jueves, 10 de mayo de 2018

Ejecución. Cheque. El portador del cheque no presentado en tiempo propio conserva los derechos derivados de la acción cambiaria (Fallo CSJ)


ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.-

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los cinco días, del mes de Setiembre, del año dos mil seis, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER, MIGUEL BAJAC ALBERTINI y CÉSAR ANTONIO GARAY, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por Ante mí el Secretario autorizante, se trajo a estudio el Expediente intitulado: “SUSANA ALICIA VELOSO LÓPEZ C/ MARCIO SCHUSSMULLER NERY S/ COBRO DE GUARANÍES” a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por la Parte Actora contra el Acuerdo y Sentencia Número 112, con fecha 7 de Noviembre del 2.003, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Primera Sala.-
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear las siguientes
C U E S T I O N E S :
¿Es nula la Sentencia apelada?
En su defecto, ¿se halla ajustada a Derecho?
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación se obtuvo el siguiente resultado: TORRES KIRMSER, BAJAC ALBERTINI Y GARAY.-------------------------------------
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO TORRES KIRMSER dijo: El recurrente no ha fundamentado el Recurso de Nulidad interpuesto; además, no se advierten en la sentencia en revisión defectos o vicios que justifiquen la declaración de nulidad de oficio, en los términos que autorizan los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. En consecuencia, debe tenerse por desistido al recurrente del Recurso de Nulidad interpuesto. Voto, pues, en ese sentido.—
A SUS TURNOS, LOS SEÑORES MINISTROS BAJAC ALBERTINI Y GARAY DIJERON QUE: Se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.------------------------------------------
A LA  SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO TORRES KIRMSER dijo: El presente juicio fue promovido por la Sra. Susana Alicia Veloso López contra el Sr. Marcio Schussmuller Nery por cobro de guaraníes.--------------------
Por S.D. Nº 342 del 16 de mayo de 2002, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, del Sexto Turno, resolvió: ”1.- HACER EFECTIVO el apercibimiento previsto en la providencia del 27 de agosto del 2001, y tener por confeso el señor MARCIO SHUSMULLER NERY, a tenor del pliego de posiciones obrante a fs. 32; 2.- HACER LUGAR, con costas, la demanda ordinaria por cobro de guaraníes promovida por SUSANA ALICIA VELOSO LOPEZ contra el señor MARCIO SHUSSMULLER NERY, y en consecuencia, ordenar a este para que dentro del plazo de diez  (10) días de quedar firme esta resolución, abone a la parte actora la suma de GUARANÍES TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL (Gs. 31.200.000.-), con los intereses desde la fecha de la mora; ANOTAR, …” (sic.)(fs. 32/33).--------------
Por Acuerdo y Sentencia N° 112 del 7 de noviembre de 2003, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Primera Sala, resolvió: “DESESTIMAR el recurso de nulidad por improcendente; REVOCAR CON COSTAS la sentencia apelada. ANOTAR …”(fs. 57/58). El Tribunal fundamentó la resolución en que la vía de conocimiento ordinario le impone al actor acreditar la causal que motivó el libramiento de los instrumentos bancarios cuyo cobro peticiona; que el Art. 1710 del Código Civil no es aplicable al caso de autos por cuanto dicha normativa hace a la acción cambiaria y no a la acción causal; y que la falta de contestación de la demanda por el demandado no puede revertir tal criterio, dado que la incontestación solo importa una presunción de reconocimiento de los hechos alegados por la actora, y que debe ser corroborada por otras pruebas, ya que en este caso la prueba de confesión ficta no resulta suficiente para acreditar el extremo señalado.--------------------------------------------
Contra la resolución de Segunda Instancia recurrió el abogado Juan Andrés Mendieta, en representación de la parte actora, y solicitó su revocatoria, alegando que la resolución es ilegal y arbitraria por no estar fundada en norma jurídica alguna; que el cheque es una orden de pago y cualquiera haya sido el procedimiento utilizado -ejecutivo u ordinario-, torna improcedente la discusión sobre el nexo causal, siempre que reúna los requisitos formales establecidos en el Art. 1696 del Código Civil; que al ser una orden de pago, el librador responde del pago y no puede ser exonerado de dicha responsabilidad de conformidad con el Art. 1710 del Código Civil; que al no haber contestado la demanda el demandado, es aplicable el Art. 235 del Código Procesal Civil; que hubo una confesión ficta del demandado (fs. 21 y 31 bis) al no haber comparecido a la audiencia de absolución de posiciones (f. 89).---------------------------------------------------------
En el caso en estudio, la actora peticiona el cobro de G. 31.200.000.- (TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL GUARANÍES), basado en los cheques librados a su nombre y no presentados en tiempo útil, tal como lo manifiesta el representante de la misma en el escrito de demanda (f. 7).---
Efectivamente, los cheques cuyas fotocopias autenticadas se hallan agregadas a autos (f. 5), no poseen constancia de haber sido presentados al Banco emisor para su cobro.-------------------------------------------------------
Dado que la demandante optó por promover juicio ordinario para reclamar el cobro de guaraníes, y que el Tribunal rechazó la demanda con el argumento de que no se probó la causa de la obligación, cabe analizar las vías procesales que puede utilizar el portador legítimo para reclamar el pago conforme a nuestro Derecho.-----------------
El Código Civil establece como vías procesales la acción cambiaria, la acción causal y la de enriquecimiento injusto. La primera es la vía normal, a diferencia de la acción causal y de enriquecimiento injusto, que son utilizadas de modo extraordinario.---------------------------
Las vías ordinarias se encuentran previstas en el Art. 1742  que establece: “El portador puede ejercer la acción de regreso contra los endosantes, el librador y los otros obligados, si el cheque, presentado en tiempo útil, no fuese pagado, … El portador conserva sus derechos contra el librador, aunque el cheque no haya sido presentado oportunamente, o no haber formalizado protesto o la comprobación equivalente. Si después de transcurrido el plazo para la presentación, la disponibilidad de la suma llegare a faltar por hecho del girado, el portador perderá sus derechos en todo o limitadamente a la parte de la suma que llegare a faltar”. En concordancia, el Art. 1752 dispone: “El cheque bancario que, presentado en tiempo útil, no fuese pagado y cuya negativa de pago se acredite conforme a lo dispuesto en el Art. 1742, tendrá fuerza ejecutiva por el capital y sus accesorios".-------------------------------------------------
En cuanto a la acción causal, el Art. 1753 establece: “Si de la relación jurídica que dio lugar a la emisión o la transmisión del cheque deriva una acción, ésta subsiste no obstante la emisión o la transmisión del título, salvo que se pruebe que hubo novación. El poseedor no puede ejercer la acción causal sino ofreciendo al deudor la restitución del cheque y depositándolo en el juzgado competente, siempre que haya observado las formalidades necesarias para conservar a dicho deudor las acciones de repetición que puedan corresponderle”.---------------------------------------------
En cuanto a la acción de enriquecimiento injusto, el Art.  1754 establece: “Si el portador ha perdido la acción cambiaria contra todos los obligados y no tiene contra los mismos la acción causal, puede accionar contra el librador que no haya hecho provisión, o que, de cualquier manera, se haya enriquecido injustamente en daño suyo. Igual acción puede ejercer también, en las condiciones indicadas contra los endosantes”.---------------------------------------------
De las normas precedentemente citadas, se deduce que la acción cambiaria, como vía de utilización normal, puede ser ejecutiva y ordinaria.-----------------------------------
Para el ejercicio de la acción ordinaria contra el librador, el cheque no necesita ser presentado al banco. Sin embargo, para el ejercicio de la acción ejecutiva directa contra el mismo, el cheque debe ser presentado en tiempo útil.--------------------------------------------------------
Ciertamente, de conformidad con la nueva versión del Art. 1752, modificado por la Ley N° 805/96,  el portador que presenta el cheque en tiempo útil, no pagado, puede optar por el proceso ejecutivo para ejercer la acción cambiaria de regreso establecida en el primer párrafo del Art. 1742.------
En cuanto al cheque no presentado en tiempo útil, el apartado segundo del Art. 1742 reproduce el Art. 45 de la Ley Italiana N° 1736/88 sobre el cheque bancario, suscribiéndose al principio que el portador mantiene sus derechos contra el librador, a pesar de no haber presentado oportunamente o de que no se haya formalizado el protesto o la comprobación equivalente. La Conferencia de Ginebra juzgó conveniente dejar en esta materia una cierta libertad a las legislaciones particulares, aprobando una reserva por la que cada uno de los Estados contratantes está facultado para no subordinar la conservación del regreso contra el librador a la presentación del cheque, o a la realización del protesto, o comprobación equivalente en tiempo útil, y para regular los efectos del recurso.-----------------------------------------------------
En mi opinión, el texto del Art. 1742 del Código Civil es claro, en cuanto expresa: “El tenedor conserva sus derechos contra el librador, aunque el cheque no haya sido presentado oportunamente o no se haya formalizado el protesto o la comprobación equivalente”, salvo la excepción prevista en la última parte del citado artículo, que constituye el supuesto en que después de transcurridos los términos, la disponibilidad de la suma llegare a faltar por hecho del girado. En este caso, por negligencia del portador se justificaría la pérdida de la acción cambiaria no sólo contra los endosantes, sino también contra el librador. Por otra parte, la nueva versión del Art. 1752, si bien condiciona la acción ejecutiva directa a la presentación del cheque ante el banco girado en tiempo útil, no excluye la posibilidad de que el titular de un cheque no presentado en tiempo propio pueda preparar la acción ejecutiva o iniciar la acción ordinaria correspondiente contra el librador del cheque para hacer valer sus derechos en los términos del Art. 1742 del Código Civil, que no es derogado sino restringido, en cuanto a la acción ejecutiva.--------------------------------------------
