones de los artículos 105 y 107 del Código Penal, que en las partes pertinentes de los mismos respecto a la definición de HOMICIDIO expresan: “El que matara a otro…”, y “el que por acción culposa causara la muerte de otro…”, establecen claramente que el sujeto pasivo o víctima de un hecho de homicidio es una persona previamente viva que luego resulta muerta y que es definido como el “otro”, mencionado en los artículos 105 y 107 del Código Penal, el concepto jurídico de persona física viva, está regulado por las prescripciones del art. 28 al 35 del Código Civil, que distinguen sus capacidades de derecho conforme a su nacimiento con vida o no. La vida jurídica de una persona es el tiempo trascurrido entre su nacimiento y su muerte, los cuales conforme al artículo 35 del Código Civil “Se probarán por los testimonios de las partidas y certificados auténticos expedidos por el Registro del Estado Civil”. En el Derecho Penal, para la protección del bien jurídico VIDA, igual que en el Derecho Civil, también se distingue claramente dos etapas de vida: 1) El período desde la concepción hasta el nacimiento con vida, y 2) desde el nacimiento con vida hasta su muerte. El periodo comprendido desde la concepción, la persona por nacer, llamado feto, es protegido por intermedio de los tipos legales que castigan el ABORTO, las cuales están previstos en el anexo del artículo 323 del Código Penal, en tanto que los tipos legales que castigan la muerte de una persona, posterior a su nacimiento con vida, son los tipos legales del homicidio doloso, culposo, previsto en los art. 105 y 107 del Código Penal. Por lo tanto, la aplicación de los art. 105 y 107 del Código Penal para casos de la muerte de un feto, es una errónea aplicación de preceptos legales, pues si acaeciere la muerte de un feto, tanto por acción dolosa o por culposa de una persona, corresponderá la aplicación de los art. 349 al 353 del Código Penal promulgado el 18 de junio de 1914, vigente conforme disposición del art. 323 del Código Penal. Asimismo, como el art. 17 inc. 1) del Código Penal establece: “Cuando la ley no sancionara expresamente la conducta culposa, será punible solo la conducta dolosa”, y como en las disposiciones mencionadas que castigan el aborto sólo se encuentran previstos como tipo penal el aborto doloso y no el aborto culposo, entonces la posible causación de un aborto culposo no será punible, b) inaplicabilidad material del art. 107 del Código Penal, el art. 107 del Código Penal en su parte pertinente expresa: “El que por acción culposa causara la muerte de otro, será castigado con…”. Esta disposición no define cual es la acción culposa que puede realizarse, no definen cual es el deber de cuidado que debe observarse. Estas características de la ley, exigen que en cada situación, o sea en cada caso concreto que se juzgue, se requiere concretar cual es el deber de cuidado que incumbía al autor. Es preciso, por lo tanto, definir el deber de cuidado una vez conocidas concretamente las circunstancias en las que se desarrolló la acción. La tipicidad de dicha acción se determinará entonces, mediante la comparación de la acción realizada con la exigida por el deber de cuidado, en la situación concreta. La definición del deber concreto de cuidado, exigir, decidir qué circunstancias deberán tomarse en cuenta a estos efectos. Que debe tenerse en cuenta además el riesgo permitido. Puede hablarse, en consecuencia, de un riesgo permitido, es decir, de la tolerancia social de un cierto grado de riesgo para los bienes jurídicos, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se desarrolla la acción. Que en el caso concreto, debe determinarse entonces cual es la acción debida, es decir, cuales son los conocimientos, técnicas aplicables y experiencias del arte de la obstetricia, que deben observarse o son habituales para la concreción de cualquier parto natural, además de los riesgos propios del parto, para posteriormente determinar si el resultado puede ser imputado objetivamente a la conducta realizada. Que en esta causa, el Ministerio Público no ha demostrado en absoluto cuales son las reglas de la obstetricia que debe observarse o cual era del deber de cuidado que debían observar las acusadas; en cambio si lo ha hecho la defensa. En ese sentido se han ofrecido pericias y testimoniales adecuadas como para que el Tribunal de Sentencia pueda ilustrarse acabadamente cuales son los conocimientos, técnicas aplicables y experiencias del arte de la obstetricia, ofreciendo las declaraciones testificales de reconocidos profesionales, tales como el Médico Gineco Obstetra, DR. JOSE OVIDIO BENJAMIN FERNANDEZ, la LIC. en ENFERMERIA y OBSTETRICIA LELYS BENITEZ, y ZULMA ROLON SERVIAN, quienes ilustraron acabadamente al Tribunal de Sentencia cuales son las técnicas, reglas, experiencias concretas de cómo se realiza un parto en la localidad de María Auxiliadora. c) Arbitrariedad de la Sentencia Definitiva por insuficiencia de fundamentación: De conformidad a las disposiciones del art. 403 inc. 4) del C.P.P. una sentencia es arbitraria cuando se sustenta en afirmaciones dogmáticas o en fundamentos solo aparentes, así cuando constituye una derivación razonada del derecho vigente, sino que es producto de la voluntad individual de los jueces, de una interpretación antojadiza de los mismos apartándose de las prescripciones legales. Que, la Sentencia recurrida adolece de estos vicios, puesta que está llenos de afirmaciones dogmáticas, expresados en forma general pero en ningún caso se refiere concretamente al caso juzgado. Es así que las pruebas producidas no han sido valoradas en forma total y armónica, habiendo sido dejado de lado sin siquiera mencionarlo varias de ellas. Por ello al no estar debidamente fundada y basada en pruebas debidamente producidas, valoradas en forma conjunta y armónica, al no mencionar siquiera la declaración de nada menos que el médico forense a cuyo cargo debía estar las pericias pertinentes, entonces la sentencia es infundada, o insuficientemente fundada, violándose las reglas de la sana crítica, lo que torna materialmente admisible el recurso interpuesto, y en consecuencia deberá revocarse en su totalidad la sentencia recurrida. d) Imposición arbitraria a una condena de pena privativa de libertad de tres Años y seis meses: El Tribunal de Sentencia solo ha considerado la pena máxima posible establecido en el marco penal, de cinco años de pena privativa de libertad, y a partir de allí ha descendido, tomando como una circunstancia atenuante el hecho favorable de no contar con antecedentes penales, bajando la pena desde ese máximo, para dejarlo establecido en tres años y seis meses de privación de libertad. Que este modo de aplicar una pena es totalmente arbitraria, pues al revés de lo establecido por el Tribunal de Sentencia, debe partirse siempre de la pena menos hasta llegar al máximo posible, para lo cual deberá tenerse en cuenta todas las circunstancias atenuantes y agravantes del caso. En este caso, debió analizarse en primer lugar la posible aplicación de una pena de multa, y sólo si ella no es aplicable por las razones que el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de informar en la sentencia, de considerarse la aplicación de la pena privativa de libertad. Y para la aplicación de la pena privativa de libertad, a su vez debe analizarse todos y cada una de las posibilidades previstas en los siete numerales del inciso 2º del artículo 65 del Código Penal. SOLUCIÓN PRETENDIDA: a) Disponer el Tribunal de Apelaciones, la realización de la audiencia de sustanciación conforme a las prescripciones de los artículos 471 y 472 del C.P.P., b) Dictar resolución haciendo lugar al recurso interpuesto, y en consecuencia anular o revocar la sentencia recurrida, dictando en su lugar la sentencia absolutoria correspondiente, de conformidad a las disposiciones del art. 474 del C.P.P.-

