miércoles, 14 de septiembre de 2016

Nulidad


ACUERDO Y SENTENCIA Nº 104/16/03.-

En Encarnación, Paraguay a dos días de septiembre de dos mil dieciséis, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación, Tercera Sala, de esta Circunscripción Judicial, los Miembros Abogados Blas Eduardo Ramírez Palacios, Luis Fernando Royg Benítez, y Cesar Ramón Cáceres Benítez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, ante mí, la autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: JUICIO: Juicio: “MCSB contra ADVP y otros sobre interdicto de retener la posesión”, con el objeto de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la S.D.N°360 del 24 de diciembre de 2012, dictado por el Juez de la Niñez y la Adolescencia de Villa Hayes, Abg. Daniel Gómez Rambado.

          Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelación, resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:
¿ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA?,
EN SU DEFECTO, ¿SE HALLA AJUSTADA A DERECHO?

          Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Ramírez Palacios, Royg Benítez  y Cáceres Benítez.-

     A la primera cuestión planteada, el Miembro preopinante, Abogado Blas Eduardo Ramírez,  dijo: Que, por la resolución recurrida el Juez de la instancia anterior resolvió: “1. NO HACER LUGAR, a la excepción de falta de acción opuesta como de previo y especial pronunciamiento por los señores GAGD y GGGR conforme a los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución. 2. NO HACER LUGAR,   a la demanda reconvencional instaurada por el Abogado RAMON GABRIEL PENAYO BENITEZ, representante convencional del señor JADVP, conforme a los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución. 3. NO HACER LUGAR a las impugnaciones de nulidad y redargución de falsedad, incoadas por la parte demandada, en relación a las instrumentales que acompañan el escrito inicial de demanda, que se detallan a fojas 113 al 117 de autos, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. 4. NO HACER LUGAR a la impugnación de nulidad y redargución de falsedad, articulada, por la parte demandada, en relación al Acta de constatación e inspección judicial, obrante a fs. 117 de autos, conforme a los fundamentos explicitados en el exordio de la presente resolución. 5. HACER LUGAR  al a presente demandada de INTERDICTO DE RETENER deducida por el abogado MIGUEL ANGEL MENDIETA en nombre y representación del señor MCSB contra los señores JADVP, GAGD y GGGR disponiendo en consecuencia el cese de toda turbación por parte de los citados demandados, así como de cualquier otra persona extraña, a tenor de los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución. 6. DISPONER el levantamiento de las medidas cautelares de prohibición de INNOVAR Y CONTRATAR decretada por proveído de fecha 30 de mayo de 2012 (fojas 55 de autos) así como la Medida Cautelar de prohibición de innovar decretada por proveído de fecha 02 de noviembre de 2011 (fojas 174 de autos), una vez que la presente resolución quede firme y ejecutoriada. 7. IMPONER las costas a la parte accionada. 8. ANOTAR, registrar…”.-

Que, el 23 de agosto de 2013 se presentaron los herederos de JADV representados por Joel Talavera Zarate, a través del escrito agregado a fojas 447/450 de estos autos, manifestando entre otras cosas que en tiempo oportuno y debida forma vienen a interponer recurso de apelación y nulidad contra la sentencia definitiva dictada en los autos de acápite por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Villa Hayes el 24 de diciembre de 2012, solicitando se impriman a los mismos las diligencias de rigor.

Que, por providencia del 03 de marzo de 2014 el Juzgado de primera instancia del quinto turno de esta ciudad, además de aceptar la competencia conferida, concedió los recursos de nulidad y apelación interpuestos por Joel Talavera Zarate en representación de los herederos de JADV, en relación y con efecto suspensivo. En efecto, este Tribunal dicto la providencia de “autos”, habiendo los recurrentes  fundamentado los recursos por medio del escrito que luce a fojas 470/480 y precluido el plazo que tuvo la otra parte para hacerlo, de conformidad con el informe de la actuaria obrante a fs. 482 de este expediente.-

Que, ahora bien, analizadas las constancias del expediente se constata que: i) a fojas 138/140 el codemandado quien en vida fuera JADV otorgó poder general para asuntos a los abogados José María Ibáñez y Roberto Eudes González; ii) transitadas las diversas etapas del proceso, el Juez de la Niñez y la Adolescencia de Villa Hayes, Abg. Daniel Gómez Rambado dictó sentencia definitiva el 24 de diciembre de 2012 (fs.413/421); iii) el 27 de diciembre de 2012 se presentó el Abg. José María Ibáñez y comunicó el fallecimiento de Juan Antonio Diez de Vivar, adjuntando el certificado de defunción pertinente y solicitando la suspensión de los tramites de la demanda; iv) por providencia del 28 de diciembre de 2012 el Juzgado de primera instancia dispuesto: “téngase presenta las manifestaciones que anteceden. Agréguese el certificado de defunción autenticado por Escribanía. De la solicitud de suspensión de trámites, estese a lo dispuesto en la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012”; v) por acta labrada a fojas 424 se dejó constancia de la comparecencia de los abogados José María Ibáñez y Cristóbal Hermosilla, quienes se dieron por notificados de la sentencia dictad e interpusieron recursos de apelación y nulidad contra la misma, los que concedidos dieron lugar al A.I.N°061 dictado por el Tribunal de Apelación en lo civil y Comercial 4ta. Sala de la Capital, de fecha 06 de marzo de 2013 por el cual se dispuso: “DECLARAR MAL CONCEDIDOS los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abogado José María Ibáñez con Patrocinio del Abogado Cristóbal Hermosilla, contra la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012 y, en consecuencia DEVOLVER estos autos al Juzgado de origen sin más trámites. Anotar…” vi) el 23 de agosto de 2013 se presentó el Abg. José Talavera Zarate bajo patrocinio del Abogado Omar Montiel Olmedo, en representación de los herederos de JADV conforme al poder general (a favor de los Abogados José María Ibáñez Benítez y Joel E. Talavera Zarate) otorgado por los señores MADVK (administrador de los bienes relictos de la sucesión de JADV), LCKDV, CFADV y LMDVK a darse por notificados de la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012 y a interponer los recursos de apelación y nulidad en contra de dicho fallo en los términos del escrito que luce a fojas 447/450.