Al respecto, la doctrina extranjera, específicamente el Dr. Jorge D. Donato, en “Juicio Ejecutivo”, pág. 509, al referirse al cobro del cheque por vía judicial expresa: “En el ejercicio de la acción cambiaria directa, el portador legitimado puede elegir cualquier vía procesal, sea ‘ejecutiva’ u ‘ordinaria’, pues ello no modifica el fundamento de la pretensión, y siendo titular de un derecho cartular, independiente del derecho nacido de la relación fundamental, puede hacerla valer tanto en un proceso ejecutivo como en uno ordinario, atento a que la acción ejecutiva no es de la esencia de la acción cambiaria”.-------
En consecuencia, el portador del cheque no presentado en tiempo propio conserva los derechos derivados de la acción cambiaria, salvo que la disponibilidad de la suma falte por hecho del girado. Por tanto, el portador no debe probar la causa del nexo obligacional, dado que conserva los derechos propios de la acción cambiaria.------------------------------
Por las consideraciones vertidas, sostengo que la demanda promovida por cobro de guaraníes es procedente.------
Por tanto, soy de la opinión de que el Acuerdo y Sentencia Número 112 del 7 de noviembre de 2003, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Primera Sala, debe ser revocado y, en consecuencia, corresponde hacer lugar a la demanda de cobro de guaraníes, imponiendo las costas a la parte perdidosa, en las tres instancias.--------------------------------------------------
A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO BAJAC ALBERTINI DIJO QUE: Se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos.—
A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO GARAY EXPLICITÓ: A fs. 5 obran copias de dos cheques, el primero con fecha 9 de Septiembre de 1.999 por el monto de Gs. 10.000.000 y, el segundo, el 5 de Septiembre de 1.999 por la cantidad de Gs. 21.200.000.--------------------------------------------------
Esta demanda para el cobro de aquellos se presentó el 16 de Mayo del 2.001, y atendiendo a lo dispuesto por el Art. 661, inciso c) del Código Civil: “Prescriben por cuatro años, las acciones: … c) la proveniente de cualquier instrumento endosable o al portador, salvo disposiciones de leyes especiales. El plazo comienza a correr, en los títulos a la vista, desde la fecha de su emisión, y en aquéllos a plazo, desde su vencimiento”. La Acción fue incoada en tiempo y forma, pues para esa fecha no había prescripto.--------------
Una vez precisada esta cuestión, concierne indicar que por S.D. N° 342 del 16 de Mayo del 2.002, se resolvió el litigio  en sentido favorable a la Actora, en la instancia inicial.-----------------------------------------------------
Este fallo fue revocado por Acuerdo y Sentencia Número  112 del 7 de Noviembre del 2.003, que dictó el Tribunal de Apelación en lo civil y Comercial, Primera Sala, que estamos juzgando ahora.----------------------------------------------
Primeramente, expreso coincidir con las motivaciones pergeñadas  por el señor Ministro preopinante. No obstante, séame permitido agregar que han transcurrido más de 5 años desde la interposición de esta Acción y más de 6 años que la Demandante –persona profana en la materia, que actuó de buena fé- no ha podido cobrar estos títulos u órdenes de pago, con el consiguiente prejuicio de la devaluación de la moneda y la imposibilidad de la Accionante de trabajar y hacer producir su dinero.---------------------------------------------------
Esta penosa situación no sólo concierne a la afectada como también a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, teniendo como prioridad el interés público fundado en la seguridad jurídica que debe existir en los negocios, junto a las plenas confianza y efectivización de un instrumento de crédito por excelencia.--------------------------------------
Ilustra Helio Juan Zarina: “…el hombre de nuestro siglo exige contar con seguridad, con tranquilidad, con certidumbre, que le permitan en la realidad práctica usar y gozar con eficacia de sus derechos y organizar su vida sobre la base de un orden justo, sin temor ni peligro a arbitrariedades. Reclama, en síntesis, seguridad jurídica no sólo frente al gobierno, sino también frente a todos los otros actores que se mueven en la sociedad, ya sean de carácter colectivo o individual (sectores privados, otros particulares), que amenazan sus derechos con tanto riesgo como el Estado. Esa seguridad consiste, entonces, en el conjunto de condiciones sociales, de medios y procedimientos jurídicos eficaces, que posibilitan al hombre desarrollar su personalidad ejercitando sus derechos libre de miedo, incertidumbre, amenaza, daño o riesgo. Ello crea un clima de previsibilidad sobre el comportamiento propio y el ajeno, y una protección frente a la arbitrariedad y a la violación del orden jurídico, provengan éstas del Estado, de particulares o de grupos privados…”, (Derecho Constitucional, p. 491).------
Asimismo, esta dilación ha favorecido al Demandado –quien por más de 6 años no cumplió con su obligación- quien a pesar de haber sido negligente en Juicio (no contestó la Demanda que fue debida y legalmente notificada), por lo que su silencio fue correctamente tipificado como reconocimiento de los hechos alegados en la Demanda, de conformidad al Art. 235, inciso a), del Código Procesal Civil.-------------------
El Demandado sólo intervino apelando la Resolución de Primera Instancia y presentando sus “Agravios”, nada más en este Juicio de trámite ordinario. Mientras que en esta Instancia, ni se ha prodigado a contestar el traslado de Ley que se le dio.-----------------------------------------------
El Art. 372 del Código Civil establece: “Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. El ejercicio abusivo de los derechos no está amparado por la ley y compromete la responsabilidad del agente por el perjuicio que cause, sea cuando lo ejerza con intención de dañar aunque sea sin ventaja propia, o cuando contradiga los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlos…”.-----------------------------------
“…Es una disposición que consagra un principio que ha cobrado vigencia en nuestros días: “El ejercicio de los derechos debe ser de buena fe”. Es así que cuando se abusa del derecho la ley no ampara al sujeto… Las exigencias de la vida han impuesto a los legisladores a precautelar el interés general sobre el interés particular; principio consagrado por nuestra Constitución Nacional en su artículo 128… El comercio jurídico de nuestro tiempo encuentra en la buena fe como expresión de los usos sociales, la determinación de las valoraciones de la comunidad, uniéndose a su eficacia en la socialización del Derecho, el mérito de ser también vehículo para las ideas del moderno solidarismo económico que impregna la casi totalidad de las manifestaciones concretas de la experiencia jurídica de nuestro tiempo”. (Miguel Angel Pangrazio, Código Civil Paraguayo, Libro Segundo, Cuarta Edición, ps. 228/9).-----------------------------------------
Las tendencias doctrinal, jurisprudencial y legislativa vigentes se fundamentan en el fortalecimiento de la confianza hacia el cheque, estimulando su uso con el objeto que su circulación sea cada vez menos entorpecida por situaciones que sirvan de amparo a los pícaros, truhanes, bribones y ladinos que rehuyen cumplir sus obligaciones.----------------
Esta Acción ordinaria por cobro de Guaraníes llegó a última Instancia, pese a que el cheque al ser instrumento de pago, una vez otorgado conscientemente no debería estar subordinado a ninguna  circunstancia que posteriormente tienda a desvirtuarlo.---------------------------------------
Según Zatanowsky: “…La acción emergente del título es independiente de la acción emergente de la convención a la acción cambiaria se ejercita únicamente con el título y no se resuelve más que por el contenido del título y con abstracción absoluta de la causa que le dio origen… Hay que distinguir siempre que la acción causal no es más que la acción de origen entre el librador y el primer tenedor de la letra y entre el endosatario y su endosante inmediato, mientras la cambiaria comprende asimismo a terceros mediatos obligados o tenedores de la letra. La acción es siempre causal en las transmisiones directas, con relación al librador y aceptante, endosante y endosatario inmediato. Sólo es  abstracta con respecto a los terceros endosatarios, portadores de buena fe…” . (Derecho Comercial, Tomo II, p. 187).--------------------------------------------------------
El Profesor Pangrazio expresa: “… El sistema francés o de la irrevocabilidad absoluta, que sólo admite el no pago del cheque por extravío del mismo o quiebra del librador. A favor de esta tesis están los siguientes argumentos sintetizados por Zavala Rodríguez: 1. Facilita la circulación del cheque. 2. El librador del cheque sabe que un pago en cheque equivale a entregar dinero  efectivo, y debe por consiguiente analizar cuidadosamente si el pago que efectúa esta en regla. 3. La libre revocación del cheque estimula la proliferación de cheques con provisión de fondos…” (Ibidem, p. 988).-----------------------------------------------------
Recapitulando: entregar un cheque es lo mismo que entregar dinero o, al menos, así debería ser para afianzarlo como instrumento de pago, en el cumplimiento de compromisos asumidos en los negocios y el comercio. Consecuentemente, un cheque u orden de pago una vez entregado se restringe considerable y legalmente –para quien lo ha librado- la posibilidad de enervar su validez por medio de cualquier tanteo impropio que obstaculice su pago. Es decir, el cheque una vez expedido no puede quedar sin efecto unilateralmente.-
Con el abono de las sólidas razones explicitadas –a más de los inexpugnables fundamentos de orden legal- conceptúo correcta la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido. Así voto.--------------------------------------------------------
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E., todo por Ante mí, que lo certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:--------------