Que, a su turno la defensa de la acusada M.A.F. expuso sus agravios (fs. 75/80 E.J.), las siguientes conclusiones: “…Que, el fallo apelado es contradictorio, pues el Tribunal de Merito ha inobservado las reglas de la Sana Crítica al no valorar las pruebas determinantes producidas en oportunidad del juicio oral. Que, nuestra defensa considera de vital importancia la prueba de descargo ofrecida y producida en la declaración del médico Gineco Obstetra Dr. Ovidio Fernández, quien conforme consta en el acta correspondiente y las expresiones de los mismos miembros del Tribunal de Sentencia, ha brindado en forma pormenorizada explicaciones médicos-científicas sobre el hecho, habiéndose limitado el Tribunal de Sentencia a valorar dicha declaración solamente una mínima parte, en lo que se refiere a que el Dr. Fernández dijo que si a las dos horas no se logra un parto normal ya se debe recurrir a la cesárea y trasladar a una paciente a una Institución especializada. Que nuestra defendida, M.A.F., como también la otra acusada Adela Medina, manifestaron en forma coincidente en su oportunidad, que trasladaron a la parturienta a la clínica privada del Dr. Maciel en un lapso no mayor de media hora a partir del inicio efectivo del trabajo de parto que según las mismas empezó a las 17 horas. Tiempo que según la declaración del Dr. Ovidio Fernández es prudencial para el traslado de la parturienta a la clínica mencionada. Que la causa de la muerte según el certificado de Estadísticas expedido por el Dr. Robustiano Maciel se debía a una asfixia perinatal grave. Al respecto se preguntó al Dr. Ovidio si en base a que diagnóstico se puede determinar la muerte por asfixia perinatal, o si la muerte del feto ocurrió por causas congénitas. Claramente el mismo manifestó que solamente con una AUTOPSIA se puede determinar la causa de la muerte, en este caso. Que, el Dr. PEDRO MARECO, testigo ofrecido por el Ministerio Público, también ha manifestado que la asfixia perinatal es frecuente en los recién nacidos, y que la única manera de tener certeza sobre la causa de la muerte es realizando la autopsia. Que, el Dr. ROBUSTIANO MARCIAL, propietario de la Clínica Espíritu Santo de María Auxiliadora, lugar en donde la niña nació muerta, al prestar su declaración, manifestó que la única manera de manifestar con certeza la causa de la muerte es a través de la realización de una autopsia. En su oportunidad esta defensa pregunta al mismo si en base a que estudio médico laboratorial pudo diagnosticar la ASFIXIA PERINATAL, contestando que no ha realizado ningún estudio laboratorial, y que dicho diagnostico se fundamento en presunciones, considerando que en su momento manifestó además que la muerte del feto “pudo” haberse atribuido a haber aspirado el liquido amniótico. Que, los miembros del Tribunal de Sentencia en un apartado de la fundamentación de la Sentencia manifiestan “el fallecimiento en estas circunstancias se produce por la absorción del liquido amniótico contenido en el amnios, que baña el feto y lo protege contra las presiones y choques de exteriores y que se evacua poco ante del parto por ruptura del amnios, según explico en la audiencia el Dr. Maciel, como así también el Dr. Fernández, “eventualmente” tal circunstancia puede acarrear la muerte del feto. Surgiendo de ésta manera serias dudas sobre la causa de la muerte. Que, otras de las contradicciones que surgen de las pruebas ofrecidas se refieren que las acusadas manifiestan que trasladaron a Isabelina Barreto Riveros, a la clínica del Dr. Maciel, en un lapso no mayor de media hora a partir del trabajo de parto efectivo, habiendo el Dr. ROBUSTIANO MACIEL establecido en el certificado de estadísticas de defunción que la hora de la muerte del feto fue a las 18:00 Hs. El Dr. ROBUSTIANO MACIEL se contradice con el certificado expedido por el mismo ya que había manifestado en su declaración testifical que Isabelina Barreto llego a su clínica recién a las 18:30 Hs. aproximadamente. En su oportunidad nuestra parte pregunto porque esa diferencia de horario entre la hora de muerte y la llegada a su clínica de Isabelina Barreto, no pudiendo dar una explicación lógica al respecto. Que, de todo lo manifestado, podemos concluir en dos puntos; a) Que del testimonio de TODOS los testigos expertos que han depuesto en el juicio surge claramente que al no haberse realizado la necropsia del cuerpo de la víctima es IMPOSIBLE determinar la real causa de la muerte, y por ende, es imposible establecer el NEXO CAUSAL con la conducta de nuestra defendida, no configurándose la tipicidad y mucho menos los demás presupuestos de la punibilidad. Que, conforme a nuestro ordenamiento procesal, la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público, por lo que la no realización de la autopsia es totalmente atribuible al órgano acusador, por lo que el Tribunal de Sentencia, no puede disfrazar dicha deficiencia, llegando a una sentencia condenatoria, utilizando otros medios probatorios- en este caso simples testificales- para subsanar la falta de prueba – la autopsia-, y tapar la negligencia de la Acusación. b) Que, el testimonio del testigo experto, Dr. OVIDIO FERNÁNDEZ, anula el testimonio del Dr. ROBUSTIANO MACIEL, pues conforme lo manifiestan los Miembros del Tribunal en la Sentencia, no existen razones para dudar del testimonio de aquel, por el contrario es un profesional médico y de reconocido prestigio en la zona, por lo que conforme lo establece la regla de la sana crítica y de la doctrina general, el Juzgador debe resolver declarando el estado de DUDA RAZONABLE a favor de la acusada. VICIO IN IUDICANDO. ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA. La sentencia recurrida viola los principios de proporcionalidad y de prevención consagrados en nuestro sistema penal, específicamente en los artículos 2º y 3º del Código Penal, al inobservar las disposiciones del art. 65 del Código Penal, y en consecuencia, éste incumplimiento de la ley sustantiva se traduce en una infracción jurídica, en un vicio in iudicando, circunstancia que obliga al excelentísimo Tribunal a aplicar correctamente la norma sustantiva violada y revocar la resolución recurrida. Que, en primer lugar debemos recordar que el Tribunal de Sentencia, necesariamente debe tomar en cuenta la ley sustantiva para el momento de la medición de la pena, en este caso, regir su decisión por los parámetros establecidos en forma específica en el art. 65 de nuestro Código Penal. Que, conforme al art. 107 del Código Penal, el marco penal para el hecho de homicidio culposo es de pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa, en ningún momento del proceso nuestra representada fue sometida a ningún tipo de medidas cautelares, sin embargo, la misma jamás se ha mostrado remisa al procedimiento SIN FALTAR A UNA SOLA AUDIENCIA hasta llegar al mismo Juicio Oral y Público, donde fue condenada por la interpretación torcida que han hecho los Juzgadores, pues como ya hemos manifestado LA CONDUCTA POSTERIOR A LOS HECHOS debe tomarse como una ATENUANTE. QUE, la vida anterior de la procesada también es una ATENUANTE que no fue tenida en cuenta por el Tribunal de Sentencia, pues la misma NO POSEE ANTECEDENTES, es una persona joven que según el espíritu de nuestra política criminal tiene el derecho a ser readaptada y para lo cual el Estado debe buscar la forma y los medios, siendo la pena privativa de libertad “ LA ULTIMA RATIO” reservada únicamente a criminales y delincuentes reincidentes, pero jamás, volvemos a reiterar, a una persona joven que tuvo la desgracia de protagonizar este hecho objeto del Juicio…”. SOLUCIÓN PRETENDIDA: Revocar la Sentencia Nº 103/07/T.S. de fecha 27 de septiembre del 2007, o en su defecto anular dicha sentencia ordenando el reenvío de la causa para la reposición del juicio con otro Tribunal.-

Que, el Agente Fiscal Abogado Nelson Ramos, al contestar los agravios de ambas partes (fs. 83/84 y 85) ha concluido en que corresponde confirmar la sentencia recurrida por hallarse ajustada a derecho y sin vicios de forma.

Que, primeramente es necesario comprender que la exteriorización de la secuencia racional adoptada para la determinación del hecho y la aplicación del derecho, nos permite constatar la corrección de las operaciones materializadas en dos inferencias, la primera inductiva (determinación del hecho) y la segunda deductiva (subsunción jurídica). En la primera se refleja el soporte racional de la valoración de la prueba y la concordancia de dicha valoración con el hecho determinado en consecuencia. Por la segunda se aprecia si la norma sustantiva que se dice aplicable ha sido interpretada en forma correcta, así como si dicha norma ha sido bien aplicada en el caso al hecho determinado, ante la ausencia de la exteriorización del razonamiento no se permite el control de la corrección sustancial y de la legalidad formal del juicio previo exigido por la Constitución Nacional, para asegurar el respeto a los derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la defensa en juicio, así como el mantenimiento del orden jurídico penal para una más uniforme aplicación de la ley sustantiva.-

Que, el Abogado Blas Zorrilla funda una parte de sus agravios en un error material que fácilmente puede ser verificado en los fundamentos expuestos en la Sentencia recurrida, atendiendo a que como inclusive las condenadas han relatado que la criatura se encontraba con vida, dentro del seno materno y las circunstancias que posteriormente se pusiera en una parte de la resolución de que del hecho resulto víctima la señora I. B. R. madre del feto fallecido, en nada alteran la realidad de los sucesos expuestos en la sustanciación de la audiencia de juicio oral y público.-

Que, el punto de discusión inicial, es sencillamente si el Tribunal de Sentencia, desde una óptica jurídica ha valorado los hechos correctamente, esto es fácilmente analizando la apreciación de las pruebas plasmadas, tomando en consideración que éste Tribunal no posee alcance para realizar una valoración de las pruebas nuevamente, atendiendo a que el principio de inmediación no puede ser reemplazado por consideraciones vertidas en forma escrita, el principio rector en la toma de cualquier decisión es la sana crítica que deben utilizar los jueces y la forma de concreción es a través de la inmediación donde éstos tiene la oportunidad de presenciar las pruebas ofrecidas por las partes, entiéndase que la libre valoración de la prueba no significa que el Tribunal pueda hacer una valoración arbitraria, ilógica o irrazonable. El Tribunal debe hacer un juicio histórico fundándose en la razón, las pautas normales del comportamiento humano y el manejo correcto de las máximas de la experiencia (sana crítica).-

Que, aunque la defensa sostiene que no pretende, que este Tribunal realice una nueva valoración de las pruebas, no existe otro modo lógico para arribar a las pretensiones expuestas por ésta. La acusación sostenida por el Ministerio Público, ha sido por un hecho punible de homicidio culposo, del cual resultara víctima el feto que llevaba en su vientre materno la señora I.B.R., los hechos expuestos como fundamentos de la acusación, fueron las circunstancias plasmadas en la resolución recurrida, los puntos que pretenden ambas defensas sostener en este momento, es al solo efecto de crear una confusión sobre lo probado en juicio, los vicios sostenidos por ambas partes son inexistentes y no se encuentran las bases legales sostenidas por los recurrentes.