Que, de los antecedentes del caso relacionados precedentemente se puede observar claramente que los recursos de apelación y nulidad interpuestos Que, de los antecedentes del caso relacionados precedentemente se puede observar claramente que los recursos de apelación y nulidad interpuestos  en contra de la S.D.N° 360 de fecha 24 de diciembre de 2012 ya fueron interpuestos por parte del Abg. José María Ibáñez apoderado del que en vida fuera don JADV en fecha 14 de febrero de 2013 (cfr. Fs. 424 de autos), los que fueron concedidos por el proveído de fecha 20 de febrero de 2013 (cf. Fs. 427) y declarados “mal concedidos” por el A.I.N°061 de fecha 6 de marzo de 2013 emanado del Tribunal de Apelación Cuarta Sala de la Capital (Cfr. Fs. 430).-

Que en efecto, una vez allegados los autos a la alzada, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Cuarta Sala de la capital, dictó el A.I.N°061 de fecha 06 de marzo de 2013, por el cual resolvió: “DECLARAR mal concedidos los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abogado José María Ibáñez con patrocinio del Abogado Cristóbal Hermosilla, contra la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012, y en consecuencia, DEVOLVER los autos al Juzgado de origen sin más trámites…”, siendo el fundamento para tal decisión cuanto sigue: “éste Tribunal observa que el Abogado José María Ibáñez representante convencional de la parte demandada ha comunicado el fallecimiento de su poderdante en fecha 27 de diciembre de 2012, conforme al cargo obrante a fs. 423 de autos,  dándose de esa manera notificado de la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012, habiendo presentado su escrito de interposición de recurso den fecha 14 de febrero de 2013, fuera de las previsiones del art. 396 del Código Procesal Civil, por lo que los recursos fueron planteados en forma extemporánea (sic)”.-

Que, este Tribunal en estas circunstancias no puede ni está en condiciones de hacer mérito de lo decidido por un Tribunal de Apelación de igual clase plenamente competente en su momento respectivo a la cuestión que le fue sometida a su consideración y resolución. Podrá si discutirse la constitucionalidad o no de lo resulto por Tribunal de Apelación que dictó el A.I.N°061 de fecha 06 de marzo de 2013, lo cual en todo caso es de la competencia exclusiva de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sala Constitucional dado que los fundamentos expuestos en la citada resolución aparecen como contradictorios, pero, reiteramos a este Tribunal no le es dado volver a hacer mérito de lo resuelto por el Tribunal competente que ya se expidió en forma expresa, concreta y en el ámbito de su competencia sobre los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el representante convencional del que en vida fuera el señor JADV.

Que, de lo precedentemente expuesto surge inevitablemente la situación jurídica-procesal de que respecto a los recursos de apelación y nulidad interpuestos por los herederos del que en vida fuera don JADV ya se ha operado la preclusión procesal, dado que dicho medio de impugnación ya fue ejercido en autos por el apoderado del citado causante (cfr. Fs. 424), concedido en primera instancia (cfr. Fs.4279 y declarado mal concedido en alzada (cfr. A.I.N°061 de fecha 06 de marzo de 2013 de fs. 430), por lo cual en estas circunstancias corresponde declarar mal concedidos los recursos interpuestos a fs. 453 de autos, toda vez que no es posible repetir actuaciones procesales ya concluidas en el curso del proceso, sin riesgo de violentar de modo serio el debido proceso al habilitar de nuevo la etapa recursiva preclusa.-

Que, en este sentido el art. 103 del CPC., establece: “Principio de preclusión: Clausurada una etapa procesal, no es posible renovarla, aunque haya acuerdo de partes…”.

Que el Prof. Dr. Hernán Casco Pagano sostiene al respecto: “Las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva mediante la clausura definitiva de cada una de ellas. De este modo, no es posible regresar a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados impidiéndose, en consecuencia, realizar actos propios de una etapa cuando ya se ha pasado a la siguiente, …,…3. Modos: La preclusión puede operarse de tres modos distintos: 3.1. Por no haberse observado el orden u oportunidad que la ley establece para la realización de un acto. 3.2. Por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra. 33. POR HABVERSE EJERCIDO YA UNA VEZ, VALIDAMENTE UNA FACULTAD (las mayúsculas son nuestras)[1]”.

Que, la doctrina (citada por el Prof. Carlos Gonzales Alfonso), afirma que la preclusión “…opera como un impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior; la facultad procesal no usada se extingue…” MONTERO AROCA, Juan, Proceso Civil e ideología, Ed. Tirant le Blanch, Valencia, 20006, p. 236”[2].-

Que, la doctrina de la arbitrariedad, tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y debido proceso por lo que no es posible desbaratar una situación procesal ya consolidada al amparo de la preclusión – en el caso, por el rechazo de recursos interpuestos por planteamiento extemporáneo- en desmedro de dichas garantías de una de las partes.-

Que, atento a lo considerado propongo que declarar mal concedido los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abg. Joel Talavera Zarate, en representación de los herederos ADVP contra la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012, dictado por el Juez de la Niñez y la Adolescencia de Villa Hayes, Abg. Daniel Gómez Rambado y devolver los autos al Juzgado de origen, en conformidad a lo expuesto en la parte analítica de esta resolución.-

Que en cuanto a las costas de esta instancia, corresponde en el caso imponerlas en el orden causado, toda vez que de parte de la recurrente ha existido razón para litigar en consideración que el A.I.N°061 de fecha 06 de marzo de 2013 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Cuarta Sala de la capital, resulta en cierto modo contradictorio en sus fundamentos, mas no así en la parte resolutiva que deja bien claro que declaró mal concedidos los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el abogado José María Ibáñez con patrocinio del Abogado Cristóbal Hermosilla, en contra de la S.D.N°360 de fecha 24 de diciembre de 2012 emanado del Tribunal de Apelación Cuarta Sala de la Capital (Cfr. Fs.430).-

A su turno, el Miembro Abogado Luis Fernando Roy Benítez, dijo: Disiento respetuosamente con el voto del colega preopinante por los siguientes fundamentos: -

Esta judicatura ha notado que el 14 de diciembre del año  2012, se ha llevado a cabo audiencia ocasión en que estuvo presente el señor MCSB en compañía de su representante convencional, abogado Miguel Mendieta, no así la parte demandada señores GAG y GGG, y con especial atención  se resalta la ausencia del señor JADV (+), como consecuencia de  que un día antes, es decir el 13 de diciembre de 2012, se produjo su deceso, según Certificado del Acta de Defunción que rola en autos. Pese a tal circunstancia, se sucedieron actos procesales en un evidente estado de total indefensión del codemandado JADV.- 

El Art. 16 de la Constitución Nacional establece: “La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales”.-

Fernández Arévalos[3] señala que con esa disposición se asegura la inviolabilidad del derecho de toda persona inmersa en un proceso judicial de presentarse irrenunciablemente ante la justicia para la libre defensa de sus derechos; la que será conocida y valorada por jueces cuya jurisdicción y competencia deberán estar predeterminada por la ley antes de la ocurrencia del hecho sometido a proceso.-

Respecto a la inviolabilidad de la defensa en juicio, Badeni[4] sostiene que tal circunstancia se traduce en la efectiva posibilidad atribuida a los litigantes para ejercerla conforme a la ley procesal, de modo que si ella se ve conculcada con actos o hechos que denoten tales situaciones, es pasible de acarrear la nulidad de los procedimientos que son su necesaria consecuencia.  