Ante mí:
…///…


…///…
SENTENCIA NÚMERO: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.-
Asunción, 05 de Setiembre del 2.006.-
     Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA CIVIL Y COMERCIAL
RESUELVE:
     TENER por desistido al recurrente del Recurso de Nulidad interpuesto.-------------------------------------------------
REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Número 112 del 7 de Noviembre del 2.003, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Primera Sala.------------
     IMPONER Costas a la perdidosa en las tres Instancias.---
ANOTAR, registrar y notificar.--------------------------




Ante mí:

Juicio ejecutivo. Inhabilidad de titulo. Cheque no presentado al banco. caducidad de la acción cambiaria. (TApel. 2a. sala)


ACUERDO Y SENTENCIA Nº 222/12/02
 En la ciudad de Encarnación, Paraguay a diez y nueve días del mes de diciembre del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdo del Tribunal de Apelación, Segunda Sala, de esta Circunscripción Judicial, los Magistrados Abogados Luis Fernando Royg Benítez, Miguel Ángel Vargas Díaz y Guillermo Skanata Gamón bajo la presidencia del primero de ellos, ante mí, la autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: María Dominga Cristaldo Jorge c/ Alfredo Rodríguez Duarte s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo, con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la S.D. Nº 2342/12/02 dictada el 2 de octubre de 2012, por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del segundo turno, Abg. Fabián Iglesias.-
1. Antecedentes.-
1.1. Que el 8 de mayo del corriente año, se presentó María Dominga Cristaldo Jorge, bajo patrocinio del abogado Alfredo Chamorro Thompson promoviendo acción preparatoria de juicio ejecutivo contra el señor Alfredo Rodríguez Duarte, reclamándole la suma de guaraníes cinco millones cuatrocientos cincuenta mil (G. 5 450 000), en base al documento obligacional cuya copia autenticada luce a fs. 6 y 8 de autos.-
1.2. Por proveído del 30 de mayo del año en curso, se reconoció la personería de la recurrente; se tuvo por iniciado el juicio y se emplazó al demandado a reconocer o negar la firma que se le atribuye, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere se tendrá por reconocida la firma y por auténtico el documento.
1.3. Posteriormente, el 26 de junio del corriente año el Juzgado dictó el A.I N°2648/12/02 por medio del cual hizo efectivo el apercibimiento, tuvo por reconocida la firma y por iniciado el juicio ejecutivo; asimismo, citó de remate al deudor, haciéndole saber que si en el perentorio plazo de cinco (5) días no deduce excepción legítima, se llevará adelante la ejecución, con expresa condenación de costas y decretó embargo ejecutivo-
1.4. El 9 de julio de este año se presentó el Abg. Juan Santos en representación del ejecutado e interpuso excepción de inhabilidad de título en los términos del escrito glosado a fojas 31/32 de autos. De la misma, así como de los documentos acompañados se corrió traslado a la actora, quien lo contestó a través del escrito agregado en la foja 36/38.
1.5. El 2 de octubre, el Juez de la Instancia anterior, dictó la S.D. N° 2342/12/02, por medio de la cual resolvió, entre otras cosas, hacer lugar, con costas, la excepción de inhabilidad de título deducida y consecuentemente, rechazar la ejecución promovida por María Dominga Cristaldo Jorge.
1.6. Contra ésta resolución la parte demandada interpuso recurso de apelación el 9 de octubre, siendo recibos estos autos en esta instancia el 23 de octubre. El apelante expresó agravios el 5 de noviembre y corrido el traslado respectivo, la parte actora lo contestó conforme a su escrito de fs. 51/52 de autos.-
2. Cuestiones.
2.1. De conformidad con estos antecedentes, el tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
i) ¿Es nula la resolución recurrida?
ii) En su caso, ¿es ella justa?
iii) Pronunciamiento sobre costas.
3.  Recurso de Nulidad.
3.1. A la primera cuestión planteada, el miembro preopinante, Abg. Luis Fernando Royg, dijo: el recurrente no ha interpuesto este recurso y al no observarse vicios u omisiones en el procedimiento que ameriten su tratamiento de oficio, corresponde declararlo desierto, es mi voto.
3.2. A su turno, los conjueces, Abg. Miguel Ángel Vargas Díaz y Abg. Guillermo Skanata Gamón, dijeron: que se adhieren al voto del miembro preopinante por los mismos fundamentos.
4. Recurso de Apelación. Agravios.
4.1. Se agravia la recurrente manifestando, entre otras cosas, que el a quo al resolver no tuvo en cuenta el principio de autonomía, en virtud del cual cada poseedor al transmitir el derecho, no transfiere sólo un derecho anterior sino que recrea la obligación como si el título naciera de nuevo, incorporando una nueva promesa de pago; y siendo así, el que recibe el título tiene siempre la certeza de que recibe un crédito válido de aquel que los transfirió y con derecho a exigir el pago del mismo.-
4.2. Añade, asimismo que a fs. 34/35 de autos obra el mandamiento de intimación de pago y embargo ejecutivo diligenciado por el oficial de justicia, por medio del cual se le intimó al deudor al pago de la deuda, limitándose éste a manifestar que tiene conocimiento de la deuda y que en ese momento no poseía dinero en efectivo para cumplir con su obligación, constituyendo ésta mandamiento suficiente protesto.
4.3. Por su parte, el demandado argumentó que en el caso de autos, la parte actora promovió acción ejecutiva teniendo como base un instrumento que no fue presentado nunca al banco girado, extremo que incluso fue admitido por la ejecutante, y que al no haberse dado cumplimiento a dicha exigencia legal, el documento base de la presente ejecución resulta inhábil, puesto que en tales condiciones, éste no acredita, respecto del beneficiario del cheque, tornándose de ésta manera procedente la excepción deducida.-
5. Análisis de la cuestión.
5.1. Entrando al análisis de la cuestión sometida a estudio, encontramos que en el caso de autos la ejecutante promovió acción preparatoria de juicio ejecutivo contra Alfredo Rodríguez Duarte, presentando como base el cheque bancario de pago diferido N°3384284 emitido el 17 de junio de 2008 a pagarse el 18 de agosto de 2008.-
5.2. El tema aquí gira en torno a determinar si el cheque no presentado en tiempo útil ante el banco girado, así como la falta de comprobación por otros medios fehacientes de su no pago, posee igualmente fuerza ejecutiva.
5.3. Al respecto, cabe recordar que en los arts. 4 y 5 de la ley 805/96 se establecen, entre otras cosas, que los chequees bancarios de pago diferido deben ser presentados al pago dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha de pago; y, que el cheque bancario que presentado en tiempo útil y cuya negativa de pago se acredite conforme a lo dispuesto en el art. 1742 tendrá fuerza ejecutiva por el capital y sus accesorios.-