Que, en la sentencia recurrida encuentro una motivación suficiente y razonada, puesto que existe un análisis razonado de cada una de las pruebas producidas, pues no existe una genérica expresión como pretenden que se concluya las defensas; el Tribunal de Sentencia ha empleado las pruebas incorporadas al proceso sometiéndolas a una valoración expuestas, y explicando las mismas exponiendo las conclusiones arribadas a través de éste análisis.

Que, finalmente lo que procura la defensa de ambas acusadas, es anular la sentencia recurrida a través de un nuevo análisis de las pruebas, pretendiendo que se concluya en que la resolución se encuentra viciada, puedo concluir en que los agravios sostenidos por ambas partes en cuanto a la inaplicabilidad formal y material del art. 107 del Código Penal, no encuentra bases sólidas, puesto que en la resolución no se infiere ningún apartamiento del cauce normal y ordinario, de la valoración de las actuaciones de la causa; las valoraciones realizadas no parten de premisas falsas y no existe un desvío evidente de las leyes de la lógica o una grosera mala interpretación de las pruebas.

Que, en efecto, los recurrentes pretenden introducir una suerte de confusión, cuando señalan que no está constituido los elementos del tipo penal de homicidio culposo sino de aborto, cuando que el aborto es la interrupción del embarazo antes del tiempo en que el feto pueda nacer con vida, pero si el embarazo está completo, el proceso de gestación se halla concluido e inicia el proceso de parto, su muerte con relevancia penal, no puede ser considerada como Aborto, sino como Homicidio. Al respecto Fontan Balestra, (Tratado de Derecho Penal, Parte Especial t. IV, pág. 71) señala que “…para la ley penal se es sujeto pasivo de homicidio desde el momento en que comienza el nacimiento. Es decir, en el parto natural, con los primeros dolores del parto; en el provocado, desde que comienza la expulsión o extracción de la criatura”.-

Que, en cuanto a la pena, aún cuando la fijación de la pena dentro de los límites del marco punitivo, es un acto de discrecionalidad judicial, sin embargo, esta discrecionalidad no es libre ni responde a criterios de utilidad, porque debe tenerse en cuenta los fines de las penas, entre ellos aquel que contribuya a la reinserción social del reo.-

Que, teniendo en cuenta estos parámetros, el quantum de la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia debe tener variantes. El art. 65 del C.P. en su inc. 1º señala que la reprochabilidad del autor, constituye la base de la medición de la pena, así como su límite, atendiendo los efectos de la misma en la vida posterior del condenado, y tener en cuenta el fin de la pena en conformidad al art. 20 de la Constitución Nacional.-

Que, en consecuencia la imposición de la pena de 3 años y 6 meses de privación de libertad resulta excesivo al tratarse de delincuentes primarios, amén de que no se realizó la autopsia del feto para llegar a determinar a ciencia cierta la causa de su muerte, ni existió certificado médico que avale la forma de la realización del hecho, por lo que el Tribunal de Sentencia, aún llegando a la conclusión de la autoría material del hecho en las acusadas, debió sopesar estas cuestiones de modo adecuado. Toda interpretación relativa a la aplicación de una pena debe ser siempre restrictiva, y no pueden imponer sanciones contrarias a los fines perseguidos por la justicia penal utilizando criterios que estén fuera de aquellos límites objetivos ni deben establecerlas con criterios meramente subjetivos, por lo que en tal entendimiento una pena privativa de libertad de 2 años es lo que orienta a ser la más ajustada a derecho atendiendo a esos principios y debe modificarse el quantum de la pena en ese límite.-

Que, en consecuencia constatándose la existencia de un examen lógico en los fundamentos de la resolución recurrida y que en ese intelecto no se halla motivos valederos para revocar o anularlas en cuanto al fondo, corresponde confirmar la sentencia definitiva dictada por el Titular del Tribunal de Sentencia, pero modificando la pena en 2 años de privación de libertad. Las costas a los apelantes en un 70% y 30% por su orden, en ambas instancias, dada la forma de resolver la cuestión. Es mi voto.-

A sus turnos, los Miembros Abogados Blas Eduardo Ramírez Palacios y Sergio Martyniuk Barán, manifestaron: Que, se adhieren al voto del preopinante por los mismos fundamentos.-

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando por ante mí los señores miembros quedando acordada la sentencia siguiente:

Ante mí:

SENTENCIA DEFINITIVA N° 0247 /07/01.-

Encarnación, 31 de diciembre de 2007.-

VISTO: Los méritos que ofrece el acuerdo precedente, el Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa;

RESUELVE

1.- DECLARAR la competencia de este Tribunal para entender en las actuaciones elevadas en la presente causa.

2.- DECLARAR la admisibilidad formal del recurso de apelación especial interpuesto por el Abogado BLAS ZORRILLA ALDANA por la defensa de A.C.M.V. y las Abogadas LIDA VERA DE ROJAS Y CARMEN ROSA FLORES DE DUTRA por la defensa de MARIA ANGELA FLORES, contra la totalidad de la S.D. Nº 0103/07/T.S. de fecha 27 de septiembre de 2007, dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado conformado por los Jueces Guillermo Skanata Gamon, Cesar Daniel Delgadillo y Fausto Cabrera Riquelme.-

3.- NO HACER a la realización de audiencia de prueba o de fundamentación solicitada por el Abogado BLAS ZORRILLA por improcedente.-

4.- CONFIRMAR la S.D. Nº 0103/07/T.S. de fecha 27 de septiembre de 2007, en cuanto al fondo de la cuestión y modificar el punto 4º de la misma sentencia, condenando a las acusadas M.A.F. DE E., sin sobrenombre o apodo, de nacionalidad paraguaya, casada, de 49 años de edad, auxiliar en enfermería, nacida en fecha 22 de agosto de 1956 en Encarnación, hija de ANTONIO F. (+) y ROBUSTIANA S. , domiciliada en el Barrio San Juan de María Auxiliadora distrito de Tomas Romero Pereira, departamento de Itapúa, con C.I. N° 825.256, y A.C.M.V., sin sobrenombre, paraguaya, soltera, 40 años de edad, Lic. en enfermería y obstetricia, nacida en fecha 05 de diciembre de 1965 en Itacurubí de la Cordillera, hija de S. M. y de J. V. , domiciliada en el barrio San Juan de María Auxiliadora, distrito de Tomas Romero Pereira, departamento de Itapúa, con C.I. N° 1.253.726, a (2) dos años de pena privativa de libertad, en los términos expuestos en la parte analítica de esta resolución.-

5.- IMPONER las costas en un 70% a cargo de los apelantes y 30% por su orden, en ambas instancias.

6.- ANOTAR y registrar.

Ante mí:

viernes, 11 de noviembre de 2016

Art. 2528 CC - Será nula toda cesión que el heredero hiciere de su parte indivisa a persona extraña, sin haberla ofrecido previamente a sus copartícipes....

A.I. Nº 769 /16/03.-

Encarnación, 9 de noviembre de 2016.-

VISTOS: Los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la Abg. GRM, contra el A.I. N° 3389/2015/05 del 31 de julio de 2015, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno, Abg. Juan Casco Amarilla, y;

CONSIDERANDO

Que, por la resolución recurrida, el juez de la anterior Instancia resolvió: “1. NO HACER LUGAR, al pedido de subrogación de los Derechos y Acciones solicitados por el Sr. PMS, por los fundamentos expuestos. 2. ANOTAR…”.