En ese mismo contexto, el código ritual compele a los jueces la obligación de dictar los fallos de conformidad con la Constitución y la ley. En tal sentido, el Art.15 del C.P.C. refiere: “Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial… b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad… g)… La infracción de los deberes enunciados en los incisos b), c), d) y e) de este artículo, causará la nulidad de las resoluciones y actuaciones…” (negritas son agregado). En el contexto citado, es menester inexorable la pertinencia de que los fallos se encuentren ajustados a nuestro ordenamiento positivo, que incluso adquiere rango constitucional; en efecto el Art. 256 in fine de la Carta Magna reza: “…Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley…” Casco Pagano[5] sostiene que los jueces no pueden ser irresponsables, se debe tener la posibilidad cierta de controlar sus actos, su honestidad y su capacidad y una de las formas de conseguirlo es imponiendo la motivación de sus sentencias, por ello el principio se halla consagrado en las Constituciones de los Estados democráticos, agregando que el deber de fundar los fallos que tienen los jueces constituye una garantía contra la arbitrariedad judicial, sancionada con la nulidad y pasible, en su caso, de revisión por inconstitucionalidad.

Es por ello un requisito indiscutible de la validez de las sentencias judiciales, que sean fundadas y constituyan una aplicación razonada del derecho vigente, habida cuenta de las circunstancias probadas de la causa, todo ello, bajo sanción de nulidad, que puede ser declarada ex oficio. Ni la potestad discrecional, ni el libre arbitrio dispensan a la magistratura de la exigencia constitucional de fundamentar suficientemente sus pronunciamientos.

Carrió[6] define de una manera fácilmente descifrable aspectos que podrían situar a una sentencia dentro de las denominadas “arbitrarias” como consecuencia de vicios que la tornan nula, en los siguientes términos: “Nadie ha podido hasta determinar las condiciones necesarias y suficientes que ello ocurra; decidir que una sentencia satisface el test del debido proceso legal no es reconocer en ella o atribuirle una elusiva e indefinible propiedad o característica, sino que es señalar que no exhibe ninguna de las muy variadas anomalías que directa o indirectamente pueden afectar un acto tan completo como el de dictar una decisión judicial. La complejidad del acto se refleja en la riqueza y complejidad de los cánones que se usan para apreciar sus variados momentos. Son innumerables los modos en que estos cánones pueden ser transgredidos”.-

Por su parte, el Art.359 del C.C. preceptúa: “Cuando el acto es nulo, su nulidad debe ser declarada de oficio por el juez, si aparece manifiesta en el acto o ha sido comprobada en juicio…”. A este respecto, es de consabida doctrina que el verdadero sentido de esta norma no se puede aprehender si no se la combina con lo dispuesto en el art. 113 del C.P.C. –a ser desarrollado más adelante–, de lo cual se desprende en forma por demás nítida que cada vez que se produzca una oposición entre un acto jurídico y normas de carácter imperativo, la sanción será la invalidez, a menos que se disponga otra consecuencia, sin necesidad de que la ley establezca en forma específica, para cada caso particular, la sanción de nulidad.

Para Cifuentes[7], hay acto nulo siempre que el vicio sea manifiesto para el juez, por no depender de una investigación de hecho la comprobación del defecto que invalida el acto; la posibilidad de que el vicio sea también manifiesto, con respecto a los terceros interesados, resulta ajena al concepto de acto nulo, como lo demuestra el hecho de que la declaración de invalidez debe declararse, aunque así no ocurra.-

Retornando al caso de nos ocupa, la mentada audiencia del art. 643 del C.P.C. se ha realizado en un instante procesal en que el codemandado JADV se encontraba muerto, lo cual sin lugar a equívocos constituía un impedimento para que el procedimiento se siga llevando adelante, en detrimento de una de las partes y de sus herederos, en su caso. Otro aspecto no menos relevante constituye la situación procesal del codemandado  JADV, atendiendo a que, según las constancias de autos, sin que esto constituya una pre opinión, podría haber gozado en algún momento de la posesión de la res litis, y contaba con expectativas ciertas de salir ganancioso, sea como demandado o como actor en la demanda reconvencional.-

Tenemos así un acto procesal en específico viciado de nulidad: la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre de 2012, cuya acta rola en autos. La ley de forma otorga la facultad privativa al sentenciador de declarar la nulidad de oficio de acuerdo al Art. 113 del C.P.C.: “La nulidad será declarada de oficio, cuando el vicio impida que pueda dictarse válidamente sentencia definitiva, y en los demás casos en que la ley lo prescriba”. Es así que el suscribiente sostiene que ante la circunstancia de la defunción del codemandado, el Ac Quo debió dictar la suspensión del trámite procesal hasta tanto se presenten los herederos en representación del fallecido. En efecto, es sabido que la suspensión de los plazos se produce por resolución judicial, entre otros casos, en los de fallecimiento o incapacidad de alguna de las partes que actuare personalmente, en los de fuerza mayor (conflagración, inundación, incendio, enfermedad repentina, prisión de una de las partes) que hagan imposible la realización del acto procesal, etc, ya que es trivial que la doctrina haya distinguido entre plazos procesales susceptibles de suspensión o de interrupción. A este respecto, "Suspender —dice PODETTI— implica privar temporariamente de efectos a un plazo, inutilizar a sus fines, un lapso del mismo”.

Casco en la obra citada refiere en la apostilla del Art. 113 del C.P.C. que la nulidad de oficio habrá de declararse cuando el vicio impida que pueda dictarse válidamente sentencia definitiva, lo que se dará cuando se viole el Art. 16 de la Constitución, que consagra el Principio de la defensa en juicio de los derechos de las personas, la cual, a criterio del jurista, debe darse en el marco de un “debido proceso” (duet process of law), siendo su violación la máxima nulidad posible, la cual debe ser declarada de oficio por los jueces o tribunales al tomar conocimiento de ello por cualquier motivo o razón.

Si bien en el caso de autos existe una sentencia definitiva, no es menos cierto que la misma es consecuencia mediata del acto procesal viciado, circunstancia que obliga a esta judicatura a sostener la pertinencia de la nulidad del acto procesal viciado y de todas y cada una de sus  derivaciones, atendiendo a que no se ha dado participación a los herederos del causante y a la vez demandado en el caso de marras. Dice Maynz, T. I p. 420 “La muerte de la persona obligada debería extinguir la obligación puesto que el hecho de esa persona, una prestación que debe hacer, es lo que constituye su objeto. Pero la Ley ha establecido una ficción en virtud de la cual otras personas, llamadas a recoger los bienes del difunto, son consideradas como continuadoras de su persona y por consiguiente deudoras también de las obligaciones que el difunto tenía. Y lo mismo ocurre en cuanto a la extinción o no de los derechos personales, pero en cuanto a los derechos patrimoniales, vale decir, los derechos reales y de obligación, la Ley admite la misma ficción, haciéndolos pasar a los herederos, considerados como continuadores de la persona del difunto (negritas son agregados).
 