5.4. En efecto, de las citadas disposiciones se desprende que posee fuerza ejecutiva el cheque bancario presentado en tiempo útil, cuya negativa de pago haya sido justificada. Pero lo que la ley no prevee son los efectos del cheque bancario que no fuere presentado dentro de los treinta días de su emisión, es decir, si se produce o no la caducidad del mismo.-
5.5. Es dable recordar, en este sentido, que el art. 634 del Código Civil establece que los derechos que en virtud de la ley o del acto jurídico constitutivo solo existan por tiempo determinado o deban ser ejercidos dentro del el, no están sujetos a prescripción, sino que caducan por el vencimiento del plazo, si no se dedujere la acción o se ejerciere el derecho. En consecuencia, si la norma sustancial ordena que el cheque obligatoriamente debe ser presentado dentro del plazo de treinta días siguientes a la de fecha de pago, somos del parecer que no al ejercer el acreedor el derecho dentro del tiempo determinado, el cheque como orden de pago pura y simple, ha caducado.-
5.6. Ahora bien, establecida la caducidad del cheque cabe determinar si el mismo constituye, o no título ejecutivo, por la vía de la acción preparatoria, específicamente por la del reconocimiento de firmas, como efectivamente se hizo en estos autos. Al respecto, creemos que no, ya que el Código Procesal Civil en su art. 439 establece que podrá procederse ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución se demande por obligación exigible de dar cantidad liquida de dinero, es decir, para que el cheque bancario tenga fuerza ejecutiva directa debe cumplirse los presupuestos requeridos en el art. 5 de la ley 805/96, cuestión que en el caso de autos no ha ocurrido.-
5.7. Así las cosas, partiendo del principio de que la caducidad extingue el derecho, obviamente la caducidad del cheque extingue al mismo como tal, constituyéndolo en un simple instrumento privado para probar eventuales derechos dentro de un proceso de ordinario, y al no reunirse el requisito señalado por el art. 448 inc., f) CPC, tampoco puede dársele el alcance del inc. b) de la misma norma citada, por cuanto que no se trata ya de una obligación pura y simple de dar suma de dinero, sino una promesa de pago caduca, que inhabilita la acción ejecutiva por imperio del art. 439 del C.P.C.
5.8. Finalmente, se puede concluir que la presentación del cheque al banco girado dentro del plazo de ley constituye no sólo condición para la satisfacción del importe por parte de la institución bancaria, sino también el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción cambiaria que el tenedor tiene contra  los obligados a sus resultas en defecto de pago. El cheque no presentado en término para su cobro deja de ser título ejecutivo porque no reviste los caracteres previstos en la ley-
5.9. Consecuentemente este Tribunal es del parecer de que corresponde admitir la excepción de inhabilidad de título interpuesta por Alfredo Rodríguez Duarte y rechazar la ejecución promovida por María Dominga Cristaldo Jorge.
5. Costas y honorarios.-
5.1. Las costas de esta instancia se imponen a la apelante, y la regulación de los honorarios queda diferida para cuando estén fijados los valores correspondientes en la instancia anterior.
5.2. A su turno, el Abg. Guillermo Skanata Gamón, dijo: que se adhiere al voto del miembro preopinante, por los mismos fundamentos.-
6. Opinión del Abg. Miguel Ángel Vargas Díaz: al igual que los demás miembros de este Tribunal considero que la resolución apelada deber ser confirmada, con costas, por los fundamentos que seguidamente pasaré a expresar:
 7. Sobre esta cuestión esta Sala ya ha sentado su posición. Ha sostenido, con base en lo dispuesto en el art. 1742 del Código Civil, que el cheque no protestado oportunamente ni presentado al cobro con la constancia de rechazo equivalente al protesto por parte del banco permite igualmente la acción cambiaria contra el librador, una vez reconocida la firma. Pero solamente -y este solamente debe ser puesto en evidencia- contra el librador, porque es la única excepción que la ley permite.-
8. El cheque agregado en la foja 8 no fue protestado, ni contiene la declaración equivalente del banco. Al respecto, el art. 1742 del mismo texto legal es absolutamente claro: solo el cheque debidamente protestado tiene fuerza ejecutiva por el capital y sus accesorios contra los endosantes, puesto que solo respecto del librador se admite la acción sin protesto, como por lo demás, también lo dispone el art. 448 inc. f) del CPC, que se refiere al cheque debidamente protestado.-
9. Finalmente, corresponde que nos preguntemos si cual es la razón de no admitir la citación para el reconocimiento de firmas como protesto. La respuesta es la siguiente: el protesto acredita, simultáneamente, la presentación y negativa de pago, es decir, que presentado el cheque al cobro en el domicilio del girado, no fue pagado. Por eso la citación al endosante no suple la carga cambiaria del portador de presentarlo al cobro en tiempo útil y de acreditar la eventual negativa de pago por los modos previstos en la ley.
 10. Por ello, el título presentado como base la presente ejecución es inhábil y la ejecución debe ser desestimada contra el endosante del mismo. Es mi voto.-
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando ante mí los señores miembros, quedando acordado el Acuerdo y Sentencia siguiente:
                        ACUERDO Y SENTENCIA Nº 222 /12/02.-
                                   Encarnación, 19    de diciembre de 2012
VISTO: el mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Excmo. Tribunal de Apelación, Segunda Sala, de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, -
R E S U E L V E:
1. Declarar desierto el recurso de nulidad, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
2. Confirmar, la S.D. Nº 2342/12/02 dictada el 2 de octubre de 2012, por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del segundo turno, Abg. Fabián Iglesias, por los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución.-
3. Imponer, las costas en esta instancia a la apelante.-
4. Diferir la regulación de regulación de los honorarios queda diferida para cuando estén fijados los valores correspondientes en la instancia anterior.
5. Anotar, registrar, notificar y remitir copia a Estadísticas.
Ante mí:
Firman los Miembros
Abg. Luis Fernando Royg Benítez, Abg. Miguel Ángel Vargas Díaz y Abg. Guillermo Skanata Gamón
Abg. Natalia Irala (Actuaria Judicial)