Recurso de nulidad: La recurrente manifestó que desiste expresamente de este recurso por considerar que los agravios contra el fallo impugnado pueden ser reparados por el recurso de apelación, y teniendo en cuenta que de las constancias de autos no se observan vicios o defectos en la resolución recurrida que por imperio de las leyes amerite la declaración de nulidad de oficio, corresponde tenerla por desistido. -

Recurso de apelación: La parte apelante expone los agravios que le causa la resolución recurrida, en los siguientes puntos: En primer lugar, cita las actuaciones procesales realizadas en la instancia anterior que motivaron el fallo recurrido (2). Posteriormente, refiere que el contrato de compraventa de derechos y acciones hereditarios realizado por el señor EBG a favor del señor PMS data del 1 de agosto de 2013, y también consta que el referido contrato fue presentado en autos el 7 de agosto de 2014, en el que su mandante, el adquirente de buena fe, se presentó a ejercer su derecho de cesionario, peticionando la subrogación pertinente. Indica que el 9 de octubre de 2014, se recibió el Oficio N° 2121 del 8 de octubre de 2014, librado por el juzgado de igual clase del Tercer Turno en el juicio “T y Cía. AGISA c/ EBG s/ Acción preparatoria de juicio ejecutivo” por el que se comunicó que se proceda a la toma de razón del embargo preventivo decretado sobre los derechos y acciones que posee el demandado en este juicio sucesorio, hasta cubrir la suma de G. 408.000.000 y más la suma de G. 40.800.000 fijados para gastos de juicio. De estas actuaciones concluye que de manera alguna el embargo que hace referencia el oficio puede ser oponible al señor PMS, en razón de que ni al momento de la celebración del contrato, ni al momento de su presentación en el juicio sucesorio, existía embargo decretado ni trabado sobre los derechos y acciones que le pudiera corresponder en el presente juicio sucesorio al heredero cedente referido precedentemente. Por ello sostiene que el cesionario ejerció su derecho con anterioridad a la comunicación del embargo por lo que resulta improcedente la denegación del a quo correspondiendo que subrogue a favor de su mandante y consecuentemente ordene la expedición del certificado de adjudicación pertinente (3). Expresa que con anterioridad a la denegación arbitraria por parte del a quo respecto a la subrogación pretendida, su mandante obtuvo la anotación en la DGRP, de la Escritura Pública N° 7 del 1 de julio de 2015, que contiene el acto por medio del cual las partes ratifican en todo el contenido del contrato privado del 1 de agosto de 2013; y que dicha escritura fue anotada al margen del asiento registral N° 2, folio 3 y sgtes. del 27 de febrero de 1987 de la Finca N° 1081 de Hohenau, y agregada al sucesorio el 5 de noviembre de 2015 (4). Por otra parte, dice que siendo la Firma T y Cía. AGISA, un acreedor del heredero Eustaciano Báez González, no corresponde su intervención en el presente proceso sucesorio por lo que solicita se disponga la cancelación de su personería (5). Concluye solicitando la revocación del fallo impugnado, con costas, ordenando la subrogación solicitada.

La parte contraria, por medio de su representante convencional Abg. PC, contesta los agravios que le fueran corrido y aclara primeramente que su representación no es parte en estos autos, sino que intervino como embargante de los derechos hereditarios que le corresponden al heredero EBG conforme al embargo ordenado en el juicio “T y Cia. AGISA c/ EBG s/ Acción preparatoria de juicio ejecutivo”, es por ello que el Juzgado dio intervención a su representada antes de decidir sobre la homologación o rechazo de la cesión pretendida. Dice que el señor EBG fue declarado heredero en estos autos y en consecuencia con derechos sobre los bienes del presente sucesorio, sobre los cuales se dispuso el embargo, por lo cual su representada, que resulta acreedora del heredero mencionado, se opuso a la subrogación solicitada, oposición que encuentra sustento en la deuda contraída en diciembre de 2012, con vencimientos sucesivos desde el 2013, instrumentada en varios pagarés por la suma total reclamada, muy anterior a la cesión realizada en el presente sucesorio. De lo expresado dice que surge evidente que el deudor-heredero se encuentra en un manifiesto proceso de enajenar a terceros todos los bienes que le corresponden a fin de sustraerlos de su dominio, pretendiendo distraer del alcance de sus acreedores en claro detrimento de la acreencia que posee su mandante, por lo que solicita el rechazo de la apelación. Por otra parte, menciona que la subrogación en los derechos y acciones realizada no procede en derecho, siendo nula la cesión por no haberse dado previo cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 2528 del CC, que al existir coherederos, no han manifestado ni comunicado su desinterés en los inmuebles, poseyendo los mismos preferencia ante persona extraña, y que no obra en autos constancia alguna que justifique el requisito indispensable al que alude la norma menciona de la comunicación de oferta de venta de la parte que corresponde al mismo, por lo que se infiere que tal ofrecimiento no aconteció, sino que fue obviado. Agrega que los actos de disposición cuando se refieren a inmuebles, indefectiblemente para su validez deben realizarse por escritura pública, conforme al Art. 700 inc. “d” del CC. Señala que no se solicitó la libre disposición de los bienes del cedente para poder realizar la cesión, hecho que por sí torna nula e improcedente la cesión. Por último, indica que las mismas partes han procedido a dejar sin efecto y revocar la cesión realizada el 1 de agosto de 2013, al manifestar que el 1 de julio de 2015 celebraron la Escritura Pública N° 07, cesión posterior al embargo trabado en autos, por lo que resulta inoponible contra los derechos de su mandante. Por ello, solicita el rechazo del recurso interpuesto. -

Así las cosas, la cuestión debatida gira en torno a determinar si resulta ajustado a derecho el rechazo de la homologación de la cesión de derechos y acciones celebrado entre los señores EBG y PMS, a fin de adjudicar a éste la Finca N° 1081 del Distrito de Hohenau, Padrón N° 1208, Fracción “B” y “C”.

Respecto a la cesión de derechos y acciones en cuestión, se han dado las siguientes actuaciones:

a) El 13 de junio de 2012 se dictó la SD N° 1211/2012/05 (fs. 127 y vlto. de las compulsas) por la cual se declaró como herederos de los señores José Del Rosario Báez y Balbina González Gómez, a sus hijos Epifanio, Gregoria, Nicolasa, Delosantos, Eustaciano, Juan Críspulo y Rufino Senen Báez González.

b) El 7 de agosto de 2014, la Abg. GRM, en representación de PMS, presentó un contrato privado de compraventa de cesión de derechos y acciones, con certificación de firmas, otorgado por el señor EBG a favor del señor PMS, por el cual cedió los derechos y acciones que le correspondía de su parte de condominio indiviso en la sucesión de los señores José Del Rosario Báez y Balbina González Gómez, que data del 1 de agosto de 2013 (fs. 243/244 de las compulsas). -

c) El 22 de diciembre de 2014 se dictó el A.I. N° 5968/2014/05 por el cual se homologó el acuerdo al cual arribaron las partes del juicio sucesorio y dentro del cual (punto “3”) adjudicaron al señor EBG la Fracción “B” y “C” de la Finca N° 1081 Padrón 1208 del Distrito de Hohenau (fs. 406/409 de las compulsas). -

d) El 5 de febrero de 2015, la Abg. GRM solicitó la subrogación de los derechos y acciones que pertenecían al señor EBG sobre la Fracción “B” y “C” de la Finca N° 1081 a favor de su representado, asimismo peticionó los certificados de adjudicación correspondiente a las Fracciones “B” y “C” Finca N° 1081, Padrón N° 1208 del Distrito de Hohenau (fs. 463 de las compulsas). -

e) El 10 de febrero de 2015, se presenta el Abg. YHFH, en representación de la firma T y Cía. AGISA, presenta copias del oficio y del mandamiento de embargo ejecutivo que habían presentado ante el juzgado el 6 de noviembre de 2014, las que no se encontraban agregadas al sucesorio, solicitando la búsqueda inmediata de los originales. Señala que su representada es acreedora del señor Eustaciano Baéz González, por lo que solicitó de forma urgente la toma de razón del embargo trabado hasta cubrir la suma de G. 480.000.000, más la suma de G. 48.000.000 fijada por el juzgado para gastos de justicia en el juicio: “T y Cía. AGISA c/ EB y otra s/ Acción preparatoria de juicio ejecutivo” (fs. 466 de las compulsas).

f) Como consecuencia, el Juzgado dictó la providencia del 11 de febrero de 2015 por el cual corrió el traslado del pedido de homologación del acuerdo y adjudicación a favor del señor PMS, de los derechos y acciones que le corresponderían al señor EBG (fs. 467 de las compulsas). -

g) Luego de la sustanciación del pedido de homologación, con la correspondiente intervención del Ministerio Público, se dictó el A.I. N° 3389/2015/05 del 31 de julio de 2015 por el cual se rechazó el pedido de la subrogación de los derechos y acciones solicitados por el señor PMS, hoy recurrido (fs. 528 y vlto. de las compulsas). -

En primer término y antes de pasar al análisis de los agravios expuestos, resulta necesario determinar si el instrumento cuya homologación se solicita reúne los requisitos exigidos por la norma para su viabilidad. -

Es sabido que dentro de las sucesiones, cuando existe pluralidad de herederos, sean legítimos o testamentarios, los bienes dejados por el causante, desde el momento de su deceso hasta el de partición, se encuentra en una situación especial, particular, que se denomina estado de indivisión o de comunidad hereditaria, la que constituye una universalidad jurídica[1].

Durante esa indivisión, la ley otorga la facultad a los herederos de disponer de sus derechos hereditarios, esto es, enajenarlos o cederlos, siempre y cuando no lo hicieren respecto a uno o más bienes individualmente determinados (Art. 2519, inc. “a”, del CC”). -

La cesión en el derecho hereditario, consiste en la transferencia de todo o parte de los derechos sucesorios que le corresponden a su titular, sea legítimo o testamentario, a todos o a uno cualquiera de los coherederos o a personas extrañas a la herencia[2].