Por otra parte, si sostenemos que la audiencia del Art. 643 del C.P.C. no pudo haberse llevado a cabo por fallecimiento del “codemandado”, esto es, existencia de varios demandados, no es menos cierto que en el caso “sub examine” estamos frente a la presencia de un “LITISCONSORCIO NECESARIO”, que se produce “…cuando la sentencia sólo puede dictarse  útilmente frente a todos los partícipes de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso, de modo tal que la eficacia de éste se halla subordinada a la citación de esas personas… Según ha tenido oportunidad de declararlo la Corte Suprema nacional, el fundamento último del litisconsorcio necesario reside en la exigencia de resguardar el derecho de defensa en juicio de todos aquellos cointeresados a quienes ha de extenderse la cosa juzgada propia de la sentencia dictada sobre el fondo del litigio (Fallos, 252-375; 256-198)[8].-

Siendo así como indiscutiblemente lo es, tenemos dos particularidades que convergen en un mismo resultado: la nulidad del acto procesal consistente en la audiencia del Art. 643 del C.P.C., ya que por un lado acaecido el fallecimiento del señor JADV un día antes del día fijado para la realización de la aludida audiencia, el juzgado debió ordenar la suspensión del trámite procesal hasta tanto la relación procesal (litisconsorcio necesario) sea debidamente integrado con los herederos de aquél; de no ser así, como efectivamente ocurrió, corresponde y es obligación del sentenciador declarar la nulidad de dicho acto y de todas sus consecuencias, retrotrayendo el estado procesal a la fijación de una nueva audiencia, atendiendo a que según constancias de autos existe declaración de herederos del extinto coaccionado, con lo que a esta altura de los hechos, se ha subsanado lo que a la integración de la litisconsorcio se refiere. 

Es por ello un requisito indiscutible de la validez de las sentencias judiciales, que sean fundadas y  constituyan una aplicación razonada del derecho vigente, habida cuenta de las circunstancias probadas de la causa, todo ello, bajo sanción de nulidad, que puede ser declarada ex oficio. Ni la potestad discrecional, ni el libre arbitrio dispensan a la magistratura de la exigencia constitucional de fundamentar suficientemente sus pronunciamientos, todo lo cual nos persuade a inclinarnos por amparar la inalterabilidad del principio de defensa en juicio y, consecuentemente, declarar la nulidad de oficio de la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre de 2012, cuya acta rola a fs. 392 de autos y de todas sus consecuencias mediatas e inmediatas, incluyendo la S.D. N° 360 del 24 de diciembre de 2012, disponiendo además retrotraer la etapa procesal al escrito obrante a fs.384, en el cual la actora reitera pedido de fijación de audiencia de prosecución, reconduciendo de esta forma el trámite procesal con la realización de una nueva audiencia ajustada al Art. 643 del C.P.C., prevista para este tipo de juicios (interdictos). Finalmente conforme con el principio de fuero de atracción, corresponde remitir estos autos al juzgado que entiende en el juicio sucesorio del codemandado JADV a los efectos de la prosecución procedimental ya explicada precedentemente, atento al Art. 733 del C.P.C. que reza: “El juez de la sucesión es competente para entender en todas las cuestiones que puedan surgir a causa de la muerte del causante, así como en todas las reclamaciones deducidas contra él o que pudieren promoverse contra aquella”.-

Habiéndose declarado la nulidad, corresponde que la Magistratura, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 406 del CPC, dicte resolución substitutiva en reemplazo de la que ha sido conceptuada nula. No obstante, en este caso particular y concreto tal disposición procesal resulta inaplicable por cuanto que, como ha sido dicho, la nulidad no ha sido declarada por vicios de forma o de estructura, que permiten dictar nueva sentencia substitutiva, sino por vicios procesales que no permiten hacerlo por cuanto que, en tal supuesto, el Tribunal estaría incurriendo en el mismo vicio que el incurrido por el Juzgado del Tercer Turno. Es por ello por lo que, en estas condiciones, solamente corresponde disponer el reenvío y la remisión de los autos al Juzgado competente a fin de que tramite la causa conforme el procedimiento establecido para la ejecución de sentencias judiciales y, oportunamente, la falle según corresponde en Derecho.-

Con relación a  las costas de la nulidad soy del parecer que las mismas deben imponerse en el orden causado en virtud de la forma en que ha sido resuelta la cuestión, pues las circunstancias del caso bien pudieron que las partes hayan obrado en la creencia de creerse con derecho. ES MI VOTO.-

A su tuno el magistrado César Cáceres Benítez, dijo: que se adhiere a la opinión del miembro Abogado Luis Femando Royg Benítez, por compartir sus mismos fundamentos.

     POR TANTO, conforme a lo expuesto, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, -


          Con lo que se dio por terminado el acto, firmando ante mí los señores miembros, quedando acordada la sentencia siguiente: -

Ante mí:






SENTENCIA DEFINITIVA Nº__________ /16/03.-

          Encarnación,       de septiembre de 2016.-

          VISTO: El mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Excmo. Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, por mayoría;

RESUELVE

1. Declarar la nulidad de la resolución en alzada y de las actuaciones que la originaron, desde la fs. 385 inclusive en adelante, y todas las que sean consecuencia de la misma, por los fundamentos expuestos.

2. Disponer el reenvío y, por consiguiente, la remisión de los autos al Juzgado competente, a los efectos expresados en el cuerpo de la presente resolución.

3. Imponer las costas en el orden causado.-

3. Anotar, registrar, sacar copia y remitir copia a Estadísticas.

 Ante mí:
















[1] CASCO PAGANO, Hernán, Código Procesal Civil comentado y concordado, Tomo I, Ed. Ediciones y Arte. Edición, año 2012, pags. 221/222.
[2] VV.AA, Código Procesal Civil comentado, Tomo I, Ed. La Ley paraguaya, año 2012, pág. 297.
[3] FERNÁNDEZ ARÉVALOS, Evelio, MORENO RUFFINELLI, José A., PETTIT, Horacio Antonio. Ob.: «Constitución de la República del Paraguay. Comentada, Concordada y Comparada». T. I. Editora Intercontinental. 2012.
[4] BADENI, Gregorio. Ob.: «Tratado de Derecho Constitucional». T. II. Editora La Ley S.A. 2006.
[5] CASCO PAGANO, Hernán. Ob. «Código Procesal Civil Comentado y Concordado». 5ª edic. Tomo I. Edit. La Ley Paraguaya S.A.
[6] CARRIÓ, Genaro. Ob.: «Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria». Editora Abeledo-Perrot. 1967.
[7] CIFUENTES, Santos y otros. Ob.: «Código Civil. Comentado y Anotado». 3ª ed. act. y ampl. T. II. Editora La Ley S.A. 2011.

[8] PALACIO, Lino Enrique. Obra «Manual de Derecho Procesal Civil» 17ª Ed. Edit. LexisNexis Abeledo-Perrot. Buenos Aires.

lunes, 8 de agosto de 2016

Regulación de honorarios (Monto del asunto como base para la justipreciación)

Juicio: Inc. de RHP del Abog. RJE y JMGM en los autos caratulados: “Ramón Duarte Villagra c/ Pastora Villagra de Duarte y otros s/ acción autónoma de Nulidad”.-
A.I. N°___________/14/01.-

Encarnación,         de noviembre  de 2014.-

          VISTO: El recurso de apelación interpuesto por los Abogados  JMGM  y RJEI , por derechos propios, y los recursos de apelación y nulidad interpuesto por el señor Ramón Duarte Villagra, bajo patrocinio de la Abg. MDRR, contra el A.I. N° 2257/2014/04 del 17 de junio de 2014, dictado por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno, Abg. Nilda Benítez Caballero, y;-

CONSIDERANDO

          Que, por la resolución recurrida la jueza de la anterior instancia dispuso: 1.- REGULAR los Honorarios Profesionales del Abogado  JMGM , en el carácter de Abogado procurador de la parte demandada, por las actuaciones realizadas en los autos principales y en esta instancia, dejándolos fijados en la suma de GUARANÍES VEINTE Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (Gs.25.887.500), más el 10% en concepto de I.V.A., que deberá ser entregado al citado profesional, en su carácter de Agente de Retención. 2.- REGULAR los Honorarios Profesionales del Abogado RJEI , en el carácter de Abogado patrocinante de la parte demandada, por las actuaciones realizadas en los autos principales y en esta instancia, dejándolos fijados en la suma de.- GUARANIES CINCUENTA Y UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (Gs. 51.775.000), más el 10% en concepto de I.V.A., que deberá ser entregado al citado profesional, en su carácter de Agente de Retención. 3.- ANOTAR,…”.-

          Recurso de Nulidad interpuesto por el señor Ramón Duarte Villagra, bajo patrocinio de la Abg. MDRR.