miércoles, 27 de septiembre de 2017

Amparo constitucional. Competencia


Juicio:  “Osvaldo Sánchez Zelaya y otros c/ Entidad Binacional Yacyretá s/ Amparo constitucional”.-

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 203/08/01.-

          En Encarnación, Paraguay, a cuatro días de noviembre de dos mil ocho, estando reunidos en la sala de acuerdos del Tribunal de Apelación, Primera Sala, los Miembros Abogados Wilfrido Clemente Rolón Molinas, Sergio Martyniuk Barán y el Miembro de igual clase de la Tercera Sala Rodolfo Luís Mongelós Arce, quien actúa en sustitución del Miembro Abogado Blas Eduardo Ramírez Palacios, quien se halla inhibido, bajo la presidencia del primero de los nombrados, ante mí, el autorizante, se somete a acuerdo el expediente: “Osvaldo Sánchez Zelaya y otros c/ Entidad Binacional Yacyretá s/ Amparo constitucional”, con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Abog. Fidel López Alvarenga, en representación de la Entidad Binacional Yacyretá, y los Sres. Osvaldo Sánchez Zelaya por la C.A.D.I, el Sr. Eduardo Fabio Montiel Gamarra, por la Asociación de Afectados por Represas en Itapúa, la Sra. Zunilda Jaquet de Barrios, por la Organización de Afectados por la Represa de Yacyretá, en contra de la S.D. Nº 016/08/02 de fecha 14 de setiembre de 2008, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno, Abog. Miguel Ángel Vargas Díaz.-

            Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelación, resolvió plantear y decidir las siguientes: -


CUESTIONES:
ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA?,
EN SU DEFECTO, SE HALLA AJUSTADA A DERECHO?

          Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Rolón Molinas, Martyniuk Barán y Mongelós Arce.-

                   A la primera cuestión planteada el Miembro preopinante, Abog. Wilfrido Clemente Rolón Molinas, dijo: Que, este recurso no fue interpuesto. No obstante, revisada de oficio la resolución recurrida este Tribunal no advierte en ella vicios o defectos ni irregularidades graves en su construcción, que amerite la declaración de nulidad de oficio. Es mi voto.-

            A sus turnos los Miembros Abogados Sergio Martyniuk Barán y Rodolfo Luís Mongelós Arce, dijeron: Que, se adhieren al voto del preopinante por los mismos fundamentos expuestos.
                       