Ya en resoluciones anteriores se ha determinado que tratándose de cesiones efectuadas por uno de los herederos de su parte indivisa, a otro heredero, no habría mayores limitaciones que las previstas para la formalización del acto mismo. Sin embargo, la cuestión cambia cuando dicha transferencia involucra a una persona extraña o tercero distinto de los herederos. Nuestro Código Civil establece en su Título III “De la pluralidad de herederos”, Capítulo I “Del estado de indivisión”, artículo 2528 que: “Será nula toda cesión que el heredero hiciere de su parte indivisa a persona extraña, sin haberla ofrecido previamente a sus copartícipes. Estos serán preferidos en igualdad de circunstancias, siempre que hayan comunicado por escrito su decisión al coheredero dentro de treinta días, que se contarán desde que se les hizo conocer el ofrecimiento”. Esto es, la norma sanciona con la nulidad la falta de ofrecimiento previo a los demás herederos o copartícipes de la parte indivisa que se desea ceder; o habiéndolo hecho, no se consideró “la preferencia” en igualdad de condiciones a los coherederos o copartícipes quienes hayan comunicado, por escrito y dentro de los treinta días contados desde el ofrecimiento, su interés en adquirirlos. -

Algunos autores, argumentan que el objetivo de ello, es la protección de las personas que conforman el núcleo familiar del cedente, frente a personas extrañas a él, en cuyo beneficio se hará la transmisión. Por lo que se busca que los derechos o bienes a ser transmitidos, en primer término pertenezcan a alguno de los copartícipes que intervienen en carácter de heredero o cónyuge dentro del proceso sucesorio. -

Ahora bien, debe aclararse a qué tipo de nulidad se refiere esta sanción impuesta en caso de falta de cumplimiento de la condición señalada. Este Tribunal entiende que la nulidad legislada no es de aquellas que se establece única y exclusivamente en interés de las partes que resulten afectadas por la falta de este ofrecimiento, pues estamos en el ámbito del derecho de familia y de las sucesiones, en el que se encuentran comprometidos el orden público y el interés social, por lo tanto, se entiende que se refiere a un acto jurídico nulo de nulidad absoluta -y no anulable o cuya nulidad es relativa- por expreso mandato de la ley, que no puede ser confirmado ni aún por acuerdo de partes. -

En ese sentido, el Art. 355 del Código Civil Paraguayo establece: “Las únicas nulidades que los jueces pueden declarar son las que expresa o implícitamente se establecen en este Código”; y el Art. 359, primera parte, del mismo cuerpo legal que: “Cuando el acto es nulo, su nulidad debe ser declarada de oficio por el juez, si aparece manifiesta en el acto o ha sido comprobada en juicio. (…)”. De ello se desprende que el Juez puede, e inclusive debe declarar de oficio la nulidad de los actos si apareciere manifiesta, aunque nadie la hubiere pedido, porque los actos viciados de tal nulidad no pueden confirmarse, ya que -como se indicó anteriormente- no se trata de amparar el interés de las partes intervinientes, sino el interés social, general o atinente al orden público.

Conforme al contrato privado, con certificación de firmas, agregado a fs. 243 de las compulsas, se estableció: “[…] PRIMERO: EL CEDENTE DICE: Que VENDE, CEDE Y TRANSFIERE a favor del cesionario todos los derechos y acciones que le pudieren corresponder de su parte de condominio indiviso en los autos caratulados “JOSE DEL ROSARIO BAEZ Y BALBINA GONZALEZ GOMEZ S/ SUCESIÓN”, sobre nueve inmuebles: 1) FINCA N° 2496,…; 2) FINCA N° 3037,…; 3) FINCA N° 426,… 4) FINCA N° 289,…; 5) FINCA N° 1851,…; 6) FINCA N° 1081,…; 7) FINCA N° 2170,…; 8) FINCA N° 2411,…; Y 9) FINCA N° 1024,…, todos del distrito de Hohenau. SEGUNDO: La presente cesión se realiza por el precio de DOLARES AMERICANOS ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MIL (U$S 50.000), que el cesionario abonó antes de este acto a favor del cedente, dicho monto se encuentra supeditado a los intereses que se generaran hasta que culmine la sucesión[…]”. Entonces, este contrato privado del 1 de agosto de 2013 otorgado por el señor EBG a favor del señor PMS se trata de una compraventa de derechos y acciones a favor de una persona extraña al proceso sucesorio, por lo que para la validez del acto, debió mediar ofrecimiento previo a los demás coherederos para la validez del acto.

Del análisis de las constancias de autos, se observa claramente que no hubo dicho ofrecimiento. No existe constancia de notificación escrita por parte del heredero cedente, señor Eustaciano Báez González, a favor de los demás coherederos antes de la cesión celebrada el 1 de agosto de 2013.

La parte recurrente también expresó que con anterioridad a la denegación por parte del a quo respecto a la subrogación pretendida, su mandante obtuvo la anotación en la DGRP, de la Escritura Pública N° 07 del 01 de julio de 2015, pasada por ante la Escribana y Notaria Pública María Elena Doldán Aguilera, titular del registro N° 1096, que contiene el acto por medio del cual las partes contratantes ratificaron en todo el contenido del contrato privado del 1 de agosto de 2013, consignando que respecto a la Finca N° 1081 de Hohenau, cede las fracciones “B” y “C” que le fueran adjudicadas por A.I. N° 5968 del 22 de diciembre de 2014; y que dicha escritura fue anotada al margen del asiento registral N° 2, folio 3 y sgtes. del 27 de febrero de 1987 de la Finca N° 1081 de Hohenau, y agregada al sucesorio el 05 de noviembre de 2015 (fs. 575/579 de los autos principales). Sin embargo, tampoco se advierte prueba alguna que sostenga que se realizó el ofrecimiento en cuestión antes de la ratificación por medio de la Escritura Pública N° 07 del 01 de julio de 2015, respecto a la decisión de enajenar sus derechos y acciones en la sucesión sobre los inmuebles indicados, a fin de que estos expresen su interés, y que en su caso, ejerciten su derecho de preferencia en la compra de los bienes sucesorios. -

De ello se desprende que se ha configurado la situación establecida en la primera parte del Art. 2528 del CC, y ante el incumplimiento de lo indicado en dicha normativa, resulta evidente la nulidad de este contrato de cesión de derechos y acciones hereditarios, ya que no es susceptible de resultar convalidado ni de forma expresa o tácita por las partes interesadas. -

Atento a las consideraciones expuestas, este Colegiado considera que el contrato privado de compraventa de cesión de derechos y acciones, otorgado por el señor EBG a favor del señor PMS, resulta un acto jurídico cuya nulidad se establece por expreso mandato de la ley, por lo que de acuerdo a lo que dispone el Art. 357 inc. “b” y el Art. 359 del CC, su nulidad debe ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional (por este Tribunal), habida cuenta que el juzgado interviniente no se ha percatado que el acto jurídico se constituyó de forma irregular, a pesar de aparecer manifiesta en el acto, con el efecto previsto en el Art. 361 del CC. Por ello, debe confirmarse la resolución recurrida en el sentido de que debe rechazarse el pedido de subrogación de los derechos y acciones solicitados por el señor PMS, conforme a los fundamentos señalados, con la imposición de costas a la perdidosa, siendo innecesario el análisis de los agravios expuestos por la parte apelante.

En cuanto al pedido de cancelación de personería de la firma T y Cía. AGISA, por providencia del 17 de agosto de 2015 el Juzgado de la anterior instancia reconoció la personería de su representante convencional, Abg. YHFH, y le dio la intervención legal solicitada, resolución que no fue cuestionada y se halla firme, por lo que no cabe su planteamiento en la presente instancia.

POR TANTO, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa; -

RESUELVE

1.- TENER POR DESISTIDO el recurso de nulidad interpuesto.

2.- DECLARAR LA NULIDAD de oficio del contrato privado de compraventa de cesión de derechos y acciones, con certificación de firmas del 1 de agosto de 2013, otorgado por el Sr. EBG a favor del señor PMS; así como de la Escritura Pública N° 07 del 1 de julio de 2015, pasada por ante la Escribana y Notaria Pública María Elena Doldán Aguilera, titular del registro N° 1096, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. -

3.- CONFIRMAR, con costas, el A.I. N° 3389/2015/05 del 31 de julio de 2015, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno, Abg. Juan Casco Amarilla, por las razones expuestas en el considerando de la presente resolución.

4.- ANOTAR y registrar.

Ante mí:

L.A. Garcia
R.L.Mongelos
B.E. Ramirez
M. B. Enriquez (actuaria)

[1] MARTÍNEZ, Eladio Wilfrido. DERECHO SUCESORIO EN LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA. Novena reimpresión. Asunción. La Ley Paraguaya S.A. Editora. 2013. Pág. 205.-

[2] MARTÍNEZ, Eladio Wilfrido. Obra citada. Pág. 234.-

sábado, 8 de octubre de 2016

viernes, 30 de septiembre de 2016

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Nulidad

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 104/16/03.-

En Encarnación, Paraguay a dos días de septiembre de dos mil dieciséis, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación, Tercera Sala, de esta Circunscripción Judicial, los Miembros Abogados Blas Eduardo Ramírez Palacios, Luis Fernando Royg Benítez, y Cesar Ramón Cáceres Benítez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, ante mí, la autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “JUICIO: Juicio: “MCSB contra ADVP y otros sobre interdicto de retener la posesión”, con el objeto de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la S.D.N°360 del 24 de diciembre de 2012, dictado por el Juez de la Niñez y la Adolescencia de Villa Hayes, Abg. Daniel Gómez Rambado.