              Que, el recurrente expresa primeramente que tanto el presente incidente regulatorio como los autos principales son desencadenantes de un juicio caratulado: “Banco Paraguayo Oriental S.A. c/ María Esther Duarte Villagra, Andrés Duarte y Pastora Villagra de Duarte s/ Preparación de acción ejecutiva y embargo preventivo”. Menciona que en el citado expediente se cometieron graves irregularidades procesales y realiza una descripción de las actuaciones acaecidas. Añade que se omitió la aplicación de la Ley N° 154/69, del fuero de atracción, y que el presente juicio tiene sus antecedentes nulos, solicitando se tenga en cuenta lo dispuesto por el art. 658 inc. “a” del C.C, pues se avasallaron derechos constitucionales de inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de la supremacía de la Constitución Nacional, por ende carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en ella. Por ello solicita la nulidad del presente juicio, y en consecuencia revocar el auto interlocutorio recurrido.

          Que, la parte contraria contesta el traslado que le fuera corrido. Expresan los abogados que del escrito de la contraria se desprende únicamente la queja efectuada por la tramitación del juicio caratulado: “Banco Paraguayo Oriental S.A. c/ María Esther Duarte Villagra, Andrés Duarte y Pastora Villagra de Duarte s/ Preparación de acción ejecutiva y embargo preventivo”, que data de 1996, relatando que la violación de derechos y garantías que le asistían al mismo fue el motivo por el cual promovió el juicio de acción autónoma de nulidad, resultando el señor Ramón Duarte Villagra perdidoso en todas las instancias, con lo cual señalan que quedaron legitimados a reclamar el pago de los honorarios profesionales generados por sus actuaciones en dicho proceso. Aclaran que los honorarios profesionales reclamados son los que se generaron en el juicio de acción autónoma de nulidad, y no la preparación de acción ejecutiva que señaló el recurrente, intentando confundir a este Tribunal. Finalizan indicando que todas las resoluciones en este juicio se hallan firmes y ejecutoriadas, con lo cual el incidente de regulación de honorarios profesionales es plenamente viable, por lo que solicitan se rechace este recurso interpuesto.-

          Que, el fundamento del señor Ramón Duarte Villagra se centra básicamente en que el presente incidente de regulación, así como los autos principales, deben ser declarados nulos ya que son consecuencia del proceso caratulado:“Banco Paraguayo Oriental S.A. c/ María Esther Duarte Villagra, Andrés Duarte y Pastora Villagra de Duarte s/ Preparación de acción ejecutiva y embargo preventivo” en el que se han cometido graves irregularidades. Resulta evidente la improcedencia de lo solicitado, pues de las constancias de autos se observa que la resolución recaída en el juicio de acción autónoma de nulidad (A.I. N° 3461), y del cual resulta la presente regulación, hizo lugar a las excepciones opuestas por los Abogados  JMGM  y RJEI, y consecuentemente concluyó el mismo, por lo que a la fecha se encuentra firme, resultando el pedido de regulación de honorarios conforme a derecho. En ese sentido, el recurso de nulidad debe ser desestimado, en el entendimiento de que en el caso no se observan vicios o defectos en la resolución recurrida que ameriten su declaración.-

          Recurso de apelación interpuesto por el Abogado  JMGM , bajo patrocinio del Abg. RJEI .-

          Que, indica el recurrente que agravia a su parte el dictado de la referida resolución, el porcentaje del 5% como abogado patrocinante y el 2,5 % como abogado procurador que utilizó la jueza de la instancia inferior para determinar sobre la suma establecido como el valor del juicio el monto de sus honorarios profesionales por los trabajos realizados en el juicio principal y en primera instancia, dado que lo considera muy por debajo de lo que en puridad corresponde. Solicita la aplicación del porcentaje promedio que establece el artículo 32 de la Ley N° 1376/88 de Abogados y Procuradores puesto que la suma de G. 1.035.500.000 que resulta ser el valor del juicio, considerando los montos actuales que se manejan en nuestra circunscripción a partir de la indemnizaciones provenientes de la Entidad Binacional Yacyretá, del auge agropecuario e industrial del departamento y del valor que tienen los juicios en general, resulta un valor intermedio, por lo cual cree sin temor a equívocos que se debe establecer en 12,5% en carácter de abogado patrocinante, y 6.25% en carácter de abogado procurador, conforme lo señala el art. 25 de la ley arancelaria. En consecuencia, solicita se retase el monto de sus honorarios profesionales en la suma de G. 129.437.500 en carácter de abogado patrocinante, y G. 64.718.750 en carácter de abogado procurador.-

          Que, corrido el traslado de los agravios al señor Ramón Duarte Villagra, bajo patrocinio de la Abg. MDRR, este no formuló los argumentos por el cual se opone al requerimiento formulado por la parte contraria que justifique que a su entender haya sido equivocada.

          Que, respecto al agravio esgrimido por la parte apelante/incidentista objetando el porcentaje establecido por la Jueza para el cálculo de los honorarios, cabe señalar que la aplicación del margen variable del 5 al 20% dispuesto en el art. 32 de la Ley arancelaria es una facultad que queda a criterio del juez. En este caso, la jueza de primera instancia reguló los honorarios en aplicación del art. 23, en consideración al art. 21 y 32, de la Ley N° 1376/88, determinando el mínimo de la escala prevista: 5% como patrocinante, y 2,5% como procurador.-

              Que, la queja de la parte apelante sobre la aplicación de la regla contenida en la última parte del art. 32°, la cual establece el criterio que cuanto mayor sea el monto del juicio menor debe ser el porcentaje aplicable, es atendible, pues a los efectos regulatorios, si bien se debió tener en cuenta el monto del juicio, también debió tenerse en cuenta la importancia y la trascendencia que tuvo en el proceso, la labor de los abogados, quienes opusieron las excepciones de falta de acción y de cosa juzgada a la acción instaurada, que fueran acogidas favorablemente y cuyos resultados impiden la posibilidad de promover idéntica acción ante el juzgado de grado. Aunque el planteamiento de las excepciones no fue compleja ya que fueron suficientes las instrumentales acompañadas, debe tenerse en cuenta para determinar el porcentaje justo y adecuado al caso que la vinculación de las mismas con el proceso no fue solo dilatoria, sino perentoria y su resultado tuvo eficacia.