                        A la segunda cuestión planteada el Miembro preopinante, Abog. Wilfrido Clemente Rolón Molinas: Que, por la resolución recurrida el Juez a-quo dispuso: “…2. DECLARARME competente para entender en el presente juicio, por los fundamentos expresados precedentemente. 3. DESESTIMAR el amparo planteado por Osvaldo Sánchez Zelaya, Eduardo Fabio Montiel Gamarra, y Zunilda Jaquet de Barrios contra la Entidad Binacional Yacyretá, por los fundamentos expresados en el exordio de la presente resolución. 4. IMPONER las costas en el orden causado…”.

           Que, el recurrente fundamenta el recurso de apelación interpuesto en los términos del escrito que obra a fs. 116/120 de autos, y lo hace de la siguiente manera: a) Incompetencia de Jurisdicción: Sostiene que la Entidad Binacional Yacyretá es una persona jurídica de Derecho Internacional Público, y en tal carácter está sometida al instrumento internacional que le dio origen, el Tratado de Yacyretá por lo que le son aplicables los principios y las normas de Derecho Internacional Público, que no puede ser pasado por alto ni ser evitada la aplicación de los mismos por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno de la Tercera Circunscripción Judicial de la República en la presente controversia. Cita el recurrente en lo dispuesto por el art. IV del referido Tratado, como también el art. XIX del mismo, por el que se establece que la jurisdicción aplicable a Yacyretá, con relación a las personas físicas o jurídicas domiciliadas en la Argentina o en el Paraguay, será la ciudad de Buenos Aires o la de ciudad de Asunción, respectivamente. A tal efecto, cada Alta Parte Contratante aplicará su propia legislación teniendo en cuenta las disposiciones del presente “Tratado”, en concordancia con el art. 14 del C.O.J. que expresa que en los juicios de cualquier naturaleza en que sea parte el Estado, como autor o demandado, será competente el Juez del lugar en que tenga su domicilio legal el representante del Estado. Señala el apelante que el a-quo para rechazar la incompetencia de jurisdicción, apoya su fallo en el art. 134 de la C.N. que consagra un modelo de enjuiciamiento diferente al tradicional al establecer que el procedimiento será breve, gratuito y de acción popular para los casos previstos en la ley, en consonancia con lo reglado por el ordinal 1, del art. 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, acogiéndolo en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”. Expresa el apelante que el Juez consideró que la preceptiva contenida en el art. XIX del Tratado de Yacyretá, se opone a la orientación seguida por las disposiciones citadas anteriormente ya que al decir de la doctrina de los autores, el amparo como derecho y como garantía, se proyecta como uno de los más importantes procesos para la defensa de los derechos fundamentales y ello hace que inexorablemente deban encontrarse los mecanismos constitucionales y procesales que aseguren su eficacia antes que su restricción. Expuso el a-quo que en tal sentido el C.P.C. en su art. 566 dispone que será competente para conocer en toda acción de amparo cualquier juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto, omisión o amenaza ilegítima tuviere o pudiera tener efectos. En relación a los preceptos mencionados anteriormente, sostiene el apelante que los mismos constituyen normas del derecho interno, que por imperio de la Constitución Nacional son de menor jerarquía que las normas del Tratado de Yacyretá, que son de derecho internacional. Al respecto, cita lo dispuesto por el art. 137 de la C.N. que trata del orden de prelación de las leyes, y el art. 141 de la referida normativa para completar el principio de prelación de las normas de derecho internacional en relación al derecho interno, por tanto sostiene que el Juzgador al dictar resolución debió aplicar las normas del Tratado Internacional de Yacyretá, que son de mayor jerarquía por así establecerlo la propia Constitución, y al no hacerlo, aplicando con preferencia los arts. 266 y 586 del C.P.C., la sentencia apelada es una resolución judicial violatoria de los mencionados arts. 137 y 141 de la C.N, pues el a-quo invirtió la pirámide jerárquica del ordenamiento jurídico. Además –manifiesta el apelante- nuestro país es signatario de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que en su art. 27 dispone que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 46, confiriendo posteriormente primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno nacional. Expone que los fundamentos expresados por su parte al deducir la Incompetencia Territorial vía declinatoria, sosteniendo que de acuerdo a la Ley fundamental y al art. XIX del Tratado de Yacyretá, los jueces de la circunscripción judicial de Encarnación carecen de competencia para juzgar y sentenciar en los juicios en que fuera parte la Entidad Binacional, es plenamente compartida por la Corte Suprema de Justicia, cuyos Ministros han reiterado en numerosos fallos de la Sala Constitucional que el precepto del Tratado se halla ajustada a la Constitución. Al respecto, cita el Ac. y Sent. Nº 477/97 del 01 de setiembre de 1997, dictado en el Juicio “Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: “Establecimiento Pacú cua S.R.L c/ Entidad Binacional Yacyretá s/ Habeas Data” en el que se sostuvo que no corresponde la excepción de inconstitucionalidad en relación con el art. XIX del Tratado de Yacyretá que establece que la jurisdicción competente será el de la ciudad de Asunción y Buenos Aires pues la hipótesis alegada por el excepcionante de que es una norma discriminatoria por obligar a habitantes de Itapúa a tener que trasladarse a Asunción para tener que deducir cualquier reclamo contra la mencionada entidad, no se trataría sino de una prórroga de la competencia territorial, perfectamente lícita aún en el orden de las relaciones privadas ordinarias. Así también hace mención del Acuerdo y Sentencia Nº 301 de fecha 01 de junio de 2004, resolvió en una Acción de Inconstitucionalidad planteada por la EBY contra la S.D. Nº 0770/04/03 de fecha 01 de junio de 2004, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil del Cuarto Turno de Encarnación y el Ac. y Sent. Nº 121/04/01 de fecha 10 de junio de 2004, dictado por el Tribunal de Apelaciones –Primera Sala- de Encarnación, en el juicio “Municipalidad de Encarnación c/ Entidad Binacional Yacyretá s/ Amparo Constitucional”, acentuando que todo el proceso fue llevado en forma irregular y equivocada ante la competencia de los Tribunales de Encarnación, contrariando un Tratado Internacional –segundo en el orden de prelación luego de la Constitución Nacional conforme al art. 137 de la C.N.-, pronunciando que los Tribunales de Encarnación son absolutamente incompetentes para entender la cuestión sometida a su consideración, debiendo ellos haber promovido declinatoria para que los Tribunales de Asunción decidan en la especie (fs. 38/40). b) Costas procesales: Expresa el apelante que su parte se agravia del punto 4 de la parte dispositiva de la resolución recurrida. En ese sentido –señala el apelante- que el art. 192 del C.P.C. es claro cuando establece como principio general que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Manifiesta el recurrente que el a-quo basó su resolución en el art. 193 del C.P.C. esgrimiendo que los argumentos que han servido de base a la sentencia, son cuestiones que han dado lugar a debates que en cualquiera de los casos pudo haber hecho creer a las partes con derecho a litigar. Sin embargo la pretensión de la parte actora fue a todas luces improcedente, de modo tal que ni siquiera el juez estudió el fondo de la cuestión planteada, por lo cual es más que evidente que se equivoca en su interpretación al fundamentar la imposición de las costas en el orden causado, de acuerdo al apartado 4.5 de la resolución, que fuera transcripto por el apelante. Sostiene que en el presente caso, el a-quo ha desestimado el amparo planteado por lo cual su parte ha obtenido un vencimiento puro y simple a través del decisorio judicial. Expresa que conforme a ello, la doctrina procesal mayoritaria representada por autores como Chiovenda y Lino E. Palacios, propugnan la teoría objetiva de la condenación en costas por el simple hecho de la derrota, sin consideración a la existencia o inexistencia de factores subjetivos. De acuerdo a lo expresado –señala el apelante- al desestimarse el amparo planteado, sin que se trate ni siquiera el fondo de la cuestión, no puede argumentarse que hubo creencia de la parte con derecho a litigar, equivocándose el inferior al fundamentar conforme a lo reglado en el art. 193 del C.P.C. por lo que al obtener su parte un vencimiento puro y simple, corresponde en derecho la imposición de las costas a la parte actora. Concluye solicitando la revocación de los puntos de la resolución recurrida, imponiendo las costas a la actora.-