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelación, resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:

¿ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA?,

EN SU DEFECTO, ¿SE HALLA AJUSTADA A DERECHO?

Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Ramírez Palacios, Royg Benítez y Cáceres Benítez.-

A la primera cuestión planteada, el Miembro preopinante, Abogado Blas Eduardo Ramírez, dijo: Que, por la resolución recurrida el Juez de la instancia anterior resolvió: “1. NO HACER LUGAR, a la excepción de falta de acción opuesta como de previo y especial pronunciamiento por los señores GAGD y GGGR conforme a los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución. 2. NO HACER LUGAR, a la demanda reconvencional instaurada por el Abogado RAMON GABRIEL PENAYO BENITEZ, representante convencional del señor JADVP, conforme a los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución. 3. NO HACER LUGAR a las impugnaciones de nulidad y redargución de falsedad, incoadas por la parte demandada, en relación a las instrumentales que acompañan el escrito inicial de demanda, que se detallan a fojas 113 al 117 de autos, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. 4. NO HACER LUGAR a la impugnación de nulidad y redargución de falsedad, articulada, por la parte demandada, en relación al Acta de constatación e inspección judicial, obrante a fs. 117 de autos, conforme a los fundamentos explicitados en el exordio de la presente resolución. 5. HACER LUGAR al a presente demandada de INTERDICTO DE RETENER deducida por el abogado MIGUEL ANGEL MENDIETA en nombre y representación del señor MCSB contra los señores JADVP, GAGD y GGGR disponiendo en consecuencia el cese de toda turbación por parte de los citados demandados, así como de cualquier otra persona extraña, a tenor de los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución. 6. DISPONER el levantamiento de las medidas cautelares de prohibición de INNOVAR Y CONTRATAR decretada por proveído de fecha 30 de mayo de 2012 (fojas 55 de autos) así como la Medida Cautelar de prohibición de innovar decretada por proveído de fecha 02 de noviembre de 2011 (fojas 174 de autos), una vez que la presente resolución quede firme y ejecutoriada. 7. IMPONER las costas a la parte accionada. 8. ANOTAR, registrar…”.-

Que, el 23 de agosto de 2013 se presentaron los herederos de JADV representados por Joel Talavera Zarate, a través del escrito agregado a fojas 447/450 de estos autos, manifestando entre otras cosas que en tiempo oportuno y debida forma vienen a interponer recurso de apelación y nulidad contra la sentencia definitiva dictada en los autos de acápite por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Villa Hayes el 24 de diciembre de 2012, solicitando se impriman a los mismos las diligencias de rigor.

Que, por providencia del 03 de marzo de 2014 el Juzgado de primera instancia del quinto turno de esta ciudad, además de aceptar la competencia conferida, concedió los recursos de nulidad y apelación interpuestos por Joel Talavera Zarate en representación de los herederos de JADV, en relación y con efecto suspensivo. En efecto, este Tribunal dicto la providencia de “autos”, habiendo los recurrentes fundamentado los recursos por medio del escrito que luce a fojas 470/480 y precluido el plazo que tuvo la otra parte para hacerlo, de conformidad con el informe de la actuaria obrante a fs. 482 de este expediente.-

Que, ahora bien, analizadas las constancias del expediente se constata que: i) a fojas 138/140 el codemandado quien en vida fuera JADV otorgó poder general para asuntos a los abogados José María Ibáñez y Roberto Eudes González; ii) transitadas las diversas etapas del proceso, el Juez de la Niñez y la Adolescencia de Villa Hayes, Abg. Daniel Gómez Rambado dictó sentencia definitiva el 24 de diciembre de 2012 (fs.413/421); iii) el 27 de diciembre de 2012 se presentó el Abg. José María Ibáñez y comunicó el fallecimiento de Juan Antonio Diez de Vivar, adjuntando el certificado de defunción pertinente y solicitando la suspensión de los tramites de la demanda; iv) por providencia del 28 de diciembre de 2012 el Juzgado de primera instancia dispuesto: “téngase presenta las manifestaciones que anteceden. Agréguese el certificado de defunción autenticado por Escribanía. De la solicitud de suspensión de trámites, estese a lo dispuesto en la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012”; v) por acta labrada a fojas 424 se dejó constancia de la comparecencia de los abogados José María Ibáñez y Cristóbal Hermosilla, quienes se dieron por notificados de la sentencia dictad e interpusieron recursos de apelación y nulidad contra la misma, los que concedidos dieron lugar al A.I.N°061 dictado por el Tribunal de Apelación en lo civil y Comercial 4ta. Sala de la Capital, de fecha 06 de marzo de 2013 por el cual se dispuso: “DECLARAR MAL CONCEDIDOS los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abogado José María Ibáñez con Patrocinio del Abogado Cristóbal Hermosilla, contra la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012 y, en consecuencia DEVOLVER estos autos al Juzgado de origen sin más trámites. Anotar…” vi) el 23 de agosto de 2013 se presentó el Abg. José Talavera Zarate bajo patrocinio del Abogado Omar Montiel Olmedo, en representación de los herederos de JADV conforme al poder general (a favor de los Abogados José María Ibáñez Benítez y Joel E. Talavera Zarate) otorgado por los señores MADVK (administrador de los bienes relictos de la sucesión de JADV), LCKDV, CFADV y LMDVK a darse por notificados de la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012 y a interponer los recursos de apelación y nulidad en contra de dicho fallo en los términos del escrito que luce a fojas 447/450.

Que, de los antecedentes del caso relacionados precedentemente se puede observar claramente que los recursos de apelación y nulidad interpuestos Que, de los antecedentes del caso relacionados precedentemente se puede observar claramente que los recursos de apelación y nulidad interpuestos en contra de la S.D.N° 360 de fecha 24 de diciembre de 2012 ya fueron interpuestos por parte del Abg. José María Ibáñez apoderado del que en vida fuera don JADV en fecha 14 de febrero de 2013 (cfr. Fs. 424 de autos), los que fueron concedidos por el proveído de fecha 20 de febrero de 2013 (cf. Fs. 427) y declarados “mal concedidos” por el A.I.N°061 de fecha 6 de marzo de 2013 emanado del Tribunal de Apelación Cuarta Sala de la Capital (Cfr. Fs. 430).-

Que en efecto, una vez allegados los autos a la alzada, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Cuarta Sala de la capital, dictó el A.I.N°061 de fecha 06 de marzo de 2013, por el cual resolvió: “DECLARAR mal concedidos los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abogado José María Ibáñez con patrocinio del Abogado Cristóbal Hermosilla, contra la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012, y en consecuencia, DEVOLVER los autos al Juzgado de origen sin más trámites…”, siendo el fundamento para tal decisión cuanto sigue: “éste Tribunal observa que el Abogado José María Ibáñez representante convencional de la parte demandada ha comunicado el fallecimiento de su poderdante en fecha 27 de diciembre de 2012, conforme al cargo obrante a fs. 423 de autos, dándose de esa manera notificado de la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012, habiendo presentado su escrito de interposición de recurso den fecha 14 de febrero de 2013, fuera de las previsiones del art. 396 del Código Procesal Civil, por lo que los recursos fueron planteados en forma extemporánea (sic)”.-

Que, este Tribunal en estas circunstancias no puede ni está en condiciones de hacer mérito de lo decidido por un Tribunal de Apelación de igual clase plenamente competente en su momento respectivo a la cuestión que le fue sometida a su consideración y resolución. Podrá si discutirse la constitucionalidad o no de lo resulto por Tribunal de Apelación que dictó el A.I.N°061 de fecha 06 de marzo de 2013, lo cual en todo caso es de la competencia exclusiva de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sala Constitucional dado que los fundamentos expuestos en la citada resolución aparecen como contradictorios, pero, reiteramos a este Tribunal no le es dado volver a hacer mérito de lo resuelto por el Tribunal competente que ya se expidió en forma expresa, concreta y en el ámbito de su competencia sobre los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el representante convencional del que en vida fuera el señor JADV.

Que, de lo precedentemente expuesto surge inevitablemente la situación jurídica-procesal de que respecto a los recursos de apelación y nulidad interpuestos por los herederos del que en vida fuera don JADV ya se ha operado la preclusión procesal, dado que dicho medio de impugnación ya fue ejercido en autos por el apoderado del citado causante (cfr. Fs. 424), concedido en primera instancia (cfr. Fs.4279 y declarado mal concedido en alzada (cfr. A.I.N°061 de fecha 06 de marzo de 2013 de fs. 430), por lo cual en estas circunstancias corresponde declarar mal concedidos los recursos interpuestos a fs. 453 de autos, toda vez que no es posible repetir actuaciones procesales ya concluidas en el curso del proceso, sin riesgo de violentar de modo serio el debido proceso al habilitar de nuevo la etapa recursiva preclusa.-

Que, en este sentido el art. 103 del CPC., establece: “Principio de preclusión: Clausurada una etapa procesal, no es posible renovarla, aunque haya acuerdo de partes…”.