          Que, en ese contexto, este Tribunal considera que debe modificarse la resolución recurrida y aplicarse el 7% en carácter de patrocinante, y el 3,5% en carácter de procurador, quedando establecido los honorarios profesionales del Abogado RJEI , en el carácter de abogado patrocinante de la parte demandada, en la suma de GUARANIES SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL (G. 72.485.000), más el 10% en concepto de I.V.A.; y los honorarios profesionales del Abogado  JMGM , en el carácter de abogado procurador de la parte demandada, en la suma de GUARANÍES TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (G. 36.242.500), más el 10% en concepto de I.V.A.-

          Recurso de apelación interpuesto por el señor Ramón Duarte Villagra, bajo patrocinio de la Abg. MDRR.-

          Que, de su escrito de expresión de agravios presentado a fs. 150/153 de autos, se observa que no reúne los mínimos requisitos establecidos por el artículo 419 del Código Procesal Civil al no contener una crítica razonada de la resolución, ni exponer los motivos que tiene para considerarla injusta. Su exposición  sólo se refiere a la alegada nulidad del proceso ya resuelta anteriormente. Por ello, debe declarase desierto el presente recurso.

          Voto de disidencia del Miembro Abogado Blas Eduardo Ramírez Palacios con adhesión del Miembro Abogado Sergio Martyniuk Barán.-

          Recurso de Nulidad: Me adhiero al voto del preopinante por los mismos fundamentos.-

          Recurso de Apelación: Disiento respetuosamente con el voto del colega preopinante,  por los fundamentos siguientes:

          Que, al analizar la cuestión traída a estudio en esta alzada, corresponde expresar inicialmente que un proceso de conocimiento ordinario está dividido en tres etapas (art. 27 inc. b) de la ley Nº 1376/88 “De arancel de honorarios de Abogados y Procuradores”, que refiere que las etapas son 1. Demanda, reconvención y sus contestaciones,  2. Etapa de pruebas, y 3. Alegatos y trámites hasta la terminación del juicio en primera instancia; por otra parte a nadie escapa que un proceso de ordinario y en general cualquier proceso puede concluir en cualquiera de las etapas, tal como se da en el caso de autos en que el juicio principal concluyó en la primera etapa por efecto de la procedencia de la excepción de prescripción, aún antes incluso de haberse contestado la demanda u opuesto acción reconvencional alguna, consecuentemente choca contra el sentido común sostener que el proceso concluido en la primera etapa deba ser justipreciado en cuanto a los honorarios devengados como si se hubieran transitado todas las etapas, una idea contraria aparejaría la idea de protección al ilícito del enriquecimiento sin causa, por la percepción de emolumentos por  una labor profesional no realizada, lo cual además,   riñe contra el derecho constitucional de la propiedad privada y a los elementales principios de la justicia de dar a cada uno lo suyo.

          Que, por  otra parte cuando la normativa del art. 23 de la precitada ley de arancel establece que: “Las excepciones previas se regularan como incidentes, pero si el progreso de ellas determinase la imposibilidad de promover idéntica acción, los honorarios del abogado vencedor se regularan como si se tratase de la causa principal”, la interpretación correcta a dicha norma es que si el progreso de la excepción previa planteada impide promover una nueva e idéntica  pretensión, los honorarios deben ser regulados como si se tratase de la causa principal, esto es,  no se regularan los honorarios como si se tratase de un incidente conforme a la primera parte de la normativa estudiada, sino como –en este caso- una proceso de conocimiento ordinario, al cual le son aplicables las normas relativas a las etapas cumplidas en el proceso (art. 27 inc. b) de la Ley 1376/88) y la normativa del art. 32 de la misma ley, que establece el rango de los porcentajes aplicables a estos casos, esto es del 5 al 20 % sobre el monto del litigio o asunto, tomándose como criterio de aplicación objetivo, de menor porcentaje cuanto mayor sea el valor, quedando en consecuencia librado al prudente y equilibrado arbitrio del órgano jurisdiccional establecer los porcentajes, de suerte que los honorarios deben guardar relación con el trabajo profesional desplegado y los criterios igualmente objetivos contenidos en la normativa del art. 21 de la precitada ley que hace referencia al monto del asunto, el valor y la calidad jurídica de la labor profesional, la complejidad e importancia de las cuestiones planteadas y el provecho económico obtenido por el cliente.

          Que, en el sub lite, el monto del juicio esta predeterminada  por la avaluación establecida conforme a la normativa del art. 26 de la ley citada; en cuanto el valor y la calidad jurídica de la labor profesional, en el caso se ha limitado al lacónico planteamiento de la excepción de falta de acción manifiesta y de cosa juzgada (cfr. Fs. 86/87 de los autos  principales), que por lo demás no mereció actividad ulterior alguna en cuanto a diligenciamientos de medio probatorio alguno, limitándose exclusivamente al escrito de  oposición de la defensa perentoria, es decir, el despliegue de la actividad fue mínima.-

          Que, en estas circunstancias soy del parecer, en coincidencia con la decisión del Juzgado, que corresponde aplicar los porcentajes mínimos establecidos en la normativa del art. 32 en concordancia con el art. 23 de la ley N° 1376/88, y en consecuencia voto por la confirmación de la resolución recurrida. Es mi voto.

          POR TANTO, el Excmo. Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Primera Sala, de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, por su mayoría;-

RESUELVE: 

1.- DESESTIMAR el recurso de nulidad interpuesto por el Señor Ramón Duarte Villagra, bajo patrocinio de la Abg. Mirian  del Rosario Ramírez.

2.- DECLARAR DESIERTO, el recurso de apelación interpuesto por el señor Ramón Duarte Villagra, bajo  patrocinio de la Abg. MDRR.

3.- CONFIRMAR el A.I. N° 2257/2014/04 del 17 de junio de 2014, dictado por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno, Abg. Nilda Benítez Caballero, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.

4.- ANOTAR, registrar, sacar copias y remitir un ejemplar a la Oficina de Estadística del Poder Judicial.-


Ante mí:

Honorarios profesionales (Monto del asunto como factor de justipreciación)

Reg. de Honor. Prof. de los Abog. MCS y CDC en los autos: Eugenio Aloisio Schneider c/ Asociación Cultural Soberdia, Congregación Verbo Divino y otro s/ Reivindicación”.