            Que, el Sr. Osvaldo Sánchez Zelaya, por la Central de Afectados de Itapúa (C.A.D.I) fundamenta el recurso de apelación deducido contra los numerales 3 y 4 de la S.D. Nº 0016 de fecha 14 de setiembre de 2008, en los siguientes términos: Excepción de falta de acción: cuestiona el fundamento de la resolución en que no se ha presentado documentos suficientes que prueben la legitimación de los amparistas. Considera que el juez ha adoptado los argumentos presentados por la E.B.Y., y no tuvo en cuenta la realidad de Encarnación y todas las zonas y ciudades afectadas por la citada Entidad. Expresan que las personas individuales afectadas por las obras, no podían ni pueden acceder a la información de los parámetros tomados en consideración por la E.B.Y para solucionar los distintos problemas suscitados, pues las autoridades de turno de la referida institución siempre han lucrado con la necesidad de los afectados, prueba de lo afirmado son los nuevos ricos que surgieron de cada Administración. Esta situación caótica les obligó a los afectados a agruparse en coordinadoras para tener una relación directa con el Director de turno de la Entidad y sus Jefes de los diferentes departamentos. Por la agrupación y formación en organizaciones sociales afectadas por las obras de la Entidad han podido acceder a la información y obtener el reconocimiento por parte de sus autoridades como organizaciones sociales. Sostienen que estas organizaciones sociales son las que lograron el reconocimiento de numerosos derechos de los afectados y otros beneficios. Menciona la Resolución 10050/08 por la que se aprueba ad-referendum del Consejo de Administración de la Entidad al desembolso adicional de carácter excepcional para el fondo de Asistencia Social destinado a la atención de familias vulnerables. Este beneficio fue el logro de las relaciones constantes de las diferentes organizaciones sociales a través de sus respectivos representantes, como los actuales representantes que peticionan el Amparo y otras organizaciones sociales debidamente aceptadas y reconocidas por la E.B.Y. Informa también que en su carácter de coordinador social y representante de la C.A.D.I ha trabajado en forma conjunta con el grupo de trabajo, conformado por Representantes de la E.B.Y y los distintos representantes de las organizaciones sociales afectadas por las obras de la Entidad, presentando la lista de posibles candidatos a ser beneficiarios del fondo de ayuda creado de más de trescientas personas que representa. Asimismo, el Sr. Eduardo Montiel Gamarra y Zunilda Jaquet de Barrios, que también han obtenido el reconocimiento de más de doscientas personas que integran su asociación y su organización como beneficiarios del fondo de ayuda. Cita numerosas pruebas del reconocimiento por las principales autoridades de la E.B.Y. y acompaña numerosos documentos con el escrito de fundamentación del recurso.

            Que, los señores Eduardo Montiel Gamarra, invocando la representación de Asociación de Afectados por Represas en Itapúa, y Zunilda Jaquet de Barrios por la Organización de Afectados por la Represa de Yacyretá fundamentaron su recurso de apelación, respectivamente en términos similares que el Sr. Osvaldo Sánchez Zelaya, por lo que resulta innecesario su reproducción, ya que correrán la misma suerte.

            Que, por cuestiones de orden metodológico corresponde en primer lugar el estudio de la competencia del juez, agravios que fueran presentados por los representantes de la Entidad Binacional Yacyretá.-

            Que, la Entidad Binacional Yacyretá, en primer término, recurrió la decisión del a-quo que se refiere a la competencia del mismo para entender en la presente acción de amparo, sosteniendo férreamente su incompetencia fundada en que el art. XIX del Tratado Internacional de Yacyretá dispone que al argumento sostenido por la parte apelante, la jurisdicción aplicable a la Entidad Binacional Yacyretá, con relación a las personas físicas o jurídicas domiciliadas en la Argentina o en el Paraguay, será la ciudad de Buenos Aires o  la ciudad de Asunción, respectivamente. A tal efecto, cada Alta Parte contratante aplicará su propia legislación teniendo en cuenta las disposiciones del presente “Tratado”, en concordancia con el art. 14 del C.O.J. que expresa que en los juicios de cualquier naturaleza en que sea parte el Estado, como autor o demandado, será competente el Juez del lugar en que tenga su domicilio legal el representante del Estado, tomando en cuenta que por el art. IV del mismo Tratado se establece que la Entidad Binacional Yacyretá tendrá sedes en la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, y en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay. El recurrente sostiene que la normativa contenida en el Tratado integra el Derecho Positivo Nacional de acuerdo a lo establecido en el art. 141 de la C.N. y teniendo en cuenta su naturaleza, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 137 de la C.N., constituye una normativa jerárquicamente superior a las disposiciones del Código Procesal Civil, aplicadas por el a-quo.