Que el Prof. Dr. Hernán Casco Pagano sostiene al respecto: “Las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva mediante la clausura definitiva de cada una de ellas. De este modo, no es posible regresar a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados impidiéndose, en consecuencia, realizar actos propios de una etapa cuando ya se ha pasado a la siguiente, …,…3. Modos: La preclusión puede operarse de tres modos distintos: 3.1. Por no haberse observado el orden u oportunidad que la ley establece para la realización de un acto. 3.2. Por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra. 33. POR HABVERSE EJERCIDO YA UNA VEZ, VALIDAMENTE UNA FACULTAD (las mayúsculas son nuestras)^{^[1]}”.

Que, la doctrina (citada por el Prof. Carlos Gonzales Alfonso), afirma que la preclusión “…opera como un impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior; la facultad procesal no usada se extingue…” MONTERO AROCA, Juan, Proceso Civil e ideología, Ed. Tirant le Blanch, Valencia, 20006, p. 236”^{^[2]}.-

Que, la doctrina de la arbitrariedad, tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y debido proceso por lo que no es posible desbaratar una situación procesal ya consolidada al amparo de la preclusión – en el caso, por el rechazo de recursos interpuestos por planteamiento extemporáneo- en desmedro de dichas garantías de una de las partes.-

Que, atento a lo considerado propongo que declarar mal concedido los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abg. Joel Talavera Zarate, en representación de los herederos ADVP contra la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012, dictado por el Juez de la Niñez y la Adolescencia de Villa Hayes, Abg. Daniel Gómez Rambado y devolver los autos al Juzgado de origen, en conformidad a lo expuesto en la parte analítica de esta resolución.-

Que en cuanto a las costas de esta instancia, corresponde en el caso imponerlas en el orden causado, toda vez que de parte de la recurrente ha existido razón para litigar en consideración que el A.I.N°061 de fecha 06 de marzo de 2013 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Cuarta Sala de la capital, resulta en cierto modo contradictorio en sus fundamentos, mas no así en la parte resolutiva que deja bien claro que declaró mal concedidos los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el abogado José María Ibáñez con patrocinio del Abogado Cristóbal Hermosilla, en contra de la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012 emanado del Tribunal de Apelación Cuarta Sala de la Capital (Cfr. Fs.430).-

A su turno, el Miembro Abogado Luis Fernando Roy Benítez, dijo: Disiento respetuosamente con el voto del colega preopinante por los siguientes fundamentos: -

Esta judicatura ha notado que el 14 de diciembre del año 2012, se ha llevado a cabo audiencia ocasión en que estuvo presente el señor MCSB en compañía de su representante convencional, abogado Miguel Mendieta, no así la parte demandada señores GAG y GGG, y con especial atención se resalta la ausencia del señor JADV (+), como consecuencia de que un día antes, es decir el 13 de diciembre de 2012, se produjo su deceso, según Certificado del Acta de Defunción que rola en autos. Pese a tal circunstancia, se sucedieron actos procesales en un evidente estado de total indefensión del codemandado JADV.-

El Art. 16 de la Constitución Nacional establece: “La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales”.-

Fernández Arévalos^{^[3]} señala que con esa disposición se asegura la inviolabilidad del derecho de toda persona inmersa en un proceso judicial de presentarse irrenunciablemente ante la justicia para la libre defensa de sus derechos; la que será conocida y valorada por jueces cuya jurisdicción y competencia deberán estar predeterminada por la ley antes de la ocurrencia del hecho sometido a proceso.-

Respecto a la inviolabilidad de la defensa en juicio, Badeni^{^[4]} sostiene que tal circunstancia se traduce en la efectiva posibilidad atribuida a los litigantes para ejercerla conforme a la ley procesal, de modo que si ella se ve conculcada con actos o hechos que denoten tales situaciones, es pasible de acarrear la nulidad de los procedimientos que son su necesaria consecuencia.

En ese mismo contexto, el código ritual compele a los jueces la obligación de dictar los fallos de conformidad con la Constitución y la ley. En tal sentido, el Art.15 del C.P.C. refiere: “Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial… b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad… g)… La infracción de los deberes enunciados en los incisos b), c), d) y e) de este artículo, causará la nulidad de las resoluciones y actuaciones…” (negritas son agregado). En el contexto citado, es menester inexorable la pertinencia de que los fallos se encuentren ajustados a nuestro ordenamiento positivo, que incluso adquiere rango constitucional; en efecto el Art. 256 in fine de la Carta Magna reza: “…Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley…” Casco Pagano^{^[5]} sostiene que los jueces no pueden ser irresponsables, se debe tener la posibilidad cierta de controlar sus actos, su honestidad y su capacidad y una de las formas de conseguirlo es imponiendo la motivación de sus sentencias, por ello el principio se halla consagrado en las Constituciones de los Estados democráticos, agregando que el deber de fundar los fallos que tienen los jueces constituye una garantía contra la arbitrariedad judicial, sancionada con la nulidad y pasible, en su caso, de revisión por inconstitucionalidad.

Carrió^{^[6]} define de una manera fácilmente descifrable aspectos que podrían situar a una sentencia dentro de las denominadas “arbitrarias” como consecuencia de vicios que la tornan nula, en los siguientes términos: “Nadie ha podido hasta determinar las condiciones necesarias y suficientes que ello ocurra; decidir que una sentencia satisface el test del debido proceso legal no es reconocer en ella o atribuirle una elusiva e indefinible propiedad o característica, sino que es señalar que no exhibe ninguna de las muy variadas anomalías que directa o indirectamente pueden afectar un acto tan completo como el de dictar una decisión judicial. La complejidad del acto se refleja en la riqueza y complejidad de los cánones que se usan para apreciar sus variados momentos. Son innumerables los modos en que estos cánones pueden ser transgredidos”.-

Por su parte, el Art.359 del C.C. preceptúa: “Cuando el acto es nulo, su nulidad debe ser declarada de oficio por el juez, si aparece manifiesta en el acto o ha sido comprobada en juicio…”. A este respecto, es de consabida doctrina que el verdadero sentido de esta norma no se puede aprehender si no se la combina con lo dispuesto en el art. 113 del C.P.C. –a ser desarrollado más adelante–, de lo cual se desprende en forma por demás nítida que cada vez que se produzca una oposición entre un acto jurídico y normas de carácter imperativo, la sanción será la invalidez, a menos que se disponga otra consecuencia, sin necesidad de que la ley establezca en forma específica, para cada caso particular, la sanción de nulidad.

Para Cifuentes^{^[7]}, hay acto nulo siempre que el vicio sea manifiesto para el juez, por no depender de una investigación de hecho la comprobación del defecto que invalida el acto; la posibilidad de que el vicio sea también manifiesto, con respecto a los terceros interesados, resulta ajena al concepto de acto nulo, como lo demuestra el hecho de que la declaración de invalidez debe declararse, aunque así no ocurra.-

Retornando al caso de nos ocupa, la mentada audiencia del art. 643 del C.P.C. se ha realizado en un instante procesal en que el codemandado JADV se encontraba muerto, lo cual sin lugar a equívocos constituía un impedimento para que el procedimiento se siga llevando adelante, en detrimento de una de las partes y de sus herederos, en su caso. Otro aspecto no menos relevante constituye la situación procesal del codemandado JADV, atendiendo a que, según las constancias de autos, sin que esto constituya una pre opinión, podría haber gozado en algún momento de la posesión de la res litis, y contaba con expectativas ciertas de salir ganancioso, sea como demandado o como actor en la demanda reconvencional.-

Tenemos así un acto procesal en específico viciado de nulidad: la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre de 2012, cuya acta rola en autos. La ley de forma otorga la facultad privativa al sentenciador de declarar la nulidad de oficio de acuerdo al Art. 113 del C.P.C.: “La nulidad será declarada de oficio, cuando el vicio impida que pueda dictarse válidamente sentencia definitiva, y en los demás casos en que la ley lo prescriba”. Es así que el suscribiente sostiene que ante la circunstancia de la defunción del codemandado, el Ac Quo debió dictar la suspensión del trámite procesal hasta tanto se presenten los herederos en representación del fallecido. En efecto, es sabido que la suspensión de los plazos se produce por resolución judicial, entre otros casos, en los de fallecimiento o incapacidad de alguna de las partes que actuare personalmente, en los de fuerza mayor (conflagración, inundación, incendio, enfermedad repentina, prisión de una de las partes) que hagan imposible la realización del acto procesal, etc, ya que es trivial que la doctrina haya distinguido entre plazos procesales susceptibles de suspensión o de interrupción. A este respecto, "Suspender —dice PODETTI— implica privar temporariamente de efectos a un plazo, inutilizar a sus fines, un lapso del mismo”.