A.I. Nº 1108 /13/01.-


 Encarnación,    31   de diciembre de 2013.-

          VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el Abg. DGB, en representación de la Congregación del Verbo Divino, denominada también Asociación Cultural Soverdia, contra el A.I. N° 5683/2012/03 del 05 de diciembre de 2012 y, su aclaratoria, A.I. N° 5759/2012/03 del 10 de diciembre de 2012; y el recurso de apelación interpuesto por el Abg. MAS y el Abg. CDC, por derecho propio, contra el segundo apartado del A.I. N° 5683/2012/03 del 05 de diciembre de 2012 y el primer apartado de su aclaratoria, A.I. N° 5759/2012/03 del 10 de diciembre de 2012, ambos dictados por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, Abg. Orlando A. Escobar, y;        

CONSIDERANDO


            Que, el Juez de la anterior instancia resolvió por medio del A.I. N° 5683/2012/03: “1. HOMOLOGAR el acuerdo privado presentado por los abogados MAS y CDC; y en consecuencia DECLARAR que la totalidad de los honorarios devengados en el expediente principal y todos sus anexos y accesorios, corresponderán en su totalidad y exclusivamente al abogado MCS. 2. REGULAR la totalidad de los honorarios profesionales a favor del abogado MAS, devengados en el juico principal, dejándolos establecidos en la suma de guaraníes quinientos treinta y un millones trescientos veinte mil ochocientos uno (Gs. 531.320.401), mas la suma de guaraníes cincuenta y tres millones ciento treinta y dos mil cuarenta (Gs. 53.132.040) en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 3. ANOTAR,…” [Sic]. Y por la resolución aclaratoria, A.I. N° 5759/2012/03, dispuso: “1.-HACER LUGAR al recurso de aclaratoria deducido por el Abogado MCS, contra el el A.I. N° 5683/2012/03 de fecha 05 de diciembre de 2012, debiendo consecuentemente, corregir el monto total en letras consignado, tanto en el considerando como en la parte resolutivo, debiendo ser lo correcto: “REGULAR la totalidad de los honorarios profesionales a favor del abogado MCS, devengados en el juicio principal, dejándolos establecidos en la suma de guaraníes quinientos treinta y un millones trescientos veinte mil cuatrocientos uno (Gs. 531.320.401), más la suma de guaraníes cincuenta y tres millones ciento treinta y dos mil cuarenta (Gs. 53.132.040) en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad a las fundamentaciones expuestas en el considerando de la presente resolución. 2.- ANOTAR,…” [Sic].                  

          a) Agravios: Ambos profesionales apelan las resoluciones citadas precedentemente en el siguiente orden de presentación:   

          I.- Agravios expuestos por el Abg. DGB, en representación de la Congregación del Verbo Divino, denominada también Asociación Cultural Soverdia:                     

          Que, señala que su representado se agravia porque el Juzgado señala que se debe aplicar al 6% sobre el monto del juicio sin tener en cuenta el valor alto del monto del juicio. Indica que pretender, como lo hacen, se llegaría al absurdo de que eventualmente se dupliquen los valores, con un alcance diferente a los establecido en el art. 32 de la Ley de Aranceles de Abogados y Procurados, que sería ilegítimo porque podría estar comprometido el tope máximo permitido por la citada normativa, ya que las estimaciones deben ajustarse a los límites permitidos por la ley y conforme a las respectivas intervenciones en el proceso de los letrados, mientras tanto la sentencia tiene efecto respecto de todos los señalados en la S.D. N° 2008/08/02 dictada en el principal.

          Que, manifiesta que tanto las bases de la estimación como los parámetros utilizados por el Juez podrían considerarse que se hallan ajustados a derecho, pero no así el porcentaje aplicado. Señala que el monto de G. 5.903.560.027 puede considerarse como considerablemente “alto”, independientemente del criterio de los miembros del Tribunal de Apelación de Tercera Sala, cuyo fallo mencionaron.                            
         
          Que, expresa que deben comprobarse los distintos parámetros señalados en el art. 21 de la Ley Arancelaria, y que en este aspecto, invariablemente los tribunales nacionales y extranjeros tienen establecido que los honorarios desmedidos, sin fundamentos legales, resultan confiscatorios y afectan el derecho de la propiedad privada, y en este sentido transcribe jurisprudencia.            
         
          Que, alega que partiendo de esos parámetros, es fácil concluir que el juicio no fue complejo, y la sentencia es el resultado de la fácil tarea de aplicar el derecho conforme a los hechos aducidos y su contestación, al punto que la etapa probatoria solo se limitó a la prueba confesoria del actor, que en la sentencia resultó inidónea.-
         
          Que, señala por otra parte que los abogados regulantes sostuvieron el provecho económico del cliente, que es tan solo uno de los elementos ponderativos para estimar los honorarios, y afirma que en el caso concreto, el provecho económico se limitó a la conservación de otro bien en poder del demandado, al sostenerse en el principal la superposición de títulos, en el que expresa que ponderó la que tiene su principal, por ser más antiguo, de modo que de ese solo  parámetro no pudo surgir el porcentaje superior a lo acordado, conforme a la discrecionalidad del juzgador, respecto al art. 32 de la citada ley.

          Que, alega que, atento a los lineamientos, se debe  reducir la regulación de los honorarios al monto del 5% del juicio, por lo que solicita se haga lugar al recurso que interpuso su parte, reduciéndose al monto indicando.                          

          Que, la parte contraria contesta el traslado corrídole conforme a derecho. En apretada síntesis, concluye que: a) el recurrente reconoció que para la cuantificación de los honorarios se deben seguir los lineamientos establecidos en los arts. 21 y 32 de la ley regulatoria; b) el recurrente reconoció que tanto las bases de la estimación como los parámetros utilizados por el Juez podrían considerarse que se hallan ajustados a derecho lo que deja establecido que la perspectiva de los elementos señalados en el art. 21 podrían situarse incluso por encima del promedio legal (12,50%); c) el recurrente reconoció que en los Tribunales locales existen fallos que entendieron montos muy superiores al tratado no pueden ser considerados como “altos” y que en tal tesitura se aplicó porcentaje aún mayor que el exiguo seis por ciento (6%) aplicado en este caso; d) carece de razonabilidad el argumento expresado por la parte recurrente, en el sentido de pretender que se aplique el mínimo legal solamente porque existen fallos en donde el monto del juicio es inferior al tratado en autos pero sin referirse a los otros elementos indicadores, que en el presente caso son desarrollados por el Juez y son altamente favorables a un elevado porcentaje y que fueron reconocidos por la parte recurrente como ajustados a derecho. Por estas consideraciones, solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el Abg. DGBurgos.