            Que, no obstante la posición sostenida por los Representantes de la Entidad Binacional Yacyretá, apoyándose fundamentalmente en el art. 137 de la Constitución Nacional, no es posible perder de vista –y así lo ha señalado el a-quo- que el Amparo, como garantía constitucional prevista en el art. 134 de nuestra citada Constitución, está consagrada como una acción concedida a toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad  o  de un particular, se considere lesionada gravemente,  o  en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagrados en esta Constitución  o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá promover amparo ante el magistrado competente. Por último, nuestra ley fundamental refiere de manera expresa que el procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la ley. Es decir, no es posible dejar de lado las características que hacen a la naturaleza misma de la acción, que está considerado, al decir de Néstor Pedro Sagües, como un instituto jurídico, cuyo procedimiento constituye un mecanismo excepcional, breve y específico para asegurar la supremacía constitucional frente a hechos, actos u omisiones provenientes de particulares o reparticiones estatales, categorizándolo como un proceso de carácter sumarísimo. En tales condiciones, al aplicar la normativa que señala el apelante, es decir, el art. XIX del Tratado de Yacyretá por el cual se concentra en los Jueces de la ciudad de Asunción la competencia para conocer las cuestiones controversiales de cualquier naturaleza entre los particulares domiciliados en el Paraguay y la EBY, la lógica nos permite razonar que quienes pretendan promover la Acción de Amparo, tendrían que trasladarse a la ciudad de Asunción lo cual conllevaría enormes gastos y pérdida de tiempo, lo cual atenta contra el objeto mismo de la presente acción, al afectar la brevedad, gratuidad y el carácter sumario con que se debería desarrollar el procedimiento.-

            Que, en síntesis, de lo dicho anteriormente se puede concluir en que la normativa cuya aplicación pretende el apelante, para declarar la incompetencia de los Jueces de Encarnación a los efectos de entender en este tipo de acción, desnaturalizaría el instituto jurídico del Amparo, tornándola en letra muerta y quebrantando la finalidad de la Garantía constitucional, cual es la de proporcionar una respuesta inmediata, efectiva y gratuita a todo aquél cuyos derechos o garantías consagrados en esta Constitución o en la ley han sido gravemente lesionados, o se encuentran en inminente peligro de serlo por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular. En consecuencia, considero que la fundamentación dada por el a-quo para sostener su competencia a los efectos de entender en el juicio de amparo, a la luz del art. 566 del C.P.C., se halla ajustada a derecho, por lo que corresponde rechazar el presente agravio.-

            Que, así mismo la Entidad Binacional Yacyretá solicitó la deserción del recurso de apelación interpuesto por la otra parte por insuficiencia de fundamentación. En ese aspecto, considero que la tutela judicial efectiva y la posibilidad de acceso a la doble instancia, son suficientes argumentos para desplazar el exceso ritual manifiesto. En función de ella, sostengo que puede ser considerado cumplidos tales requisitos desde que, del escrito puede extraerse, aunque sea de manera sucinta, una crítica concreta y razonada que ataca los puntos con los cuales el apelante está disconforme, por el cual considera la defectuosa aplicación de la ley o la equivocación en el proceso mental y lógico del pensamiento del a-quo. En consecuencia corresponde seguir el estudio de la cuestión de fondo.

            Que, por otro lado, antes de abordar el estudio del recurso de apelación interpuesto por los actores, es conveniente disponer el desglose y devolución de los documentos agregados en esta instancia. Los documentos han sido agregados en forma extemporánea, en los términos dispuestos en los arts. 219 y 569, última parte del C.P.C. que dispone que la prueba instrumental que el actor tuviere en su poder deba ser acompañada con la demanda. Si no lo tuviere a su disposición, la individualizará indicando su contenido, lugar, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre. En el caso, los documentos de fs. 121/166, fs. 163/181, fs. 195/196, como se expresó y se reitera fueron agregados en esta instancia y por su notoria extemporaneidad, corresponde ordenar su desglose y devolución.

            Que, con relación a la excepción de falta de acción resuelta, como el Juez de la instancia anterior señaló, es insuficiente para acreditar la legitimación de los accionantes.

            Que, los argumentos utilizados por los apelantes como agravios o quizá como antecedentes de los agravios: que las personas afectadas por las obras, individualmente no podrán acceder a la información de los distintos problemas suscitados, la aparición de “nuevos ricos” que surgieron de cada Administración de la E.B.Y. que lucraron con la necesidad de los afectados. Así también la agrupación de los afectados en coordinadoras para superar la situación caótica, y tener una relación directa con el Director de turno y los jefes de los distintos departamentos. Que, a través de estas organizaciones, reconocidas por las autoridades de la E.B.Y. como organizaciones sociales y los importantes y numerosos logros a favor de los afectados, a través del recurrente Sr. Osvaldo Sánchez Zelaya y los otros coordinadores también amparistas es muy loable, pero no alcanza para probar la legitimación activa de los demandantes, más aún teniendo en consideración que la E.B.Y. desconoce absolutamente a las supuestas organizaciones sociales de afectados y que los accionantes invocan su representación.-
     
            Que, en cuanto a las costas impuestas por su orden, cuestionadas por ambas partes, los apelantes se agravian de la disposición del Juez al resolver la imposición de la manera expuesta. En este sentido, el recurrente expresó que en razón que el a-quo ha desestimado el amparo planteado por lo cual su parte ha obtenido un vencimiento puro y simple a través del decisorio judicial, y que en tal sentido corresponde aplicar el art. 192 del C.P.C.

            Que, soy de la opinión de que los fundamentos expuestos por el a-quo para concluir en la aplicación del art. 193 del C.P.C. e imponer las costas en el orden causado son correctos. Si bien es cierto, la acción promovida fue desestimada por el a-quo, no es posible desconocer que las cuestiones debatidas fueron materias ampliamente opinables, en razón de que los precedentes que se han sentado en relación a las mismas no siempre fueron uniformes. A la luz de esta situación, sería inapropiado imponer las costas al vencido, dado que teniendo en cuenta que las opiniones no fueron siempre coincidentes, y más aún considerando las características del caso, pudieron generar en los accionantes la creencia del derecho a litigar. En estas condiciones, no corresponde hacer lugar al presente agravio.  

            Que, por los fundamentos expuestos, corresponde, en consecuencia, confirmar en todo la resolución recurrida, y en cuanto a las costas, deberán ser impuestas por su orden, teniendo en cuenta las mismas consideraciones expuestas en el párrafo anterior.-

            A sus turnos los Miembros Abogados Sergio Martyniuk Barán y Rodolfo Luís Mongelós Arce, dijeron: Que, se adhieren al voto del preopinante por los mismos fundamentos expuestos.

            Con lo que se dio por terminado el acto, firmando por ante mí, los Señores Miembros quedando acordada la Sentencia siguiente: -


Magistrados: Wilfrido Clemente Rolón Molinas, Rodolfo Luis Mongelós Arce y Sergio Martyniuk Barán.
Ante mí: Miguel Ángel Zayas G., Actuario Judicial.

 

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 203/08/01.-



                  Encarnación, 4 de noviembre de 2008.-

            VISTO: Los méritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Excmo. Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa,




RESUELVE

            1.- CONFIRMAR, la S.D. Nº 016/08/02 de fecha 14 de setiembre de 2008, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno, Abog. Miguel Ángel Vargas Díaz., por los fundamentos expuestos.-

            2.- IMPONER las costas por su orden.

            3.- ANOTAR y registrar.-
            
Magistrados: Wilfrido Clemente Rolón Molinas, Rodolfo Luis Mongelós Arce y Sergio Martyniuk Barán.
Ante mí: Miguel Ángel Zayas G., Actuario Judicial.