Casco en la obra citada refiere en la apostilla del Art. 113 del C.P.C. que la nulidad de oficio habrá de declararse cuando el vicio impida que pueda dictarse válidamente sentencia definitiva, lo que se dará cuando se viole el Art. 16 de la Constitución, que consagra el Principio de la defensa en juicio de los derechos de las personas, la cual, a criterio del jurista, debe darse en el marco de un “debido proceso” (duet process of law), siendo su violación la máxima nulidad posible, la cual debe ser declarada de oficio por los jueces o tribunales al tomar conocimiento de ello por cualquier motivo o razón.

Si bien en el caso de autos existe una sentencia definitiva, no es menos cierto que la misma es consecuencia mediata del acto procesal viciado, circunstancia que obliga a esta judicatura a sostener la pertinencia de la nulidad del acto procesal viciado y de todas y cada una de sus derivaciones, atendiendo a que no se ha dado participación a los herederos del causante y a la vez demandado en el caso de marras. Dice Maynz, T. I p. 420 “La muerte de la persona obligada debería extinguir la obligación puesto que el hecho de esa persona, una prestación que debe hacer, es lo que constituye su objeto. Pero la Ley ha establecido una ficción en virtud de la cual otras personas, llamadas a recoger los bienes del difunto, son consideradas como continuadoras de su persona y por consiguiente deudoras también de las obligaciones que el difunto tenía. Y lo mismo ocurre en cuanto a la extinción o no de los derechos personales, pero en cuanto a los derechos patrimoniales, vale decir, los derechos reales y de obligación, la Ley admite la misma ficción, haciéndolos pasar a los herederos, considerados como continuadores de la persona del difunto (negritas son agregados).

Por otra parte, si sostenemos que la audiencia del Art. 643 del C.P.C. no pudo haberse llevado a cabo por fallecimiento del “codemandado”, esto es, existencia de varios demandados, no es menos cierto que en el caso “sub examine” estamos frente a la presencia de un “LITISCONSORCIO NECESARIO”, que se produce “…cuando la sentencia sólo puede dictarse útilmente frente a todos los partícipes de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso, de modo tal que la eficacia de éste se halla subordinada a la citación de esas personas… Según ha tenido oportunidad de declararlo la Corte Suprema nacional, el fundamento último del litisconsorcio necesario reside en la exigencia de resguardar el derecho de defensa en juicio de todos aquellos cointeresados a quienes ha de extenderse la cosa juzgada propia de la sentencia dictada sobre el fondo del litigio (Fallos, 252-375; 256-198)^{^[8]}.-

Siendo así como indiscutiblemente lo es, tenemos dos particularidades que convergen en un mismo resultado: la nulidad del acto procesal consistente en la audiencia del Art. 643 del C.P.C., ya que por un lado acaecido el fallecimiento del señor JADV un día antes del día fijado para la realización de la aludida audiencia, el juzgado debió ordenar la suspensión del trámite procesal hasta tanto la relación procesal (litisconsorcio necesario) sea debidamente integrado con los herederos de aquél; de no ser así, como efectivamente ocurrió, corresponde y es obligación del sentenciador declarar la nulidad de dicho acto y de todas sus consecuencias, retrotrayendo el estado procesal a la fijación de una nueva audiencia, atendiendo a que según constancias de autos existe declaración de herederos del extinto coaccionado, con lo que a esta altura de los hechos, se ha subsanado lo que a la integración de la litisconsorcio se refiere.

Es por ello un requisito indiscutible de la validez de las sentencias judiciales, que sean fundadas y constituyan una aplicación razonada del derecho vigente, habida cuenta de las circunstancias probadas de la causa, todo ello, bajo sanción de nulidad, que puede ser declarada ex oficio. Ni la potestad discrecional, ni el libre arbitrio dispensan a la magistratura de la exigencia constitucional de fundamentar suficientemente sus pronunciamientos, todo lo cual nos persuade a inclinarnos por amparar la inalterabilidad del principio de defensa en juicio y, consecuentemente, declarar la nulidad de oficio de la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre de 2012, cuya acta rola a fs. 392 de autos y de todas sus consecuencias mediatas e inmediatas, incluyendo la S.D. N° 360 del 24 de diciembre de 2012, disponiendo además retrotraer la etapa procesal al escrito obrante a fs.384, en el cual la actora reitera pedido de fijación de audiencia de prosecución, reconduciendo de esta forma el trámite procesal con la realización de una nueva audiencia ajustada al Art. 643 del C.P.C., prevista para este tipo de juicios (interdictos). Finalmente conforme con el principio de fuero de atracción, corresponde remitir estos autos al juzgado que entiende en el juicio sucesorio del codemandado JADV a los efectos de la prosecución procedimental ya explicada precedentemente, atento al Art. 733 del C.P.C. que reza: “El juez de la sucesión es competente para entender en todas las cuestiones que puedan surgir a causa de la muerte del causante, así como en todas las reclamaciones deducidas contra él o que pudieren promoverse contra aquella”.-

Habiéndose declarado la nulidad, corresponde que la Magistratura, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 406 del CPC, dicte resolución substitutiva en reemplazo de la que ha sido conceptuada nula. No obstante, en este caso particular y concreto tal disposición procesal resulta inaplicable por cuanto que, como ha sido dicho, la nulidad no ha sido declarada por vicios de forma o de estructura, que permiten dictar nueva sentencia substitutiva, sino por vicios procesales que no permiten hacerlo por cuanto que, en tal supuesto, el Tribunal estaría incurriendo en el mismo vicio que el incurrido por el Juzgado del Tercer Turno. Es por ello por lo que, en estas condiciones, solamente corresponde disponer el reenvío y la remisión de los autos al Juzgado competente a fin de que tramite la causa conforme el procedimiento establecido para la ejecución de sentencias judiciales y, oportunamente, la falle según corresponde en Derecho.-

Con relación a las costas de la nulidad soy del parecer que las mismas deben imponerse en el orden causado en virtud de la forma en que ha sido resuelta la cuestión, pues las circunstancias del caso bien pudieron que las partes hayan obrado en la creencia de creerse con derecho. ES MI VOTO.-

A su tuno el magistrado César Cáceres Benítez, dijo: que se adhiere a la opinión del miembro Abogado Luis Femando Royg Benítez, por compartir sus mismos fundamentos.

POR TANTO, conforme a lo expuesto, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, -

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando ante mí los señores miembros, quedando acordada la sentencia siguiente: -

Ante mí:

SENTENCIA DEFINITIVA Nº__________ /16/03.-

Encarnación, de septiembre de 2016.-

VISTO: El mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Excmo. Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, por mayoría;

RESUELVE

1. Declarar la nulidad de la resolución en alzada y de las actuaciones que la originaron, desde la fs. 385 inclusive en adelante, y todas las que sean consecuencia de la misma, por los fundamentos expuestos.

2. Disponer el reenvío y, por consiguiente, la remisión de los autos al Juzgado competente, a los efectos expresados en el cuerpo de la presente resolución.

3. Imponer las costas en el orden causado.-

3. Anotar, registrar, sacar copia y remitir copia a Estadísticas.

Ante mí:

[1] CASCO PAGANO, Hernán, Código Procesal Civil comentado y concordado, Tomo I, Ed. Ediciones y Arte. Edición, año 2012, pags. 221/222.

[2] VV.AA, Código Procesal Civil comentado, Tomo I, Ed. La Ley paraguaya, año 2012, pág. 297.

[3] FERNÁNDEZ ARÉVALOS, Evelio, MORENO RUFFINELLI, José A., PETTIT, Horacio Antonio. Ob.: «Constitución de la República del Paraguay. Comentada, Concordada y Comparada». T. I. Editora Intercontinental. 2012.

[4] BADENI, Gregorio. Ob.: «Tratado de Derecho Constitucional». T. II. Editora La Ley S.A. 2006.

[5] CASCO PAGANO, Hernán. Ob. «Código Procesal Civil Comentado y Concordado». 5ª edic. Tomo I. Edit. La Ley Paraguaya S.A.

[6] CARRIÓ, Genaro. Ob.: «Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria». Editora Abeledo-Perrot. 1967.

[7] CIFUENTES, Santos y otros. Ob.: «Código Civil. Comentado y Anotado». 3ª ed. act. y ampl. T. II. Editora La Ley S.A. 2011.

[8] PALACIO, Lino Enrique. Obra «Manual de Derecho Procesal Civil» 17ª Ed. Edit. LexisNexis Abeledo-Perrot. Buenos Aires.

Fallos Judiciales de Interés

lunes, 28 de noviembre de 2016

Hecho punible de homicidio culposo

SENTENCIA DEFINITIVA N° 0247 /07/01.-

RESUELVE

viernes, 11 de noviembre de 2016

Art. 2528 CC - Será nula toda cesión que el heredero hiciere de su parte indivisa a persona extraña, sin haberla ofrecido previamente a sus copartícipes....

A.I. Nº 769 /16/03.-

sábado, 8 de octubre de 2016

viernes, 30 de septiembre de 2016

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Nulidad

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