          II.- Agravios expuestos por el Abg. MASy el Abg. CDC, por derecho propio:                 

          El Abg. MAS expone sus fundamentos en los siguientes puntos:                          

          a) Monto peticionado en Primera Instancia: Expresa que en el petitorio presentado por su parte solicitaron fundadamente al Juez regular los honorarios profesionales a favor del Abg. MCS, en la anterior instancia en los autos principales, en la suma de G. 708.427.203, o en una suma mayor que resulte del justiprecio realizado por el Juzgado. Indica que esta suma corresponde al justiprecio en el 8%, más el 4%, según los arts. 21, 25 y 32 de la ley regulatoria, en su doble carácter de abogado y procurador en los autos principales. Sin embargo, dice que el Juez entendió que solamente correspondía regular en el 6%, más el 3%, del monto del juicio, por lo que su parte interpuso el presente recurso de apelación que ahora fundamenta.                              

          b) Falta de correspondencia entre el “considerando” y la resolución: Manifiesta que al fundar la resolución ahora impugnada el Juez expresó que la ley regulatoria establece parámetros a ser observados en la regulación de honorarios profesionales del abogado, citó el art. 21 de la Ley de Aranceles (Ley N° 1376/88), y al realizar la ponderación de los criterios legales señalados y su aplicación concreta al proceso principal, apreció que la labor jurídica desplegada por los abogados regulantes resultó de una relevante calidad ya que todas las actuaciones procesales realizadas se caracterizaron por ser oportunas y eficaces ya que ninguna actuación de los abogados regulantes mereció respuesta o resolución contraria a los intereses del mandante que representaban. Señala además que dijo el Juez que en cuanto al provecho debe considerarse como pleno y que debe anotarse que efectivamente en nuestros Tribunales se aplican por encima del mínimo legal (5%) establecido sobre montos de juicio que incluso son superiores al monto establecido en el proceso que tratamos.                               
         
          Que, dice que los fundamentos expuestos por el Juzgado se ajustan a la realidad objetiva que consta en el expediente y se refieren acertadamente al desarrollo de los elementos que son los indicadores legales establecidos en el art. 21 de la Ley Nº 1376 para decidir si el porcentaje final de la regulación estará más cerca del máximo legal establecido por los arts. 25 y 32 de la misma ley (20%, más 10%) o más cerca del mínimo (5%, más 2,5%) partiendo siempre del promedio (12,50%).                         
         
          Que, expresa que, entonces si aisladamente se tuvieran en cuenta los fundamentos transcriptos, expresados por el Juzgado y reconocidos expresamente por la adversa, el porcentaje aplicable al abogado regulante debería estar incluso por encima del promedio legal señalado (12.50%), pero resulta apelable que al sopesarse junto al elemento que el señalado artículo 32 expresa como “la aplicación de menor porcentaje cuanto mayor sea el valor”, el porcentaje final no deba sobrepasar dicho promedio al 12,50% habida cuenta que el valor del juicio (G. 5.903.560.027) resulta tendiente a lo que la ley denomina como “mayor valor”, pero que no resulta razonable la determinación de haberlo establecido extremadamente cerca del mínimo del (5%) tal como lo hizo el Juzgado al justipreciar en el 6%, sobre todo porque en los Tribunales locales existen varios antecedentes en los que sobre montos superiores al tratado en autos se establecieron porcentajes más altos que el determinado ahora por el Juzgado, como por ejemplo en el A.I. N° 437 del 17 de junio de 2008, en el juicio: “Regulación  de Honorarios del Abg, Mario García en los autos: Hugo Marcelo Smith Vera y otros c/ Emilia María Hofbaner de Smith s/ Rendición de cuentas”, en el que indica que el monto del juicio era casi el triple (USD 3.014.014) del arriba considerado, estableciéndose sin embargo el 7%, más el 3,5%, en la regulación de los honorarios. En estas condiciones, afirma que resulta coherente y razonable que la regulación de los honorarios sea justipreciada en el 8%, más el 4%, según lo solicitado desde el inicio.                

          c) Conclusión: Alude que el plexo jurídico establecido en la Ley N° 1376 establece que para regular los honorarios profesionales del abogado se debe partir del porcentaje legal promedio (12,50%), haciendo operativos los elementos reguladores establecidos en el art. 21, conjugado con la parte pertinente del art. 32 referido al monto del juicio. Afirma que la ponderación realizada por el Juzgado en estos autos respecto de los elementos indicadores del art. 21 resultan altamente favorables a la aplicación de mejores porcentajes que el señalado promedio del 12, 50%, pero que en atención a lo que el art. 32 denomina “mayor valor”, cree que carece de una prudente razonabilidad que el porcentaje regulatorio se establezca cerca del mencionado promedio del 6% establecido por el Juzgado, máxime cuando existen antecedentes en los tribunales locales en los que se concedieron mayor porcentaje aún con montos muy superiores al considerado en autos.                         

          Que, finalmente, solicita la revocación del punto dos del A.I. 5683 del 05 de diciembre de 2012, y su aclaratoria, A.I. N° 5759 del 10 de diciembre de 2012, dejando establecidos sus honorarios en el 8%, más el 4%, del monto del juicio, calculado en el doble carácter según el art. 25 de la ley regulatoria, que asciende a la suma de G. 708.427.203, más el  10% en concepto de I.V.A.           

          Que, el representante convencional de la Asociación Cultural Soverdia, Congregación Verbo Divino, contesta traslado según escrito de fs. 158/161, y solicita no se haga lugar al recurso de apelación, y en consecuencia establecer los honorarios profesionales del Abg. Marcial Cantero en el doble carácter de patrocinante y procurador, en el monto del 5% del monto del juicio.
         
          Que, corrido traslado a la Abg. VDO, en representación del señor Eugenio Aloisio Schneider, ésta no lo hizo dentro del plazo legal establecido por lo que por medio del A.I. N° 812/13/01 del 14 de octubre de 2013, esta Sala dio por decaído el derecho que dejo de ejercer.                    

          b) FUNDAMENTO: Que estudiado estos autos, los recursos de apelación presentados por el Abg. MCS y el Abg. DG, el punto a dilucidar es el porcentaje a ser aplicado en la regulación de honorarios del Abg. MCS.      

          Que, por una parte, el Abg. MCS considera que el 6% y 3% considera el monto fijado por el Juez exiguo y solicita que el mismo sea elevado al 8% más el 4% por ser más ajustado a derecho. Por la otra, el Abg. DG considera alto el monto del juicio y solicita la reducción del monto de los honorarios al 5%.      

          Que, ambas partes han recurrido al porcentaje aplicado por el Juez, citando precedentes judiciales que le son favorables.   
               
          Que, este Tribunal sin entrar en consideraciones como alto monto del juicio y otros aspectos, entiende que el monto es considerable y el 5% sugerido por el Abg. DG es exiguo, siendo el 7% más el 3,5% el más ajustado a derecho. 
                    
          Que, por las consideraciones que anteceden corresponde modificar las resoluciones recurridas, dejando establecido el monto regulatorio en su doble carácter de patrocinante y  procurador en la suma de Guaraníes seiscientos diecinueve millones ochocientos setenta y tres mil ochocientos dos (G. 619.873.802), más el 10% en concepto de I.V.A., correspondientes en su carácter de agente de retención.   -
         
          POR TANTO, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa;              -

RESUELVE

                        1.- MODIFICAR el segundo apartado del A.I. N° 5683/2012/03 del 05 de diciembre de 2012 y el primer apartado de su aclaratoria, A.I. N° 5759/2012/03 del 10 de diciembre de 2012, ambos dictados por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, Abg. Orlando A. Escobar, por los fundamentos expuestos, quedando establecidos los honorarios profesionales del Abg. MAS en su doble carácter de patrocinante y  procurador en la suma de Guaraníes seiscientos diecinueve millones ochocientos setenta y tres mil ochocientos dos (G. 619.873.802), más el 10% en concepto de I.V.A., correspondientes en su carácter de agente de retención.    

                   2.- ANOTAR, registrar, sacar copias y remitir un ejemplar a la Oficina de Estadística del Poder Judicial.             


Ante mí: